La entidad ultra denuncia a una edil por un presunto delito de prevaricación y convoca una concentración de protesta
Últimas horas de la cruz franquista del parque Ribalta en pie. El Ayuntamiento de Castelló, gobernado por la socialista Amparo Marco con el apoyo de Compromís, prepara la obra que empieza este miércoles. Mientras el consistorio instala las vallas para perimetrar el monumento, la ‘Fundación Española de Abogados Cristianos’ ha convocado una concentración “en las inmediaciones de la cruz” para protestar contra las obras de retirada.
La entidad ultra ha solicitado por la vía urgente, en el marco de un nuevo recurso contencioso administrativo por la presunta vulneración del derecho a la libertad religiosa, la paralización del “derribo” del monumento, aunque se trata de un traslado. Tal como anunció el Ayuntamiento de Castelló, el vestigio franquista será entregado al obispado de Segorbe-Castelló. Además, los ‘Abogados Cristianos’ también se han querellado contra la edil delegada de Patrimonio, Pilar Escuder, por un presunto delito de prevaricación y han solicitado medidas cautelarísimas para paralizar la retirada de la cruz.
La presidenta de ‘Abogados Cristianos’, Polonia Castellanos, ha pedido “a todas las personas que quieran defender su fe, su historia y su patrimonio, acudan mañana al parque Ribalta de Castellón y que no permitan que derriben ni que destruyan la cruz”. “No es un derribo, es un traslado”, señalan fuentes municipales.
La edil Verònica Ruiz, de Compromís, considera que se trata de un “día histórico” en el que “arrancan las obras para retirar de la vía pública el monumento a los caídos”, según ha declarado a elDiario.es. “Este año se cumplen 79 años de su construcción y podemos decir que, con su retirada, trabajamos para la calidad democrática”, agega.
El plan de traslado de la cruz cuenta con la oposición del PP, Ciudadanos y Vox. El Ayuntamiento de Castelló ha pactado con el obispado de Segorbe-Castelló la entrega de la cruz latina, erigida en plena posguerra en homenaje a los caídos del bando franquista. Sin embargo, la oposición consideraba que un acuerdo municipal en la Transición resignificó el monumento.
El consistorio culmina así uno de sus compromisos de gobierno, aplazado debido a los recursos de ‘Abogados Cristianos’. Después de las trabas de ‘Abogados Cristianos’ (consiguieron anular el presupuesto de memoria histórica del Ayuntamiento de Castellón, una resolución finalmente anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana), la Corporación municipal abrió un nuevo procedimiento para la retirada del monumento a los caídos. La entrega al obispado, que también se opuso al cambio, permite así retirar el vestigio franquista sin demoler la cruz.
El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, ha denunciado que el equipo de gobierno “aproveche” la primera semana del mes de agosto “para agilizar obras polémicas que sabe que no cuentan con el respaldo de la mayoría de castellonenses”, como el traslado de la cruz del Parque Ribalta. Por su parte, Ciudadanos en la Diputación de Castelló ha lamentado la “caza de brujas” con la nueva ley de memoria histórica.
