Cierre de la campaña 2012 del integrismo católico

El fin de año encuentra a la sociedad argentina con algunos adelantos en materia de construcción  de la laicidad, pero también con la embestida del colectivo católico integrista que durante el 2012 desplegó su lobby y llevó a cabo diversas campañas para impedir la libertad y autonomía de ciudadanos y ciudadanas.

La diversidad social, el pluralismo ético e interculturalidad han posibilitado la sanción de leyes que, en consonancia con los tiempos que corren, ampliaron derechos con una finalidad inclusiva.

Precedidas en el tiempo por la ley 26.618 de matrimonio igualitario (sancionada y promulgada en 2010), las de muerte digna y de identidad de género son los ejemplos del 2012 que han ampliado derechos cuyos ejercicios están sujetos a la libertad de elección y decisión de las personas.

A esas leyes se le sumó en el mes de marzo de este año el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F.A.L. s/medida autosatisfactiva”, sentencia que vino a zanjar la interpretación del artículo 86 del Código Penal, que contempla el aborto no punible desde el año 1921, y donde el máximo órgano jurisdiccional del país exhortó a las autoridades ejecutivas de las provincias a elaborar los protocolos para no judicializar más dichos casos.

Hay que agregar el Anteproyecto de reforma de Código Civil y su unificación con el Código de Comercio motorizado por el Poder Ejecutivo y elaborado por un centenar de especialistas presididos por una comisión de eminentes juristas.

A esos actos legislativos, judiciales y de gobierno se suma la creciente autonomía de la población argentina en materia de creencias religiosas y convicciones filosóficas. Los resultados de las últimas encuestas dicen que un gran porcentaje de ciudadanos se declaran creyentes, pero la característica saliente es que no necesitan interlocutores ni representantes de lo sagrado. La fórmula acuñada por los sociólogos es “creer sin pertenecer”, lo que viene a corroborar la crisis y decadencia de instituciones dadoras de sentido como las religiones tradicionales. Los indicadores también muestran la existencia de un elevado porcentaje de indiferentes. 

Es decir, la realidad indicaría el crecimiento de dos antiguos postulados mencionados por John Locke en su “Carta sobre la tolerancia”: libre búsqueda del sentido de la vida, y no coacción en materia de creencias, en definitiva, la consolidación de la autonomía de mujeres y varones.

Sin embargo, en aquel contexto social, ha resurgido el fenómeno del integrismo religioso, es decir, sectores que se oponen a la referida autonomía militando y haciendo lobby para que – en palabras de Umberto Eco – los principios religiosos sean el molde de la vida social y política del país, y fuente de las leyes.

En nuestro país, el integrismo encuentra su mejor alumna en la conducción de la Iglesia Católica romana, antigua y acérrima enemiga de la laicidad. A través de la Conferencia Episcopal Argentina, oligarquía teocrática vernácula y apéndice del Vaticano, desplegó durante el 2012 todo su lobby contra proyectos y leyes laicas.

Necesariamente debe aclararse que no son los diversos “catolicismos” – conforme el criterio de los sociólogos – los que han salido a militar contra la laicidad y autonomía de los ciudadanos sino, precisamente, el sector más reaccionario, el que se opone a nuevos derechos y pretende volver a prácticas ya desechadas; los que anacrónicamente pretenden seguir con el rol de “rectores” de los argentinos, sin que nadie les haya otorgado semejante facultad mucho menos la mayoría de los bautizados alejados de la religión.

El enemigo histórico

El histórico enemigo de la laicidad es la institución que, desde que fue impuesta en suelo latinoamericano por la conquista española, inició su rol de actor político gracias a un conjunto de ideas también políticas que reconocen en la simbiosis entre identidad territorial y la identidad religiosa un pilar de su posterior hegemonía e impronta totalitaria. Esa simbiosis permitió, con el tiempo, que se construyera la falacia que el “ser nacional” equivale a “ser cristiano”, bandera levantada en todos los golpes de estado que apoyaron y que se plasmó, también, en los discursos de los genocidas de la última dictadura militar.

Estructuralmente, el enemigo con sotana es heredero de un proyecto monárquico-sacerdotal-jerárquico, pegado al poder político, a los sectores dominantes y opresores, siguiendo la línea de pensamiento de Rubén Dri.

Esos breves tópicos permiten explicar el conjunto de privilegios y prebendas jurídicas que, todavía en pleno siglo XXI, ostenta la vieja enemiga de la democracia y la laicidad y que debe soportar la sociedad argentina en su conjunto. Algunos de ellos: el sostenimiento económico declarado en la Constitución Nacional; la calificación de persona jurídica pública en el Código Civil; la no intromisión del Estado en los asuntos de la Iglesia, aunque sus normas internas violen derechos humanos básicos, gracias al Concordato de 1966, y el conjunto de “leyes” surgidas en la última dictadura militar entre las cuales sobresale, sin dudas, la infame “asignación mensual” que el genocida Videla les otorgó y que debe pagar toda la sociedad.

La enemiga de la laicidad siempre se movilizó cada vez que los gobiernos y sociedad argentinos quisieron salir de la clausura mental y social en la que fueron metidas por la religión “mayoritaria” y sus dogmas. Diversos presidentes debieron defender políticas y leyes laicas con mayor o menor intensidad, ejemplos de ello fueron Julio A. Roca, Juan D. Perón, Raúl R. Alfonsín y Néstor C. Kirchner.

Cada vez que políticas públicas o proyectos de leyes contrariaban sus intereses políticos – y los del monarca extranjero que los lidera –, desplegaron su oposición en defensa del “ser nacional”, aunque con suerte diversa.

La suerte sí estuvo de su lado durante todos los golpes de estado que avalaron, desde el primero de 1930 donde,  al decir de Loris Zanatta, “las iglesias de la capital iluminaron sus fachadas en señal de fiesta”(1), hasta la última dictadura (1976-1983), donde la institución legitimó “espiritualmente” las aberrantes violaciones de derechos humanos cometidas en los campos de concentración.

Por eso no extraña la campaña que llevaron a cabo durante el 2012 con la finalidad de impedir que avanzaran en el Congreso de la Nación proyectos de leyes que reafirman la laicidad, es decir, la autonomía y libertad de decisión de las personas y del Estado.

Último acto integrista 2012: reunión de la Presidenta con el Comité Ejecutivo de la C.E.A.

La campaña 2012 incluyó varios documentos oponiéndose a la incorporación de nuevos derechos, por ejemplo, en el proyecto de modificación del Código Civil, y terminó con la audiencia que la Presidenta la Nación le concedió al Comité Ejecutivo de la C.E.A. donde llevaron sus “preocupaciones” adelantadas en un documento de neto corte político.

 ¿Y qué les preocupa a los beneficiarios de la última dictadura militar?

En primer lugar, cuestiones sociales como la eventual división de los argentinos (que ellos mismos y su religión alimentan), el futuro de los jóvenes, la droga; problemas políticos relacionados a la libertad de expresión, el caudillismo político y el federalismo, es decir, todas cuestiones laicas para las cuales la religión católica no tiene soluciones por exceder su naturaleza y función. También preocupa la “crisis moral y cultural”, de la que ellos también son partícipes dado el alto nivel de corrupción de esa institución y sus bajísimos niveles de transparencia nacional e internacional.

Pero las mayores preocupaciones son las mencionadas en los tres primeros puntos del documento hecho público, a saber: derecho a la vida; familia y matrimonio; y educación religiosa como derecho de los padres. Nada nuevo desde que el Vaticano estableció hace tiempo cuales son las “cuestiones no negociables”, como si los Estados aconfesionales como el nuestro tuvieran la obligación de acordar con las sotanas cómo gobernar para todos y todas.

Las “preocupaciones” de los jerarcas tienen que ver con problemas laicos, que deben recibir una solución mediante actos de gobierno y leyes laicas que reconocen como fuente la problemática social y cultural y no el catecismo católico ni sus dogmas.

¿Y qué temas no tienen en su agenda los jerarcas? Obviamente, los relacionados con sus prebendas: sueldos que el Estado les paga gracias al genocida Videla; la igualdad religiosa a nivel institucional, es decir, el similar trato que el Estado debería deparar a todos los credos que residen en el país; el mantenimiento del carácter de persona jurídica pública de la iglesia en el Código Civil, entre muchos otros.

No sólo manifestaron sus “preocupaciones” políticas sino que, bajo el disfraz del “saludo navideño”, fueron a defender su “modelo social”, claramente distópico, antievangélico, y donde no hay espacios para la libertad de decisión y elección de los ciudadanos. Es el mismo modelo social que impusieron en la última dictadura militar, surgiendo algunas de sus notas en los dos últimos golpes de estado que la Iglesia Católica apoyó en nuestro continente: el de Honduras y Paraguay.

Pero la realidad indica que dicho modelo social fracasó. La noción de bien común que lo impregna, un resabio de la década del 60, es muy difícil que concilie con las tendencias sociales mencionadas precedentemente y con las diversas culturas que se manifiestan en nuestra época como la cultura gay, la feminista en sus diversas perspectivas, la de los pueblos originarios, y mucho menos, con la cultura del proyecto profético-apocalíptico del laico y no católico Jesús, modelo social que se puede encontrar tanto en otros sectores del catolicismo como en credos cristianos no católicos.

No sólo buscan imponer su modelo social, sino que utilizan un tergiversado concepto de laicidad elaborado por el monarca absoluto que los dirige, concepto que somete de modo totalitario lo laico a la religión y cuyas consecuencias no son otras que la injerencia de un jefe de estado extranjero en los asuntos internos de otro estado como el argentino; la prevalencia de los intereses de la Iglesia Católica sobre los intereses del Estado y la sociedad, en definitiva, el viejo ideal de la “Teoría de las Dos Espadas” del papa Gelasio I.: el poder religioso por encima del poder político. La campaña 2012 llevada a cabo por todos los obispos así lo demuestra.

Cuestiones laicas 2013

El peligro de los integrismos religiosos está en que pueden llevar a las sociedades al totalitarismo de base teocrática, donde papas y ayatollahs mandan sobre presidentes y primeros ministros, y donde los derechos humanos brillan por su ausencia.

En su versión católica, persiguen “recristianizar” la sociedad con un modelo social caduco que, como se dijo, tuvo su esplendor en la última dictadura militar. Por supuesto, sin preguntarle a los ciudadanos y ciudadanas si quieren ser “recristianizados”.

Como señala José Arregui, “laicidad no significa una sociedad sin religión, sino una sociedad en las que las instituciones religiosas dejan de regular la vida social… no significa que se prohíba la religión. Significa únicamente esto: que las instituciones religiosas dejan de ser estructurantes, reguladoras y normativas de la vida social”. Significa “aceptar el radical pluralismo social, cultural, ético de nuestra sociedad, y renunciar a la pretensión de poseer la verdad e imponerla”. Por eso deben también descartarse fundamentalismos como el laicista.

La propia realidad del catolicismo romano no está lejos de aquella noción. Son los propios bautizados quienes se niegan a someterse a doctrinas, dogmas, papas y obispos, y a un modelo eclesial que funciona con la lógica del “club” expulsando gente, sobre todo, a los que piensan libremente.

La laicidad tiene su arraigo en nuestro país, una historia importante que debe ser puesta en valor porque es el único escenario que permite la diversidad, el pluralismo ético y la libre búsqueda del sentido de la vida, sin imposiciones religiosas.

Es un escenario que en el 2013 deberá ser construido entre todos los sectores sociales, incluido el catolicismo. ¿Pero a qué catolicismo no referimos? El integrismo no parece aceptar el “ethos cristiano” en palabras de José María Castillo. Lo que persiguen son prebendas y poder.

Serán entonces los sectores que, según Rubén Dri, adhieren al proyecto profético-apocalíptico, al que adhirió el laico y no católico Jesús, que no se reduce a aquella religión sino que también se encuentra en numerosos credos cristianos no católicos.

Un buen parámetro de las cuestiones laicas a trabajar en 2013 se halla en el Manifiesto del Encuentro Laicista de Mendoza al que remitimos (3).

Ante el lobby y campañas del integrismo católico desarrolladas en 2012, contrarias a la libertad de los ciudadanos, una vez más debe recordarse a Fernando Savater quien se preguntó: “¿Qué es la laicidad? Pues la laicidad, llamada a veces un poco más grotescamente “sana laicidad” como si el que discrepase de los dogmáticos estuviera enfermo, no es más que el nombre que ciertos clérigos han decidido otorgar a la dosis máxima de laicismo que están dispuestos a soportar… y que suele quedar notablemente por debajo de lo que la sociedad democrática requiere. El laicismo no es una opción institucional entre otras: es tan inseparable de la democracia como el sufragio universal”.

Carlos Lombardi, profesor de Derecho Constitucional, UNCuyo

Notas
(1) ZANATTA, Loris, Del Estado liberal a la nación católica, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1996, p. 25.
(2) ARREGUI, Joxe, Iglesia y laicidad, en www. www.redescristianas.net/2008/03/13/iglesia-y-laicidadjoxe-arregi/
(3) www.facebook.com/…encuentro-laicista-de-mendoza/294215964012…
(4) SAVATER, Fernando, Diccionario del ciudadano sin miedo a saber, Ariel, Barcelona, 2007, p. 40.