El actual presidente de la Fundación O’Belén, Javier San Sebastián, llegó a decir después de hacerse pública esta denuncia que Amnistía Internacional “es un organismo tan desacreditado que no merece la pena ni considerar sus informes”.
La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha formalizado con la Fundación O’Belén el contrato de gestión de servicio público, por la modalidad de concierto, de 15 plazas en un centro de protección de menores con especialidad en primera acogida y valoración en Guadalajara, por 902.827 euros.
Esta fundación con tintes empresariales fue protagonista en el año 2009 de denuncias de malos tratos en los centros que gestionaba, situación que provocó el pronunciamiento del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, que se dirigió por entonces a España para transmitir su preocupación sobre estos sucesos.
Por aquel entonces, los expertos coincidían en señalar que el archivo de los casos de maltrato en centros de menores no era extraño, pues el acceso a los centros era complicado y su régimen interno prácticamente desconocido, de no ser por filtraciones que hacían los propios trabajadores. Sin embargo, en 2009, los informes de Amnistía Internacional y del Defensor del Pueblo documentaron las acusaciones y provocaron el cierre varios centros de O’Belén, entre los que se encontraban Casa Joven y Nuestra Señora de la Paz, que estaban ubicados en Castilla-La Mancha.
En este sentido, la organización de derechos humanos remitió a O’Belén su informe junto con una carta solicitando una reunión para discutir las conclusiones y recomendaciones del mismo. Esta petición no sólo no fue atendida por la fundación sino que, en una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid en 2010, Javier San Sebastián, presidente de O’Belén, afirmó públicamente de Amnistía que “es un organismo tan desacreditado que no merece la pena ni considerar sus informes” (Minuto 10:25).
El informe de Amnistía Internacional sobre O’Belén
Diferentes denuncias penales, testimonios de menores y trabajadores llegaron a hablar del clima de violencia que se producía a menudo en los centros de O’Belén. El Defensor del Pueblo llegó a recoger denuncias penales presentadas por menores que habían sufrido golpes, además de las tristemente famosas contenciones para inmovilizar a los menores.
También se denunciaban prácticas de aislamiento, defendidas por el propio Javier San Sebastián bajo la denominación de “reflexión”, esta práctica incumplía gravemente la resolución 45/113 de la ONU. Los testimonios recogidos en los informes de Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo muestran castigos de aislamiento de hasta 72 horas seguidas, sin posibilidad en algunos casos de ir al servicio o dar algún paseo.
El informe señalaba también que como consecuencia de estas prácticas tres adolescentes se suicidaron, Hamid de 13 años, se ahorcó en Picón del Jarama mientras estaba en aislamiento. Saray de 14 años, saltó del coche para no volver a Casa Joven. David de 12 años, apareció muerto con la correa de una persiana enroscada al cuello en Baix Vinalopó (Elche).
Además, diversos expertos criticaron que a los jóvenes se les medicada de forma forzosa.
¿Quiénes estuvieron detrás de la constitución de O´Belén?
Según denuncia el ‘Colectivo No a O’Belén’, esta fundación es “una de esas organizaciones sin ánimo de lucro que surgieron en los años 90 al calor de la mercantilización de la pobreza”.
Entre los nombres destacados que formalizaron esta fundación podemos encontrar el de Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y candidato por el PP en las pasadas elecciones generales de 2008; Javier Herrero, exconsejero delegado de Iberdrola; Emilio Pinto, diplomado en Magisterio y exportavoz del Partido Popular de Sigüenza; Carlos Moreno, exconcejal en Sigüenza por el Partido Popular y antiguo portavoz del grupo de no adscritos en la Diputación de Guadalajara tras ser expulsado del PP; y José Carlos Moratilla, expresidente de la Diputación de Guadalajara por el PSOE, aunque inició su carrera política en el CDS.
El negocio resurge de la mano del PP
Tras el cierre de sus centros en la región parecía que a esta fundación se le acababa su futuro en Castilla-La Mancha, pero con la llegada del PP al gobierno castellano-manchego las adjudicaciones se volvieron a repetir.
Nada de esto resultaba extraño, sobre todo si tenemos en cuenta que José Ignacio Echániz, exconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, es hermano de Teresa Echániz, miembro del patronato de la Fundación Confías. Esta fundación es presidida por Javier Sebastián, también presidente de O´Belén.
Respuesta de la Consejería de Bienestar Social
Después de que periodicoclm.es se pusiera en contacto con María Ger, Directora General de Menores y Familias de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, esta nos ha asegurado que “el control que se lleva en la actualidad viene establecido en los términos de los convenios y contratos que rigen los centros de protección de menores, donde se recogen las obligaciones de la entidad en cuanto al seguimiento y la evaluación de la intervención, generalmente mediante comisiones de seguimiento, y los centros son además supervisados por los equipos técnicos de menores”.
“Es intención de esta Consejería, y de esta Dirección General, reforzar la colaboración y la comunicación con las entidades gestoras, así como ejercer un control y una supervisión estrecha y continuada de todos los recursos de menores, de cara a prestar una atención de calidad, homogénea en todo el territorio y adecuada a sus necesidades”, nos ha asegurado María Ger en un escrito que nos ha remitido.
En la actualidad, la Fundación Internacional O’Belén gestiona el Centro de primera acogida y un hogar residencial para menores de protección, ambos en Guadalajara. En concreto, el contrato que se ha publicado hoy en D.O.C.M. es el referente al Centro de primera acogida y valoración, que se formalizó el 1 de mayo de 2015.
Para finalizar, la Directora General de Menores y Familias también nos ha confirmado que “en el año 2009 y como consecuencia del informe del Defensor del pueblo en el que se repasaba la situación de los centros de menores con trastornos de conducta y en conflicto social en España, se procedió al cierre definitivo de los dos centros para menores con trastornos de conducta que gestionaba dicha entidad y que se denunciaban en el informe”.
