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Las implicancias institucionales de la norma no se circunscriben únicamente al aborto y son sumamente difíciles de anticipar
Una de las propuestas aprobadas por el Consejo Constitucional que tal vez mayor polémica ha suscitado es aquella que consagra el derecho de las instituciones (personas jurídicas o morales) a oponer una objeción de conciencia para eximirse del cumplimiento de mandatos jurídicos, prerrogativa que se reconoce como parte del núcleo esencial de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Que sea parte de su núcleo esencial supone que la objeción de conciencia forma parte del contenido mínimo del derecho que el legislador y regulador deben respetar. Y que se establezca sin mayores límites a propósito de la libertad de pensamiento y religión supone que puede solicitarse la exención de cualquier mandato jurídico que no permita acomodar el ejercicio de una libertad tan amplia como esta. De ahí que sus implicancias institucionales no se circunscriben únicamente al aborto y son sumamente difíciles de anticipar.
