Aunque el plan de regeneración no lo recoge expresamente, en Sumar dan por hecho que se modificarán las injurias a la Corona, un delito cuya aplicación ha limitado la justicia europea
Sí contempla abiertamente cambios en la ofensa contra los sentimientos religiosos, el delito favorito de los colectivos ultracatólicos que apenas ha provocado condenas firmes
Una revisión a fondo de los llamados delitos de expresión. Esa es, desde hace un tiempo, la gran asignatura pendiente del Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre todo, desde que algunos artículos del Código Penal se convirtieron, con el beneplácito de algunos jueces, en el arma favorita de los colectivos ultras para intentar silenciar aquellos discursos no compartidos. Preceptos en los que se centran buena parte de las condenas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha impuesto a España por vulneración del derecho a la libertad de expresión. Y que algunos organismos internacionales llevan tiempo exigiendo enmendar. Ahora, el Gobierno parece dispuesto a afrontar una reforma penal en esta materia. Pero aún no deja del todo claro cuál será el alcance de la misma.
