La comunidad educativa exige a la Junta que no elimine las 529 clases previstas en infantil y primaria para el próximo curso.
Cientos de madres y padres de la escuela pública andaluza han rodeado este jueves parte del Parlamento autonómico para protestar ante la eliminación de aulas en educación infantil y primaria para el próximo curso, que cifran en 529 clases menos en esta comunidad. Las familias acusan a la Junta (PP y Ciudadanos) de favorecer a la educación concertada pese a que cuenta con menor demanda, y que representa en esta región un 20% de las plazas frente al 80% de la pública. La protesta, en la que el colectivo Escuelas de Calor ha cerrado la Cámara con una cadena simbólica de papel, coincide con una reforma fiscal propuesta esta semana por el Gobierno andaluz para que las familias con hijos en colegios privados puedan deducirse hasta 150 euros por hijo cada año.
“Andalucía sigue la senda de comunidades como Madrid, que favorecen la escuela concertada. Si hay un concierto que blinda las unidades de la concertada, ¿por qué no hay un blindaje para la pública? La eliminación de clases va contra la bajada de la ratio de alumnos, un factor clave para el éxito educativo. La Junta dice que no protestamos por el fracaso escolar, cuando las aulas masificadas y la falta de recursos son pilares del fracaso”, lamenta Marina Jiménez, presidenta de la federación de asociaciones de madres y padres (Fampas) de Sevilla. Los sindicatos cifran la merma de la escuela pública en 2.018 aulas menos entre los tres últimos y el próximo curso 2021-2022.
Andalucía, con 1,8 millones de alumnos preuniversitarios en 7.099 centros, encabeza con un 21,8% la tasa de abandono educativo temprano solo por detrás de Ceuta y Melilla, según los últimos datos del Ministerio de Educación publicados en enero y basados en la Encuesta de Población Activa. Para el próximo curso, de momento está en el aire la continuidad de los 6.400 nuevos profesores contratados para hacer frente a los efectos de la pandemia en las aulas.
El Gobierno andaluz alega que la bajada de aulas está motivada por el descenso de la natalidad -de 100.293 nacimientos en 2008 a 71.029 en 2018- y que se produce solo en educación infantil y primaria porque en secundaria y FP han aumentado, lo que da un balance de 138 aulas más que el curso anterior. “La planificación educativa trabaja siguiendo criterios técnicos y objetivos, sobre la premisa de la racionalización del gasto público”, aduce la Consejería de Educación andaluza que dirige Javier Imbroda (Ciudadanos). Los colegios concertados renuevan su concierto con la Junta cada cuatro años, por eso están menos expuestos a la bajada de natalidad, que se analiza cada año para eliminar aulas en los colegios con fondos públicos.
Las familias se han manifestado este jueves en Sevilla junto a cuatro sindicatos (CC OO, UGT, Ustea y CGT), la central de estudiantes y una veintena de colectivos de la comunidad educativa como Escuelas de Calor y Marea Verde. El foco de la protesta está puesto en la capital andaluza, ejemplo de la falta de colegios públicos sobre todo en el casco histórico, y que poco a poco pierden terreno frente a la concertada. La reducción prevista para el próximo curso en Sevilla afecta a 45 aulas públicas y 1.100 plazas, y la concertada ya acapara el 42% de las 5.843 plazas ofertadas para el próximo curso, frente al 20% genérico en Andalucía, según los sindicatos.
Uno de ellos es el colegio Joaquín Turina en el barrio del Porvenir, que perderá una línea en Infantil el próximo curso, según la previsión actual de la Junta. Su directora, Noelia Franco, censura: “La comparación es deleznable, colegios concertados como el Sagrado Corazón han tenido menos solicitudes de plazas que nosotros. Es una situación de desventaja total a pesar de ser el único centro bilingüe en francés de la zona”. En similar situación se encuentra el colegio público Vara del Rey en el barrio de Los Remedios, denuncia María del Mar Michán, vocal de la federación de Ampas: “No entendemos por qué se prioriza la concertada cuando los datos son peores en centros como el Santa Ana, con 54 solicitudes frente a las 57 del Vara del Rey”.
Las direcciones de 14 colegios sevillanos afectados han dirigido un duro escrito a la delegación de la Junta: “Estando tan claro el espíritu y la letra de la Ley Orgánica 3/2020 [conocida como ley Celaá], que dicta mantener y hasta aumentar los puestos escolares públicos, caso de ser necesaria la supresión de unidades y/o líneas en nuestras zonas de escolarización, por descenso demográfico, esa detracción se debe aplicar sobre la oferta total de plazas existentes, lo que incluye las de escuelas concertadas, de modo que se corrija el actual desequilibrio que beneficia, de forma muy llamativa, a las escuelas concertadas”.
Hace un año la Junta publicó un nuevo decreto de escolarización que favorecía a la concertada, al permitir a las familias elegir centros concertados aunque no estén en su demarcación escolar, siempre que haya alguno en su municipio, y la adscripción a un centro público de los concertados que no tengan Bachillerato. Carmen Yuste, delegada en Sevilla del sindicato Ustea, censura: “Desde el cambio de Gobierno hace dos años la tendencia es reducir unidades en la pública y aumentar los conciertos. Habrá supresiones, pero está por ver hasta dónde llega la sangría”.
La asociación Redes, que analiza el estado de la educación andaluza, pone el acento en el efecto a largo plazo que tiene eliminar un aula en infantil para alumnos de tres años. Su presidente, el exinspector educativo Pedro Ballesteros, señala: “Cuando quitas una unidad de tres años quitas nueve unidades a lo largo de nueve años, así hasta sexto de primaria. Siempre es una decisión grave, se pierde alumnado y profesorado. Esto viene de lejos y la anterior Administración socialista puso alfombra roja a la actual”. Ballesteros critica en paralelo la “alarmante” falta de transparencia de la Junta: “Deberían ser datos perfectamente públicos y que la Consejería lo hiciera con transparencia hacia la ciudadanía, es una pena en pleno siglo XXI”.
Varios niños han leído este jueves el manifiesto de la comunidad educativa frente al Parlamento andaluz. “Reclamamos que el descenso demográfico se reparta de forma equitativa en toda la red de enseñanza y no se haga solo a las escuelas públicas impidiendo así a las familias que lo deseen elegir los colegios públicos, inclusivos y laicos, sin adoctrinamiento religioso, para sus hijas e hijos. Porque todas las familias deben tener los mismos derechos a la hora de elegir”, reza el escrito.
