La prohibición de acceso a personas con tendencias homosexuales, vigente en todos los seminarios católicos, supone una infracción grave sancionada con multa de 3.000 hasta 20.000 euros cuando entre en vigor la totalitaria Ley Cifuentes.
Aunque puedan creer que sí, que solo es una amenaza para los padres de familia, los obispos y sacerdotes católicos no escapan a la “caza de brujas” que se desencadenará de llegar a aplicarse la nueva Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 14 de julio, por la totalidad de los partidos.
El caso de un sacerdote en Villalba al que intentaron reprobar en el pleno del Ayuntamiento por una homilía crítica con la ley de transexualidad madrileña es tan sólo un ejemplo de las consecuencias de las leyes LGTB que, en la práctica, condena la doctrina católica sobre la homosexualidad y la transexualidad.
El seminario de Madrid también podría verse afectado por la aplicación de la nueva ley de LGTBfobia. La Iglesia católica prohíbe el acceso al seminario de las personas con tendencias homosexuales y la nueva ley, bajo el pretexto de condenar y perseguir la homofobia, impone sanciones de 3.000 a 20.000 euros a quienes impidan “el acceso a un servicio público o establecimiento por causa de orientación sexual” o realicen actos que “impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público” por razón de orientación sexual.
La Congregación para la Educación Católica y la Congregación para el Culto Divino establece en la Instrucción sobre los criterios de discernimiento vocacional en relación con las personas de tendencias homosexuales antes de su admisión al seminario y a las órdenes sagradas que la Iglesia “no puede admitir al Seminario y a las Órdenes Sagradas a quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la así llamada cultura gay”.
De esta forma, se prohíbe la ordenación sacerdotal de personas con tendencias homosexuales, un hecho que el legislador autonómico considera “discriminatorio” y que está recogido en el texto de la norma como una “infracción grave” sancionada con multas, la prohibición de acceder a cualquier ayuda pública de la Comunidad de Madrid por un periodo de un año y la prohibición de contratar con la Administración.
El importe de las multas, elevadísimo, y la imposibilidad de las instituciones católicas para hacer frente a las mismas, supondrá en la práctica su cierre.
Los laicos ya hemos aceptado que nuestro arzobispo, Carlos Osoro, renuncia a defendernos de los ataques totalitarios del poder político. ¿Deben aceptar también sus seminaristas que el arzobispo les ha abandonado?
