La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha defendido este miércoles que la LOMLOE, el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación, que se encuentra en trámite parlamentario, sí reconoce la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía, así como la libertad de enseñanza. Así lo ha asegurado en el Pleno del Congreso al diputado Óscar Clavell (PP), que le ha preguntado a la ministra sobre qué entiende por dar cumplimiento a los artículos 3 (que dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla) y al artículo 27 (que recoge que todos tienen el derecho a la educación y que se reconoce la libertad de enseñanza) de la Constitución Española (CE), en una clara referencia a la reforma educativa.
Según ha contestado en un primer momento la titular de Educación, dar cumplimiento a ambos artículos de la CE significa «dar, garantizar la aplicación efectiva de lo contenido en ambos artículos». «No como hace en este momento la LOMCE (actual ley educativa que se pretende modificar), todavía vigente», ha afeado. En su turno de réplica, el diputado (que lucía un lazo naranja en apoyo a la educación concertada) ha reprochado a Celaá que haya eliminado de la reforma educativa el término «lengua oficial del Estado» y «lengua vehicular» para referirse al castellano, lo que supone «traicionar su honor», ya que le recuerda que guardó e hizo guardar la Constitución cuando accedió al cargo.
Clavell ha recordado que el presidente del PP, Pablo Casado, ya ofreció al Gobierno un Pacto por la Educación, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «prefirió a los comunistas, radicales y Otegi» en esta cuestión educativa. Y es que, para Clavell, la ‘Ley Celaá’ (nombre con el que se conoce también a la reforma educativa) «no es una cuestión de educación», sino un «manifiesto ideológico» que «excluye al castellano como lengua vehicular de la enseñanza», como ya sucedió, según dice, con el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. «Porque esto ya viene de antiguo, el PSOE catalán ya entonces renegó del castellano y por eso el PP tuvo que defenderlo en la LOMCE», comenta.
Según el ‘popular’, la ‘Ley Celaá’ «cercena el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos atacando la libertad de enseñanza y de elección de centro, firmando el acta de defunción de cierta enseñanza, entre ellas, la especial», critica el diputado, que considera a la ministra un «claro ejemplo de totalitarismo», pues «niega a los padres un derecho» cuando la ministra lo ejerció «al llevar a sus hijas a un colegio concertado y católico».
«Esta Ley nace sin consenso, amordazando a la comunidad educativa, ninguneando el Consejo de Estado, tramitándose durante el Estado de Alarma, aplicando el rodillo supremacista, un auténtico error histórico», ha lamentado Clavell, que ha finalizado su intervención recordando a Celaá que el PP acudirá a los tribunales si se aprueba este jueves la Ley en el Pleno del Congreso. A todo ello, la ministra ha pedido al diputado que, en primer lugar, abra el proyecto de reforma, y en segundo lugar, que abra la Constitución, en concreto en sus artículos 3 y 27, preguntando a este qué dicen tales artículos. «¿Y qué dice nuestra ley al respecto?», ha formulado.
Así, la ministra se ha limitado a reproducir en voz alta lo que recoge el proyecto normativo: «Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable». Y ha proseguido: «Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente».
«¿Qué se hace? Se reconoce la Constitución, los Estatutos de Autonomía y se observa un objetivo educativo», se ha contestado a sí misma la ministra, que ha insistido en preguntar al diputado que, de los tres puntos del artículo 3 de la CE, cuál de ellos no se encuentra en el proyecto de reforma, así como el artículo 27 de la CE. «En la Ley, en el artículo 1, se consagra, se ratifica, se reconoce el pleno derecho a la libertad de enseñanza y la plena posibilidad de que todo el mundo pueda llegar al dominio y desarrollo pleno de su educación, de su personalidad, en el respeto a los principios de convivencia y de libertad y derechos fundamentales», ha zanjado Celaá.
La ministra también ha contestado a una pregunta de la diputada Macarena Olona, de Vox, que ha tratado sobre si la reforma en trámite responde a las verdaderas necesidades del sistema educativo español, a lo que la ministra ha dicho: Efectivamente es necesaria, muy necesaria, porque sitúa la equidad en el centro del sistema, esta es una cuestión absolutamente esencial, pensamos en la equidad no en términos exclusivos de acceso universal a la educación sino de su conclusión con éxito».
En su turno de réplica, Olona ha criticado a Celaá que haya aprovechado la actual coyuntura política para «imponer un modelo único de escuela estatalista y laicista», así como para «aniquilar» al español como lengua vehicular, cuando esta es «una seña de identidad de todos los españoles». «El momento define su moralidad, el contenido su sectarismo ideológico», ha apuntado la diputada, que ha llamado a Celaá «buitre carroñero» y le ha afeado tener «soberbia».
Seguidamente, Olona ha comenzado a formular preguntas a la ministra, entre ellas, por qué el Gobierno quiere «vaciar» los centros de educación, por qué no quiere fomentar la «cultura del esfuerzo» o por qué ha «ignorado» a la comunidad educativa para redactar la nueva ley. «Esta reforma educativa no va a ser su legado, ustedes la van a aprobar, gozan de la mayoría parlamentaria necesaria, pero Vox va a recurrirlas ante el Tribunal Constitucional, le aseguro que nuestras acciones son efectivas», ha advertido.
Las «mentiras» de Vox
Tras ello, Celaá ha pedido a la diputada que se «atuviera a la verdad de los hechos y no a la especulación de las opiniones y de los titulares». «Si ha leído la ley, habrá observado que no solamente se garantiza y se consagra la libertad de enseñanza, sino también la libertad de elección de las familias, con una programación comprensiva en la cual la prestación del servicio público se realiza a través de los centros públicos y de los centros privados-concertados», ha explicado la ministra.
De este modo, «se garantiza, por tanto, la libertad de las familias para elegir centro educativo conforme a sus convicciones religiosas o morales, tal y como indica la Constitución en su art. 27″, añade. En relación a la supresión del castellano como «lengua vehicular», ha insistido en que con el proyecto sí se está garantizando las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales conforme a la Constitución. «No hay ninguna censura al respecto, todo lo que allí se vierte, está en esa Disposición Adicional 38 de la ley», afirma.
Y con respecto al cierre de los centros de educación especial, la ministra ha reprochado a la diputada que se dedique a «repetir» una y otra vez una «mentira», mientras que, por otro lado, ha defendido que el proyecto se ha dialogado en el Congreso, aunque «con aquellas fuerzas que han tenido interés por la educación y por la lengua». «Ustedes, sin embargo, se han autoexcluido del debate, por un lado piden un Pacto por la Educación e intentan hacerlo imposible», ha reprochado.