«Pedimos que todas las inmatriculaciones que se han realizado desde 1978 queden anuladas porque nuestra Constitución declara que España es un Estado aconfesional»
Protestas en toda España contra las inmatriculaciones de la iglesia católica
Miles de personas por todo el estado español han salido a la calle bajo el lema «No son 1.000, son 100.000» convocadas por la Coordinadora Recuperando, reclamando que el patrimonio público no es negociable y exigiendo conocer el resto de los bienes que la iglesia ha puesto a su nombre y que no figuran en la lista que dio a conocer el Gobierno.
«Pedimos que todas las inmatriculaciones que se han realizado desde 1978 queden anuladas porque nuestra Constitución declara que España es un Estado aconfesional», ha explicado Jorge García, portavoz de la plataforma. Desde esta organización se pide también que se «indague» desde el año 1946 y que «todo el rico legado artístico y patrimonial quede reservado al dominio público».
La Conferencia Episcopal admitió a finales de enero que cerca de un millar de los 34.961 bienes inmuebles que puso a su nombre gracias a una reforma legal del presidente José María Aznar no eran realmente suyos. Acto seguido, el Gobierno activó un proceso para que fueran regularizados, es decir, devueltos a sus propietarios originales. Sin embargo, desde la Coordinadora Recuperando, queda claro que es insuficiente y exigen que se examine más minuciosamente y que se establezca un listado más amplio de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1978 y no solo entre los años 1998 y 2015.
«El Micalet és del poble valencià»
En Valencia se ha reclamado que el Micalet pase a ser «del pueblo valenciano», ya que los participantes consideran que las inmatriculaciones de la Iglesia Católica son «robos».
Frente al Palau de la Generalitat se han congregado varias decenas de personas para reclamar al gobierno valenciano que «haga acciones al respecto», como el navarro. El consejero de Justicia de Navarra, Eduardo Santos, presentó el pasado mes de noviembre en el parlamento foral 2.952 notas simples de bienes inmatriculados por la Iglesia en la comunidad desde 1900.
La coordinadora de València Laica, Raquel Ortiz, ha explicado que el listado que presentó el Gobierno consta de 34.000 bienes inmatriculados, de los que la Iglesia reconoce que no sabe por qué tiene posesión de 1.000 de ellos aproximadamente. Sin embargo, este informe solo recoge los bienes inmatriculados de 1998 a 2015, y reclaman que se reconozcan todos los que se inscribieron desde 1946.
«Dejan muchos bienes inmatriculados fuera», ha criticado. Igualmente, ha reprochado al Gobierno que deban ser los particulares que reclaman los bienes quienes presenten documentación que los acredite, y no la Iglesia quien justifique por qué afirma que son suyos.
Según Ortiz, «la Iglesia no dice la verdad ni quiere la transparencia para la verdad». «Que presenten certificaciones, pero no la eclesiástica, sino la del registro, como todo el mundo», han aseverado.
«La Seo es del pueblo aragonés»
Así reclamaban las personas concentradas en Zaragoza, frente a la Delegación del Gobierno en la capital aragonesa, para exigir los bienes registrados por la Iglesia. Al grito de «El ‘no robarás’ es para los demás» han pedido la recuperación del patrimonio y también un listado completo de bienes desde 1978 con la información necesaria para identificarlos. García Castillo, del Movimiento hacia un Estado laico, ha declarado “que en el proceso llevado a cabo entre Iglesia y Gobierno ha habido irregularidades y que hay que dar un paso atrás y volver a la situación anterior para que la Iglesia responda como un ciudadano más».
Catalunya: «A Déu el que és de Déu i als pobles el que és dels pobles»
Representantes de las entidades municipalistas Associació Catalana de Municipis (ACM), Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y Associació de Micropobles de Catalunya (AMC) y del sindicato Unió de Pagesos se han concentrado en Castellfollit del Boix (Barcelona) para protestar contra las inmatriculaciones de la Iglesia y pedir «la devolución de todos los bienes a los pueblos». La protesta ante la iglesia de Sant Andreu de Maians de Castellfollit, «un lugar simbólico» porque se trata de un bien inmatriculado por el Obispado de Vic (Barcelona), han asegurado las entidades y el sindicato en un comunicado.
Las personas concentradas -que llevaban una pancarta con el mensaje «A Déu el que és de Déu i als pobles el que és dels pobles»- han pedido a la Generalitat y al Gobierno un «recuento exhaustivo y profesional» de los bienes inmatriculados.
Además, las entidades municipalistas y Unió de Pagesos volverán a pedir en el Parlament la publicación de las notas simples de los registros de la propiedad para «descubrir la dimensión real de las inmatriculaciones» en Catalunya.
No son 1.000, son 100.000
Los gritos de: ¡No son 1.000, son 100.000! ¡Inmatricular, lo mismo que robar! ¡Los obispos no son notarios! ¡Devolución de lo robado! ¡La iglesia nos roba y el gobierno lo permite!, han sonado en las más de veinte concentraciones que se han celebrado por todo el estado: Murcia, Bilbo, Donosti, Iruña, Santander, Valladolid, Cáceres, Badajoz, Granada, Sevilla, Cádiz…
¡Monseñor: robar es pecado! Se escuchaba en Xixón, a las puertas de la iglesia de San Pedro, l@s concentradas exhibían fotos de algunos de los emblemas del Prerrománico, Iglesias como la de San Lorenzo en Gijón o las de San Nicolás, Santa María del Mar y Santa María Magdalena en Avilés, son parte del latrocinio eclesial con el patrimonio publico asturiano. Una tierra llena del denominado prerrománico asturiano… como ejemplo el de Santa María del Naranco, construida por reyes asturianos y conservada por la administración que debería declararla cuanto antes Bien de Dominio Público.
En Palencia la coordinadora Recuperando se ha concentrado a las puertas de la Iglesia de San Francisco, reclamando que se de información precisa de los bienes afectados ya que, los listados no permiten identificar los bienes, de hecho, en Palencia, no hay constancia de qué bienes en concreto son los que están afectados
En León se concentraban frente a la Subdelegación del Gobierno exigiendo al Gobierno que frene el «expolio» de las inmatriculaciones de la iglesia. Y ha recordado que entre 1998 y 2015, las diócesis de León y Astorga realizaron 2.996 registros de propiedades a tenor de la Ley Hipotecaria que les permitía poner a su nombre cualquier propiedad que no estuviera legalmente registrada
En Córdoba se ha vuelto a reclamar a la iglesia la propiedad de la Mezquita, seguramente el caso más sonado y vergonzoso de los robos de la iglesia católica. Miguel Santiago Losada, portavoz de Mezquita-Catedral, ha denunciado que el 80% del patrimonio de los españoles ha sido inmatriculado. Por ello, ha reivindicado la nulidad de las inmatriculaciones realizadas sobre todo tras 1978 «por inconstitucionalidad sobrevenida».
En Albacete, Fernando Cuartero, coordinador de Albacete Laica, ha recordado que las inmatriculaciones provienen de una legislación franquista de 1945 donde se les da a los obispos la capacidad de hacerse con estos bienes públicos. También se ha reclamado contra la decisión del Ayuntamiento de Albacete aprobaba hace unos días para la concesión de un terreno al Obispado en el barrio de Cañicas-Imaginalia-Llanos del Águila, con el objetivo de construir una parroquia.
Madrid ¡No robarás!
En Madrid la concentración se ha realizado frente al Congreso de Diputados, un largo centenar de vecinas y vecinos han gritado a las puertas de los representantes políticos recordando el compromiso del gobierno «a modificar la legislación para revertir las inmatriculaciones». «Sin embargo, ha hecho todo lo contrario: negociar bilateralmente y cerrar una cosa en falso», ha denunciado el portavoz de Recuperando. Decenas de carteles recordaban los “sagrados mandamientos”, uno destacaba claramente «No robaras» portado por activistas de Apostasía Feminista. El acto se cerraba con la lectura de un comunicado de Europa Laica:
“El Gobierno abandona a su suerte a particulares y entidades locales para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales por la recuperación de sus bienes arrebatados por la jerarquía católica. Tras meses de negociaciones secretas, el Gobierno recibe en una exhibición de parafernalia episcopal, el listado del millar de bienes incluidos incorrectamente en el listado, pretendiendo legalizar el resto. No son mil; son cien mil.”
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