Una suave brisa a favor de la laicidad de las instituciones públicas recorre nuestra geografía.
Es cierto que son todavía numerosos los cargos públicos municipales o autonómicos que mantienen comportamientos confesionales, en los que confunden su particular creencia religiosa (católica en estos casos) con la representatividad política del cargo que ostentan, de naturaleza pública, situando su confesión religiosa por encima del poder civil.
Sin embargo, esta tendencia clerical, o confesional, que significa lo mismo, ha variado de rumbo desde las últimas elecciones municipales. Desde Galicia hasta Valencia, pasando por Cataluña, Madrid, el País Vasco o Andalucía, se están produciendo serios intentos por recuperar la dignidad civil de las instituciones, manteniendo la religión en el ámbito que le corresponde, que no es otro que el privado. Y también en Cenicientos.
No podemos esperar que personas que han confundido toda la vida lo particular (lo individual) con lo general (de todos), el ámbito de las creencias con el de lo público, entiendan la necesidad de separar la religión del poder civil: llevan toda la vida disfrutando del privilegio del clericalismo y difícilmente los argumentos y la razón los harán vacilar.
Así, en la simpleza de sus argumentos, inspirada y jaleada por los jerarcas católicos, se confunde la necesaria exigencia de laicidad de las instituciones con un ataque a la religión. Por eso es fundamental percibir la diferencia entre religión y clericalismo.
Todo ello viene a cuento de la retirada por el gobierno municipal de Cenicientos (PSOE) de 15 estaciones de vía crucis que instaló en la vía pública el gobierno del PP, poco antes de las elecciones municipales. Los airados clericales tachan este gesto cívico de “mala uva”, “tocada de narices”, “prepotencia”, intento de “acabar con los católicos y todo lo que suene a iglesia”, entre otras lindezas.
Aducen como argumento que “no ha costado un duro” a las arcas municipales, porque lo financió la Comunidad de Madrid. Dejemos aparte que se trata de dinero público también, así como la consabida sensibilidad de la CM para subvencionar vía crucis religiosos y tantas otras actividades católicas, a la par que liquida sistemáticamente los servicios públicos educativos, sanitarios o sociales.
Estos furiosos defensores del clericalismo católico (que no de la religión), no se preguntaron en su momento por qué se dedicaron 3.000 euros del erario público para facilitar un rito religioso, y por tanto particular, en la vía pública, en vez de cubrir alguna necesidad social en Cenicientos, que es la población de más de 10.000 habitantes con mayor deuda per cápita en 2014: 3.285 euros.
Tampoco se preguntarán por qué no se realiza ese específico rito católico en la iglesia, lugar donde puede y debe ejercerse el culto libremente. Tampoco por el sentido de sembrar la geografía española, sus vías y montes públicos de signos identitarios religiosos, como si el ejercicio de su libertad de conciencia en materia religiosa necesitara la afirmación, la ostentación y el proselitismo forzado sobre todas las conciencias ajenas.
La diócesis de Getafe ha sido más “prudente”, al reconocer a la corporación municipal la facultad para ordenar el espacio público (¡faltaría más!), aunque aprovecha para reforzar su identificación grupal, manipulando con el victimismo al que nos tiene acostumbrados: “unos símbolos cristianos son retirados del espacio público por el hecho de ser cristianos”. No, lo cierto es que deben retirarse por el hecho de ser religiosos, tanto da que sea cristiano, islámico o judío.
En realidad estos furiosos clericales se comportan como déspotas y autoritarios al intentar apropiarse el espacio público, que es de tod@s, para sus particulares creencias. Y cuando el espacio público es usurpado, total o parcialmente, por unas particulares creencias religiosas, deja de tener sentido hablar de libertad de conciencia, de igualdad y, en definitiva, de democracia.
Además, esa usurpación clerical de la esfera pública, se utiliza como sistema de dominio sobre todas las conciencias, sean de naturaleza religiosa o no. Por eso desde el laicismo debemos rechazar y denunciar el clericalismo, no las religiones, exigiendo un trato “realmente” igual para todas las creencias y convicciones, sin privilegios para ninguna de ellas.
Algunas personas confunden la igualdad de trato con el “café para todos”, es decir pretenden que todas las creencias y cosmovisiones deben tener “su” espacio en el ámbito público, así como ser copartícipes de todos los privilegios. En realidad, cuando propugnan esta tesis están pensando sólo en las religiones de “mayor arraigo”. En cualquier caso, éste sería el camino más rápido para acabar con el ámbito de los intereses generales y con la propia esfera pública. Disolvería los lazos sociales que nos ligan como partes de un laos (pueblo) indiscriminado y sería un torpedo en la línea de flotación de nuestra maltrecha democracia.
Por eso debemos desvincular lo público de las creencias o convicciones concretas. Por eso distinguimos entre clericalismo y religión. Por eso l@s laicistas debemos aplaudir a la alcaldesa de Cenicientos.
