Diversidad sexual en el colegio: un derecho de los niños y no una opción de los padres
La Federación de Enseñanza de CCOO ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que estudie las actuaciones emprendidas por la organización HazteOir en la campaña «Mis hijos, mi decisión», ya que podría constituir un delito de odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal, según ha informado el sindicato en un comunicado.
HazteOir ha puesto en marcha este septiembre la campaña «Mis hijos, mi decisión», en la que ha mandado cartas a miles de colegios y AMPAS del país una comunicación con el objetivo de que se instaure lo que llaman «PIN parental», una solicitud de información previa y consentimiento expreso para la formación de contenido afectivo-sexual impartida en horario escolar, lo que ha sido percibido por CCOO como “una provocación a la intolerancia, al odio y a la discriminación”.
“Dichas actuaciones agreden las normas básicas de convivencia basadas en el respeto y la tolerancia, de manera que toda la sociedad se vea concernida por la expresión de las ideas que contrarían abiertamente los mensajes de tolerancia que el ordenamiento jurídico, como instrumento de control social, expone a la ciudadanía que los hace propios”, explican desde FECCOO.
De igual manera, el sindicato solicitará a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia el requerimiento al Gobierno español para que legisle la protección de la educación en los principios de igualdad, no discriminación y tolerancia, y persiga actuaciones como las realizadas por la asociación de extrema derecha.
FECCOO exige una ley de protección de las personas LGTBI en el ámbito educativo y una protección de nuestro ordenamiento jurídico ante actos provocadores e incitadores a la intolerancia. Además, solicita a las comunidades autónomas que cuentan con legislación en contra de la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, que declaren la ilegalidad de los actos llevados a cabo por HazteOir, a la vez que instan a la Administración educativa para que ofrezcan la seguridad jurídica a los cuerpos docentes, equipos directivos, madres y padres ante estas medidas coactivas.
“Es necesario respetar los consensos sociales, huyendo de éticas privadas y valores individuales de grupos particulares que solo conducen a actitudes discriminatorias y enfrentamientos”, sentencian desde CCOO.
