1.200 firmas respaldan la petición al Ministerio de Interior de que detenga la orden de expulsión contra Mohamed Said Badaoui, calificando el proceso que está sufriendo este activista como islamofobia institucional.
Ha pasado más de un mes desde que a Mohamed Said Badaoui, vecino de Reus, le llegara la comunicación del Ministerio de Interior que puso su vida patas arriba. Tras más de 30 años residiendo en Catalunya, la orden de expulsión que le llegó a Badaoui, establecido en Reus, casado con una ciudadana española y con tres hijos nacidos en el país, supone “un castigo tanto emocional como mentalmente”, desarrolla el propio Badaoui en conversación con El Salto.
Respaldado por colectivos contra la islamofobia, por el tejido asociativo local, así como por el PSC, ERC y Junts de Reus, junto a los grupos de En Comú Podem, ERC, la CUP y Junts en la Generalitat, Badaoui, presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana (Adedcom), acusa tantas semanas de incertidumbre: “Está siendo una situación muy agobiante porque no sabes cómo va a acabar esto. Estás con la angustia de no saber qué es lo que te depara el futuro. Si te van a expulsar, si no te van a expulsar, si vas a poder seguir aquí después de tantos años”.
Y es que, llegado a Catalunya con solo 10 años, Badaoui solicitó finalmente la nacionalidad española hace dos años. La respuesta fue negativa. La razón: Badaoui estaría radicalizado. No conforme con ese veredicto el activista —implicado en la lucha contra la islamofobia e inserto en el mundo asociativo de su ciudad— pide explicaciones. A la administración no le gusta este cuestionamiento. Badaoui, que contaba con residencia definitiva ve revocado su permiso: una orden de expulsión le insta a abandonar el país en el que ha vivido por décadas. “Hemos empezado un proceso contencioso administrativo en Fiscalía en Madrid pidiendo que aporten pruebas de que soy una persona radicalizada, entonces ellos en vez de venir con las pruebas que les ha pedido el juez, pues me vienen con la vía de la orden de expulsión, usando la Ley de Extranjería”. Como Badaoui, Amarouch Azbir, presidente de Al-Forkan, una asociación cultural islámica sin ánimo de lucro de Vilanova i la Geltrú pidió explicaciones ante la denegación de su nacionalidad con el mismo argumento: su presunta radicalización. Él también ha recibido una orden de expulsión.
El grupo de apoyo a Mohamed Said Badaoui presentaba ayer 1.200 firmas exigiendo a Interior que detenga la expulsión de Badaoui en lo que consideran un caso de “islamofobia institucional”. Badaoui no es la única persona a la que se ha negado la nacionalidad en base a lo que el Estado español considera radicalización, explica Salma Amazian, integrante del grupo de apoyo, coautora del libro La radicalización del racismo: islamofobia de estado y prevención antiterrorista. “No tenemos los datos de cuántas personas han pasado por esto porque rara vez se denuncia. Generalmente lo que hacen es reproducir el paradigma securitario que relaciona el islam con criminalidad y terrorismo”.
En el caso de Badaoui, explica la activista, para Interior la creación de Adedcom es interpretada como un intento de radicalizar a los jóvenes musulmanes, una afirmación que no llegan a explicar o fundamentar, ni responden a las alegaciones presentadas por el abogado del afectado. “En todos los casos que hemos conocido es igual: el cuerpo policial de turno interpreta cualquier actitud y posicionamiento de la persona desde la óptica criminalizadora y cualquier cosa les sirve para confirmar que esa persona está ‘radicalizada’”.
“Hay muchas personas que estarían en el mismo perfil que yo, son activas en redes sociales, han denunciado vulneraciones de derechos. Pero en mi caso, como soy musulmán y soy inmigrante, se me puede perseguir y se me puede expulsar del país”
El informe que sustenta la carta de expulsión de Badaoui desgrana cuáles serían las razones por las que el Ministerio dictamina su expulsión del país: “dice que soy muy activo en redes sociales, tengo muchos contactos a nivel político, o sea, tanto provincial, como autonómico, como estatal. También alegan que tengo pretensiones políticas y que he injerido en la política estatal”, explica Badaoui, transmitiendo una vez más su desconcierto ante el hecho de que se acuse de injerencia política a alguien que ni siquiera tiene derecho a voto. Considera que si no fuera musulmán o de origen migrante, no habría sufrido lo que califica como persecución. “Hay muchas personas que estarían en el mismo perfil que yo, son activas en redes sociales, tienen un abanico muy amplio de redes en el mundo de la política, han hecho activismo, han denunciado vulneraciones de derechos. Pero en mi caso, como soy musulmán y soy inmigrante, se me puede perseguir y se me puede expulsar del país”.
Para Amazian, el caso de Badaoui se inserta en un “entramado de islamofobia institucional vinculado a la cuestión de la prevención de la radicalización y el antiterrorismo” que incluye “leyes y marcos institucionales, las prácticas de la Audiencia Nacional, de los cuerpos de seguridad y sus planes de vigilancia y seguimiento o los protocolos y programas que desde el ámbito autonómico o local se han creado para que agentes sociales y políticos como servicios sociales, los profesores o los funcionarios de cárceles, detecten radicalización”. Un entramado, denuncia, que se nutre de y al mismo tiempo reproduce una marco estructural de islamofobia, que es construido alimentado por los medios de comunicación pero también a través de los imaginarios que reproduce la industria cultural. Así, quienes deciden quién está radicalizado y tienen el poder de actuar en consecuencia, están insertos en un sentido común pleno de “prejuicios racistas hacia la población musulmana y muy especialmente hacia los hombres musulmanes”.
Mientras el ministerio de interior apunta a la “peligrosidad” de Badaoui a partir de sus publicaciones en las redes sociales, o de sus intervenciones en los medios de comunicación, quienes le defienden son colectivos y organizaciones cercanas al activista, que contestan desde ahí las acusaciones vertidas contra él. “Quienes forman la administración local, o las personas de un tejido asociativo muy amplio que me conoce, dicen que he colaborado en la convivencia, en tejer puentes entre las diferentes comunidades, en ayudar y mediar. Es desde la distancia que me acusan de lo contrario que dice la gente que me conoce porque trabajamos codo a codo diariamente”, una contradicción que para Badaoui denota el carácter persecutorio de las acciones de Interior.
Ahmed Nasser El Alaoui es integrante de Joventut Multicultural Musulmana. Manifiesta en conversación con el Salto cierto temor a que, como en el caso de Badaoui, sus afirmaciones puedan ser tergiversadas y usadas contra él. Para El Alaoui, la orden de expulsión contra Badaoui es un claro ejemplo de cómo el “relato islamófobo, a través de la construccion de un enemigo tanto en el imaginario social, como en el argumentario político, influye en las politicas de estado y en las politicas de seguridad”.
Señalar la participación política, el activismo de una persona como algo problemático, da cuenta, para el periodista Youssef Ouled, de una de las asunciones que conlleva la islamofobia y que es reproducida por los medios: “No somos considerados sujetos políticos, sino amenazas. Existen además lugares comunes a los que los medios, de forma inconsciente o no, recurren a la hora de hablar de nosotros y tiene que ver con el uso indiscriminado y errado de conceptos que acaban por estigmatizarnos y señalarnos. Esta es una tendencia informativa en toda Europa que impide toda empatía social posible”.
Amizian pone un ejemplo de esta tergiversación de términos, y apunta a cómo este discurso confuso viaja de los medios y las redes de la extrema derecha a la institución, incluyéndose en las acusaciones que Interior hace contra Badaoui. “Utilizan el término salafismo con ambigüedad y sin una fundamentación y saben que el uso de esa nomenclatura coloca la sospecha sobre cualquier musulmán por el desconocimiento general favorecido por, precisamente, los discursos de extrema derecha a nivel internacional”. La acusación de salafismo, sin explicar qué es ser salafista, y en qué fundamentan la afirmación de que Mohamed sea salafista, o de qué manera constituye un peligro para la seguridad nacional, bastan a Interior para expulsar a una persona que lleva toda su vida en el país. “Parece como si el activismo de Mohamed Said es lo que lo convierte en un peligro. Y la pregunta es para quién. Y cuántas de nosotras lo somos según esta óptica”.
Desde espacios como el Observatorio de la Islamofobia se ha constatado como la información que se publica relativa a personas musulmanes suele estar relacionada con cuestiones negativas como el crimen, la amenaza terrorista o los problemas de integración. Ouled considera que, junto a esta construcción de discurso negativo, los medios suelen dar credibilidad a la versión policial. “Lo hemos visto con personas que han sido señaladas, investigadas e incluso encarceladas por supuestas actitudes de ‘radicalización’ de las que los medios se han dado eco a bombo y platillo, pero que luego han quedado absueltas por falta de pruebas sin que ningún medio diera la noticia de esto último”. No solo quienes han sido acusados en los medios sin pruebas sufren las consecuencias de la islamofobia: el daño es colectivo: “la comunidad musulmana es sometida a un juicio mediático, social y político cada vez que una persona musulmana es etiquetada como sospechosa y/o peligrosa”.
“Utilizan el término salafismo con ambigüedad y sin una fundamentación y saben que el uso de esa nomenclatura coloca la sospecha sobre cualquier musulmán por el desconocimiento general favorecido por, precisamente, los discursos de extrema derecha a nivel internacional”
Vox y el precedente francés
El partido de ultraderecha ha señalado a Badaoui insistiendo en la peligrosidad del activista en su marco discursivo donde la migración y sobre todo, la comunidad musulmana supone una amenaza. “Ha habido un claro linchamiento tanto en redes como en medios contra Badaoui. Lo hemos podido ver antes y después de que saliese la noticia. Los constantes ataques de Vox contra Mohamed y los musulmanes, hablando de un problema de integración, es algo que venimos viendo en Francia desde hace muchos años, la misma deriva ha llegado al contexto español”, explica Al Alaoui en referencia al país vecino. El joven activista ve también un paralelismo claro entre la prohibición del Collectif contre l’islamophobie en France y la criminalización de la organización creada por Badaoui. “Ambas son entidades que defienden los derechos de las personas musulmanas”. Insta a tomar conciencia de la gravedad de que “ hacer activismo y defender derechos fundamentales se criminalice y se persiga”, y considera que esta deriva ha de ser enfrentada por toda la izquierda, no solo por los colectivos contra la islamofobia.
En el mismo sentido, Amazian echa en falta una mayor implicación de quienes no se ven afectados directamente. “Tenemos claro lo que se juega en este tipo de casos y estamos también cansadas de que no se haga al menos el suficiente ruido, de que el tema de la islamofobia esté totalmente ausente en los análisis sobre la extrema derecha internacional y los procesos de autoritarismo”.Mientras señalan el marco general que posibilita que un vecino de Reus pueda ser detenido en cualquier momento, alejado de su familia y de su entorno en base a difusas acusaciones de “radicalización”, el grupo de apoyo apunta a que seguirá realizando acciones para denunciar la situación de Badauoi, quien por ahora ha sido expulsado de la normalidad y aguarda noticias desde la incertidumbre: “No sabemos nada, no nos han contestado al segundo escrito de alegaciones. Se están vulnerando mis derechos, estoy perseguido, no puedo estar tranquilo porque no sé en qué momento puede aparecer la Policía Nacional, detenerme y expulsarme del país. Yo no puedo vivir con esta inquietud durante mucho más tiempo”.
