Sr. Manuel Chaves González:
En primer lugar es nuestro deseo felicitarle por el éxito obtenido por su partido en las elecciones autonómicas recientemente celebradas, al igual que en las generales.
El nuevo tiempo político que se abre debe necesariamente venir acompañado de un nuevo clima político, donde las prácticas y las costumbres emanadas del tardofranquismo sean definitivamente relegadas al terreno de la Historia.
En este sentido, las asociaciones laicistas andaluzas, organizadas en torno a Andalucía Laica, estamos esperanzadas en que la victoria de su partido, tanto a nivel nacional como andaluz, suponga un giro definitivo en la intolerable deriva confesional impulsada por el Partido Popular, y confiamos en que el nuevo ejecutivo andaluz, dentro de sus competencias, contribuya a eliminar las innumerables trazas de criptoconfesionalismo que aún perduran en nuestra comunidad.
Con especialísima preocupación nos preparábamos para contestar la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad Educativa en lo referente a la enseñanza de la religión en la escuela, pues suponía un ataque frontal a la libertad de conciencia y al derecho de los padres a elegir una educación acorde con sus convicciones. Esperamos por ello de su partido a nivel nacional, como han manifestado algunos de sus miembros, que posponga el calendario de aplicación de la misma, de cara a su reforma o completa derogación ulterior.
Consideramos sin embargo que es inadmisible una vuelta a la situación anterior a la LOCE. La pervivencia de la asignatura de religión, católica u otras, y de los catequistas que la imparten, incrustados en el currículo y en la comunidad escolar como un cuerpo extraño, es fuente de disfunciones e incluso graves conflictos en los centros. Dado que el Tribunal Supremo dictaminó que los padres tienen derecho a que sus hijos puedan recibir religión, pero que eso no puede comportar la obligación para los demás de cursar otra materia concreta, la única solución racional es la exclusión de la religión del currículo escolar. Además, la alternativa a la religión en el segundo ciclo de la ESO, según Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, es cultura religiosa, algo parecido a lo que el gobierno del Partido Popular quería implantar para todos los niveles educativos en la LOCE.
El origen último de esta situación es la anacrónica pervivencia de los acuerdos entre el Estado español y el Estado Vaticano, que curiosamente sólo contienen obligaciones para el primero y que contradicen frontalmente el espíritu y la letra de la Constitución española. Estos acuerdos deberían haber sido denunciados hace ya muchos años, al igual que las leyes de ellos emanadas.
Pero más preocupante quizás, en nuestra Comunidad, es la pervivencia, a veces por inercia, a veces favorecidas interesadamente, de costumbres y prácticas arraigadas en el nacionalcatolicismo, en las que la religión y los poderes públicos se dan la mano. Estas prácticas van desde la participación de los representantes de los ciudadanos en actos religiosos, hasta la inclusión de miembros de las religiones en órganos civiles o profesionales, como los claustros escolares.
Sabemos que su gobierno está empleado en la Segunda Modernización de Andalucía. Históricamente nuestra comunidad presenta un atraso significativo con respecto a las otras comunidades del Estado español y esta iniciativa, unida a otras, como el pago de la deuda histórica y el crecimiento del tejido productivo tienen que redundar en el bienestar de los ciudadanos andaluces. Pero la modernización y el bienestar no radican únicamente en aspectos materiales. Junto con la modernización de las tecnologías hay que modernizar las mentalidades y favorecer el espíritu crítico. No hay bienestar sin libertad y no hay libertad si se intenta imponer creencias, religiosas o de cualquier tipo a los ciudadanos.
Desde esta perspectiva, creemos que el laicismo es el punto de partida para una sociedad verdaderamente democrática y como consecuencia de ello, pedimos que la religión salga de la escuela financiada con fondos públicos, se acabe con la situación de privilegio de la Iglesia Católica, y en general, se eliminen todos los privilegios que el Estado y la Comunidad Autónoma concede a las asociaciones religiosas frente a aquéllas de cualquier otra naturaleza. En este sentido sería nuestro deseo mantener contactos con Vd. y con el Consejero o Consejera de Educación de su próximo gobierno para presentarle nuestra asociación y expresarles nuestros objetivos para la consecución de una sociedad laica.