Varias diócesis y congregaciones religiosas se han negado a entregar la información solicitada, entre ellas se encuentran las diócesis de Pereira, Málaga, Neiva, Apartadó, Caldas, El Espinal, Girardot, Tunja, Granada y de Santa Rosa de Osos
El miércoles 23 de abril de 2025, la Corte Constitucional emitirá un histórico fallo relacionado con la presunta falta de colaboración por parte de diócesis del país en entregar información sobre sacerdotes involucrados en casos de pederastia.
El expediente, que agrupa 48 tutelas, fueron presentadas por el periodista Juan Pablo Barrientos, que busca acceder a los archivos de la Iglesia católica sobre sacerdotes denunciados o involucrados en casos de abuso sexual contra menores y personas vulnerables. Esta decisión llega tras casi dos años de revisión por parte de la Sala Plena del tribunal.
De acuerdo con Barrientos, citado por Cambio, la información que ha logrado obtener hasta ahora, que corresponde apenas al 13 % de lo solicitado, ya ha permitido revelar más de 600 casos de sacerdotes denunciados por abuso sexual.
El periodista asegura que, si la Corte falla a su favor, la iglesia estaría obligada a entregar el 87 % restante de los archivos, lo que podría revelar la existencia de al menos 4.615 sacerdotes denunciados por abusos sexuales.
La batalla legal de Barrientos comenzó en 2018, cuando inició una investigación periodística sobre delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica en el país.
Desde entonces, presentó múltiples derechos de petición a diócesis de todo el país, enfrentándose a respuestas incompletas o negativas. Ante esta situación, el periodista recurrió a la acción de tutela como mecanismo para exigir la entrega de información.
Según detalló el medio, Barrientos y su colega Miguel Estupiñán han presentado un total de 120 tutelas, de las cuales han ganado 75 y perdido 45.
La Corte Constitucional ya falló a su favor en dos ocasiones: en la sentencia T-091 de 2020 y en la SU-191 de 2022. En ambos casos, el tribunal ordenó a la Iglesia entregar información semiprivada sobre sacerdotes denunciados, argumentando que estos datos no están protegidos por reserva.
El caso actual, que agrupa 50 tutelas, comenzó a ser revisado por la Corte en junio de 2023. La ponencia está a cargo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que ya presentó su análisis a los demás miembros de la Sala Plena.
La decisión final se espera en la fecha mencionada, tras un proceso que incluyó la resolución de una recusación presentada contra la magistrada Cristina Pardo, conocida por su ideología conservadora y religiosa.
De hecho, uno de los puntos más polémicos del proceso fue la recusación presentada por Barrientos y Estupiñán contra la magistrada Cristina Pardo. Los periodistas argumentaron que su amistad con la abogada y exprocuradora delegada Ilva Myriam Hoyos, que preside el Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado de la Conferencia Episcopal de Colombia, podría comprometer su imparcialidad. Sin embargo, el 20 de marzo, la Sala Plena rechazó la recusación, señalando que no se cumplían las causales necesarias para apartar a Pardo del caso.
En un memorial enviado a la Corte el 3 de abril, los periodistas recordaron que, gracias al fallo T-091 de 2020, la Arquidiócesis de Medellín se vio obligada a entregar datos sobre 105 sacerdotes. Sin embargo, esta misma entidad se negó posteriormente a proporcionar información sobre otros 915 clérigos, a pesar de que el tribunal había determinado que dichos datos podían hacerse públicos.
Los periodistas también denunciaron que algunas diócesis han entregado información incompleta. Por ejemplo, la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia inicialmente reportó tres casos de abuso, pero luego admitió conocer denuncias adicionales contra el sacerdote José de Jesús López Durango. De manera similar, la Diócesis de Socorro-San Gil reconoció acusaciones contra el sacerdote Jesús Suárez, que no había mencionado en su respuesta inicial.
Barrientos y Estupiñán destacaron que, cuando las diócesis responden plenamente, las cifras de denuncias suelen ser mucho mayores de lo estimado. Uno de estos casos es el del arzobispo de Manizales, José Miguel Gómez, que, tras revisar exhaustivamente los archivos a su cargo, reportó al menos 23 sacerdotes denunciados por abuso sexual en su jurisdicción.
Según citó el medio mencionado, varias diócesis y congregaciones religiosas se han negado a entregar la información solicitada. Entre ellas se encuentran las diócesis de Pereira, Málaga, Neiva, Apartadó, Caldas, El Espinal, Girardot, Tunja, Granada, Santa Rosa de Osos, Valledupar, Sincelejo, Yopal, Socorro y San Gil, Chiquinquirá, Cúcuta, Garzón, Buga, La Dorada-Guaduas, Pasto, Palmira, Cartago, Montelíbano y Mocoa-Sibundoy.
También figuran las arquidiócesis de Popayán, Bogotá, Medellín, Tunja y Nueva Pamplona, así como el Obispado Castrense y varias congregaciones religiosas, entre ellas los Padres Vicentinos, los Hijos de la Sagrada Familia, los Misioneros Scalabrinianos y los Agustinos Recoletos.
