La Corte Constitucional revisó y resolvió más de 120 tutelas que pedían a la curia entregar información secreta sobre casos de pederastia en Colombia. El pleito, que inició con la Arquidiócesis de Medellín y se extendió al resto del país, duró más de dos años y le da un giro a la búsqueda de la verdad en los abusos de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica no podrá seguir obstaculizando el acceso a información sobre casos de abusos sexuales contra menores de edad cometidos por sacerdotes en Colombia. La Corte Constitucional acaba de resolver un grueso expediente de más de 100 tutelas en las que varios periodistas le pidieron a la curia entregar la información sobre los casos, así como cuántos de esos presuntos hechos habían sido puestos en conocimiento de la Fiscalía para que adelantara las investigaciones correspondientes. El caso, que estuvo en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez por más de dos años, finalmente tuvo un desenlace que podría develar más casos de abusos de miembros de la Iglesia.
El pasado martes 13 de mayo, la Sala Plena del alto tribunal se reunió para votar la ponencia que desde el pasado 11 de abril había radicado el magistrado Ibáñez para ponerle punto final al caso en el que los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán señalaron que la Iglesia Católica en Colombia estaba desconociendo sus derechos de petición. Todo, porque a pesar de que la propia Corte Constitucional ha emitido dos sentencias que obligan a entregar la información solicitada (T/091-20 y SU/191-22), el clero se oponía argumentando que estaban amparados por el secreto pontificio. Con la poca información que había, se lograron documentar 517 casos de sacerdotes que habrían abusado de niños y no fueron reportados a las autoridades.
Este diario conoció que en esa Sala Plena, la ponencia de Ibáñez fue derrotada. Así, el expediente pasó a manos del magistrado Miguel Polo Rosero, uno de los miembros más nuevos del alto tribunal. De acuerdo con la información conocida por El Espectador, el documento que presentó Rosero le dio el espaldarazo a los periodistas, recibió seis votos a favor y dos en contra. Según la decisión, a través de un derecho de petición cualquier ciudadano puede acceder a todo tipo de información, en este caso, sobre los casos de pederastia en Colombia.
Así se movió el caso en la Corte Constitucional
El complejo proceso llegó al alto tribunal en abril de 2023 y, a inicios de junio de ese año, aterrizó en el despacho del magistrado Ibáñez. Aunque en estos años la Corte terminó revisando 122 tutelas en el mismo expediente, en principio solo se presentaron 50 y otras fueron llegando a cuenta gotas.
Por eso, el alto tribunal fue acumulando las tutelas en un proceso cada vez más grueso. En el expediente, varias veces se puso de presente que ya hay una sentencia de 2020 (T-091) en la que la Corte resolvió dos casos muy similares y obligó, precisamente a la Arquidiócesis de Medellín, a entregar datos de 105 sacerdotes a Barrientos.
Barrientos, ya respaldado por la primera sentencia, pidió información sobre otros 915 clérigos de la Arquidiócesis de Medellín, pero la Iglesia volvió a negarse. Ese caso llegó en 2022 a la Corte. En esa decisión (SU-191-22), el alto tribunal ordenó de nuevo a la Iglesia a responder las preguntas del periodista, pero la orden no fue acatada al pie de la letra. Según el documento que pidió la revisión del más reciente caso, los periodistas Barrientos y Estupiñán enviaron 137 derechos de petición a las distintas congregaciones que hay en Colombia, pero solo 15 respondieron el derecho de petición en su totalidad.
Dentro de cientos de respuestas a medias que le entregaron las distintas congregaciones a los periodistas, hay algunas como la de los jesuitas, quienes manifestaron que la información que buscan sobre todos los casos de pederastia es imposible entregarla en su totalidad. Según una carta que enviaron en enero de 2023, su orden está en el país desde hace más de 400 años y en al menos dos ocasiones fueron expulsados de Colombia y sus archivos fueron destruidos o perdidos. Dentro de los registros que dijeron tener para la época, aseguraron que solo recibieron un caso de pederastia “que tuvo trámite en la jurisdicción penal y en la canónica”.
De acuerdo con la información que compartieron los jesuitas, el único caso del que supuestamente tenían registros fue el de Víctor Manuel Torres González, quien en la actualidad purga una condena del 30 de julio de 2015 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Medellín, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Pero, dentro de esa información entregada, por ejemplo, no estaba el caso que tiene actualmente al expresidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, con una denuncia por presunto encubrimiento. Desde 2014 conoció y no llevó a la Fiscalía las denuncias de abuso contra los hermanos Llano Narváez, un hombre y siete mujeres, quienes fueron accedidos por el sacerdote fallecido Darío Chavarriaga durante los años 70.
Ahora, los periodistas tiene un nuevo espaldarazo de la Corte Constitucional para buscar la verdad sobre los casos de abusos contra menores por parte de integrantes de la Iglesia católica en Colombia.
