El Parlamento catalán ha aprobado hoy un proyecto de ley pionero en España cuya finalidad es regular los requisitos que deberá cumplir cualquier centro de culto en Cataluña para poner fin a la "disparidad" actual de criterios de los ayuntamientos a la hora de conceder licencias.
Estos centros deberán contar con las condiciones materiales y técnicas mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, protección acústica, aforo, evacuación y para evitar molestias a terceras personas, si bien las exigencias específicas se fijarán en un reglamento que debería estar listo en un año.
La ley no afectará a los centros de culto incluidos en el inventario del patrimonio cultural catalán, pero los oratorios que estén actualmente en funcionamiento deberán comunicar en un plazo de "cinco años" después de que se apruebe el reglamento que cumplen las condiciones exigidas.
Asimismo, quien aspire a abrir un centro de culto deberá obtener antes una licencia municipal de apertura, y los alcaldes podrán cerrar aquellos locales destinados a reunión con fines religiosos que no dispongan de licencia o bien que incumplan el reglamento.
En un principio, el gobierno catalán determinó que los planes de ordenación municipal tenían que "prever" suelo con la calificación de sistema de equipamiento comunitario donde se admitan "usos de carácter religioso de nueva implantación".
Finalmente, la ley mantiene esa mención, pero en la tramitación se ha introducido una mayor laxitud en este punto al precisar que todo ello se hará "de acuerdo con las necesidades y disponibilidades de los municipios".
Esta mayor flexibilidad, y la explicación del alcance del término "laicidad" en el preámbulo, han hecho que CiU se sumara al proyecto de ley, que ha sido aprobado con los votos de la federación, de PSC, ERC e ICV-EUiA y de dos diputados del grupo mixto.
Por el contrario, el PPC ha votado en contra, mientras que el presidente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Albert Rivera, se ha abstenido, de forma que el grupo mixto ha vuelto a votar hoy por separado, ya que sus miembros discrepaban sobre si la ley era o no intervencionista con las competencias municipales.
Finalmente, en el preámbulo, la ley asegura que esta regulación de los centros de culto o de reunión con fines religiosos se hace "desde la laicidad", y para contar con el visto bueno de CiU se ha aclarado luego que por ello se entiende "el respeto a todas las opciones religiosas y de pensamiento, y a sus valores, como principio integrador y marco común de convivencia".
Pese a esta alusión y a otra a la pluralidad religiosa de Cataluña, la ley tiene un perfil eminentemente técnico, e incluso se ha rechazado una enmienda de CiU que buscaba subrayar que "la religión católica continúa siendo la mayoritaria" en Cataluña.
El vicepresidente del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, ha destacado que se trata de la primera ley de este tipo de un gobierno europeo, y ha añadido que con ella se da una "lección de modernidad democrática" y de respeto a la libertad religiosa.
Los representantes de PSC, ERC e ICV-EUiA han subrayado la utilidad de la norma, porque hasta ahora no había un patrón común de actuación entre los ayuntamientos, y han subrayado que la previsión de reserva de suelo para usos religiosos en los planes de ordenación municipal no se ha eliminado.
Por su parte, la diputada de CiU Glòria Renom se ha felicitado por haber "neutralizado" aspectos perniciosos del anterior redactado, y ha precisado que las iglesias que no forman parte del inventario del patrimonio cultural catalán pero que tienen valor cultural se adaptarán de forma flexible al futuro reglamento.
Maria Àngels Olano (PPC) ha criticado la ley por "innecesaria" y por su mención a la "laicidad", que va "contra la libertad religiosa", ha añadido.
Representantes de diversas confesiones religiosas han seguido desde la tribuna del Parlament la aprobación de esta normativa, por la que también se ha felicitado la directora general de Asuntos Religiosos, Montserrat Coll.
