El Parlament aprobó ayer la primera Ley sobre los centros de culto, que regula los requisitos que deben cumplir los templos, nuevos y antiguos, así como las obligaciones municipales para facilitar el establecimiento de nuevos centros. El texto, polémico por su defensa del laicismo y por las obligaciones que establecía para los ayuntamientos, fue pactado «in extremis» con CiU, que introdujo modificaciones para eliminar la defensa del laicismo en su preámbulo y limitar la incidencia del texto sobre los templos católicos.
Uno de los aspectos polémicos del texto era la aplicación a todos los templos -nuevos y ya existentes- de una regulación de normas de seguridad de imposible cumplimiento para la mayoría de las iglesias existentes en Cataluña, estén o no catalogadas. El Govern había esgrimido la excepción hecha sobre los centros catalogados, pero esa excepción no salvaba a muchos templos.
En Barcelona, por ejemplo, existen 425 iglesias de las que sólo 16 están catalogadas. Éste ha sido uno de los principales caballos de batalla de CiU, cuya diputada, Glòria Renom, lamentó ayer la insistencia del Govern en aplicar la ley con carácter retroactivo para garantizar unas medidas de seguridad pensadas para prevenir las aglomeraciones que se producen principalmente en oratorios islámicos de reciente creación.
El texto aprobado ayer elimina además la obligación para los ayuntamientos de hacer una reserva de suelo público destinada a usos religiosos. Este punto, igualmente polémico, se ha suavizado considerablemente al someterlo a «las disponibilidades municipales».
Tras la votación, Renom reconoció que «es una ley innecesaria pero hemos hecho que sea lo menos nociva posible». La diputada del PP, Maria Angels Olano, por su parte, justificó el rechazo de su partido al texto porque mantiene una mención a la laicidad que «va contra la libertad religiosa». Ciudadanos votó divido el texto.
