La ley destaca el papel del sector en la promoción de valores y la resolución pacífica de conflictos.
Fue promulgada una ley mediante la cual se reconoce formalmente al sector interreligioso como un actor relevante en la promoción de valores éticos, la cohesión social y la resolución pacífica de conflictos. Esta normativa ratifica la neutralidad religiosa del Estado, garantiza el pluralismo y la libertad de cultos en Colombia y destaca el aporte del sector interreligioso al bienestar común, desde un enfoque que respeta plenamente los derechos humanos.
La ley dispone que el Ministerio del Interior será responsable de coordinar la caracterización y medición de los proyectos desarrollados por organizaciones interreligiosas, con la participación voluntaria de estas entidades. Asimismo, establece mecanismos para evaluar el impacto económico y social de dichas actividades, sin que ello implique la concesión de beneficios o privilegios institucionales. Todo este proceso se orientará por principios de transparencia, inclusión y respeto por la diversidad de creencias. La información obtenida permitirá visibilizar el alcance territorial de sus aportes. (Lea: Colegios públicos deben respetar el principio de neutralidad en materia religiosa)
De igual manera, se crea el Comité Nacional de Participación y Diálogo Social e Intersectorial de Libertad Religiosa, como un espacio permanente para fomentar el diálogo multitemático en torno al derecho a la libertad de culto y de conciencia. Se impulsará también la investigación académica sobre el fenómeno religioso y se fortalecerá el Banco de Iniciativas Interreligiosas, el cual respaldará proyectos sociales, culturales, de salud mental, construcción de paz y lucha contra la discriminación, con acompañamiento institucional y seguimiento técnico imparcial.
Entre otras disposiciones, la ley declara el 4 de julio como el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos, autoriza la difusión de contenidos educativos en espacios religiosos y promueve la formación de servidores públicos en derechos vinculados con la libertad de creencias.
