Me dirijo a usted, señora vicepresidenta primera del Gobierno, como ciudadano y paisano de la Ciudad de los Califas para expresarle, desde los conocimientos que me han sido dados por la memoria de mis antepasados y desde mis sentimientos, que brotan desde el amor que guardan mis entrañas por nuestro acervo patrimonial e histórico, la oportunidad que nos ha dado la historia para anular la inscripción eclesiástica de la Mezquita-Catedral de Córdoba y devolverla al ámbito del dominio público.
A continuación le hago partícipe de algunas referencias de autoridades expertas en la materia para recordarle que en ningún documento histórico consta la donación de la Mezquita de Córdoba a la Iglesia. El historiador Iluminado Sanz, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, afirma que las donaciones reales a la Iglesia de Córdoba por el rey Fernando III fueron: “diezmos de almojarifazgo, diezmos de alguacilazgo, quintos de salinas, tiendas con sus respectivas rentas, dos hornos, dos aceñas, quinientas aranzadas de viñas, cien aranzadas de huerta, más un tercio de los olivos de rey”. En la relación de donaciones nunca encontraremos la Mezquita. Julio González, importante medievalista contemporáneo y uno de los mayores estudiosos de Fernando III, afirma que no hay un solo documento de donación de un templo en todo su reinado. El que fuera canónigo archivero de la catedral de Córdoba, Nieto Cumplido, no encontró ningún rasgo sobre la titularidad del templo en todos los documentos medievales recopilados en su obra Corpus medievalis cordubense. Ana Verdú, directora del Archivo Municipal de Córdoba, en una entrevista (Cordópolis, 05-06-2016) llegó a decir que en “toda la diplomatura de Fernando III no consta nunca la donación de un inmueble para uso catedralicio. No consta”. El informe municipal del Ayuntamiento de Córdoba de 2018, en el que usted participó como jurista junto a Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, y los historiadores Alejandro García Sanjuán y Juan B. Carpio, consideró que la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba había “lesionado los intereses generales de la ciudadanía cordobesa” y propuso la pertinencia de elevar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC con el objeto de anular la inscripción del monumento.
Asimismo le recuerdo que tanto el PSOE como su socio de gobierno, Unidas Podemos, concurrieron a las elecciones del 10 de noviembre de 2019 con la promesa en sus programas electorales de recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica. El mismo Presidente Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, anunció las “modificaciones legislativas” oportunas para “revertir las inmatriculaciones” irregulares practicadas por los obispos.
La universal Mezquita, con su milagroso mestizaje arquitectónico, fruto de las diferentes etapas históricas de Córdoba, objeto de distintos credos y admiraciones, es la seña de identidad de nuestro pasado andalusí y el mejor baluarte de la interculturalidad en el presente. Córdoba no se puede entender sin Mezquita y el bellísimo monumento omeya no tendría mejor lugar que el suelo patricio en el que está enraizada. La Mezquita, patrimonio de la humanidad desde 1984, fue objeto del deseo poseedor del obispo Asenjo, que la inmatriculó por treinta euros el 2 de marzo del 2006, gracias al cambio de la ley hipotecaria de Aznar que permitió inscribir bienes destinados al culto. Mientras el obispo inmatriculaba, inducido por este cambio legal inconstitucional, Vd. ocupaba el ministerio de Cultura, Rosario Torres la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y Rosa Aguilar la alcaldía de Córdoba. ¿No tuvieron conocimiento como máximas responsables de la cultura y de la ciudad de dicha inmatriculación? ¿Se podrían haber adelantado evitándolo? Tuvo que ser la ciudadanía en 2009 la que sacara a la luz esta noticia que llenó páginas de artículos y comentarios. Tampoco actuarían ni la Junta de Andalucía, responsable del patrimonio andaluz, ni el Ayuntamiento cuando en 2010 el obispo Demetrio Fernández arrebató el nombre al monumento, recuperado en 2016 gracias a las presiones de la plataforma ciudadana “Mezquita-Catedral, patrimonio de tod@s”.
Señora vicepresidenta, es hora de rectificar. El poder democrático está en su mano. Actúe como responsable pública al servicio del Estado y no de una institución privada como es la iglesia. El camino no está en ir de la mano del PP y Vox para impedir revertir las inmatriculaciones, como ocurrió en el Senado el pasado 10 de marzo, sino devolver la Mezquita al lugar que le corresponde: el domino público. El domino público es intransferible, perteneció a nuestras generaciones pasadas, pertenece a nuestras generaciones presentes y pertenecerá a nuestras generaciones futuras. Es su momento, es el momento.
________________
Miguel Santiago Losada es profesor, escritor y portavoz de la plataforma Mezquita-Catedral, patrimonio de tod@s
