A pesar de surgir del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la materia ‘Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad’, impartida desde este curso en centros educativos castellano‑manchegos, ya cuenta con la oposición de asociaciones conservadoras como Educación y Persona, Concapa y España Educa en Libertad.
La novedosa asignatura ‘Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad’ que durante este curso se imparte como piloto en una treintena de centros educativos de Castilla‑La Mancha ya tiene sus detractores. Diversos colectivos católicos y conservadores han declarado la guerra a la materia y, bajo el pobre argumento de que será utilizada para adoctrinar a los alumnos, exigen su retirada al Gobierno que preside el socialista Emiliano García-Page.
Entre los grupos que pretenden poner fin a la asignatura se encuentra la Confederación Católica de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa), la asociación de profesores Educación y Persona, y la Federación España Educa en Libertad. Todos ellos, durante la comparecencia pública que ofrecieron este lunes en Toledo para presionar al Ejecutivo autonómico, en el que también está integrado Podemos desde el pasado mes de agosto, manifestaron su “temor” a que, una vez terminado el pilotaje de esta asignatura, se implante obligatoriamente en todos los centros de la región el próximo curso.
Y es que consideran que tras ella se esconde “un proyecto ideológico explícito, como ya sucediera con Educación para la Ciudadanía”, de modo que lo que trata en el fondo es de “fomentar un pensamiento único”, transmitiendo valores que “no están explícitamente incluidos” en la Constitución, como el de la “ideología de género”.
Ven así un “adoctrinamiento no simulado” en esta asignatura, en la que aseguran se mezclan valores comúnmente aceptados en un estado de derecho, como el respeto, la tolerancia y la igualdad, con otros conceptos ideológicos que no tienen nada que ver con ellos, inculcándose la “ideología de género”.
Para estos colectivos lo abordado en esta asignatura supone una intromisión en la construcción de la personalidad del alumno, en sus emociones e identidad personal. “Constituye un claro atentado contra la libertad de conciencia de los menores y contra la libertad de sus padres a educar a sus hijos en las mismas convicciones morales y religiosas”, llegaban a afirmar.
IDENTIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
Entre los aspectos cuestionados de esta asignatura se encuentra la identidad de género. Consideran estos colectivos católicos y conservadores que el ser mujer o varón no solo es una cuestión social, “sino que tiene dimensión cultural y una dimensión psicológica genérica”, mientras que desde la ideología de género se “pretende anular las diferencias”, según ellos, “obligando a los alumnos a replantearse qué género tienen”.
Como tampoco les parece correcto el papel que se da a la sexualidad en esta asignatura, ya que son varios los modelos de entender la misma existentes en la sociedad y “el Estado no puede imponer ninguno de ellos”. En este sentido, el presidente de Educación y Persona, Fernando López, llegaba a asegurar que el Estado “puede promover en el sistema educativo la igualdad y el respeto”, pero lo que no puede es “hacer un lío a un menor de 10 años, que según la psicología evolutiva, es una edad donde tiene que ir definiendo sus modelos psicológicos, afectivos y sexuales”.
Por su parte, el presidente de Concapa, Pedro Caballero, reclamaba la retirada total de la asignatura puesto que, en su opinión, “no hay opción a modificación”. “Es una asignatura infumable y no se puede trabajar con ella de ninguna manera”, apostillaba.
Caballero aseguraba que la asignatura intenta “limitar” la capacidad de las familias de educar a sus hijos y “atenta claramente” contra los artículos 16.1 ‑sobre la conciencia de los menores‑ y 27.3 ‑sobre la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas‑ de la Constitución española.
Por su parte, la presidenta de España Educa en Libertad, Marisa Pérez, argumentaba su rechazo a esta asignatura señalando que no se pueden llevar a las aulas contenidos “cuanto menos controvertidos” que, en su opinión, pueden tratarse en el ámbito social pero no en el educativo.
Así, recomendaba a los padres que exijan información sobre la asignatura, de modo que puedan dar su consentimiento expreso a que sus hijos la cursen, al tiempo que les invitaba a presentar recursos en los tribunales “si sus hijos se van obligados a participar en las actividades”, como ya ocurrió con ‘Educación para la Ciudadanía’. “Lo fundamental es salvaguardar que los menores no reciban este tipo de adoctrinamiento”, sentenciaba Pérez.
FRUTO DEL PACTO DE ESTADO
Una petición que no tardaba en responder el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla‑La Mancha, Ángel Felpeto, recordando que esta asignatura surge del pacto contra la violencia de género aprobado, de forma unánime, por el Congreso de los Diputados hace tan solo dos meses.
Preguntado por esta denuncia, Felpeto explicaba que el Gobierno de García-Page no ha hecho otra cosa que “cumplir con el mandato que sale del pacto contra la violencia de género” aprobado por todos los partidos.
El consejero está convencido de que estos colectivos no tienen “nada” en contra de la asignatura en sí, aunque difieren en “algunos contenidos” abordados en la misma. Es por ello que les invita a realizar las aportaciones que consideren oportunas para mejorar la asignatura en el seno del Consejo Escolar y en la comisión de seguimiento que se formalizará.
No obstante, rehúsa hablar de “adoctrinamiento” por parte de los profesores, puesto que únicamente cumplen con el mandato de impartir una materia “no impuesta” por el Gobierno regional, sino en el Congreso de los Diputados en base a un pacto firmado por todos los partidos.
Por último, el consejero recordaba que la ley de Educación de Castilla-La Mancha tiene como base la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad, y contempla la resolución de conflictos mediante el diálogo. Principios de los que “partimos” y sobre los que “todo el mundo tiene derecho a opinar”, sentenciaba.
