El jurista denuncia las reformas legales del Gobierno del PP y su objetivo subyacente de “amedrentar al ciudadano”
Carlos Jiménez Villarejo, quien fue fiscal anticorrupción, ha manifestado su preocupación porque “el principio constitucional de ‘libertad’ está en quiebra” debido a las diferentes reformas legales que pretende realizar el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta afirmación la realizó Jiménez Villarejo en el transcurso de una conferencia en el ciclo “las políticas del PP… retroceso, contrarreforma, involución” que están teniendo lugar en L`Hospitalet de Llobregat.
Se refería el jurista a “las múltiples expresiones del proceso antidemocrático abierto por el Gobierno del Partido Popular”. Empezando por la reforma de la Ley del aborto: “La contrarreforma que propone el PP coarta principios básicos de los derechos humanos en relación a los derechos de la mujer, y, en particular, en relación a su decisión sobre la interrupción del embarazo”.
“Brazo secular de ideologías conservadoras”
”Es un problema que debe resolverse, en todo caso, al margen del derecho penal que nunca debe constituirse en el brazo secular de instituciones o ideologías conservadoras. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, en el Anteproyecto la regulación del aborto vuelve al Código Penal. Ahí están los proyectados Arts. 145 y 145 bis para acreditarlo”.
Sanción al que produzca el aborto
Expuso Villarejo que “por una parte, se excluye el castigo penal de la mujer que decide libremente la interrupción voluntaria del embarazo debe entenderse que dentro de las primeras catorce semanas de gestación (Art. 145.3). Pero se sanciona penalmente a quien «produzca el aborto» en ese supuesto, con pena de prisión de hasta tres años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión sanitaria”.
“Se penaliza el aborto libre y voluntario”
Una previsión que según dice “sitúa a la mujer en una situación crítica y la mayor parte de las veces abocada a un aborto clandestino y, desde luego, con gravísimos riesgos para su salud y su vida. Todo lo cual representa una evidente negación del derecho de la mujer a decidir libremente sobre su embarazo y, por tanto, sobre su vida. Luego está penalizándose el aborto libre y voluntario”.
Ley de Seguridad Privada inadmisible
Sobre el proyecto de Ley de Seguridad Privada de inmediata aprobación, “parte de un presupuesto inadmisible en un Estado democrático de derecho: que la seguridad privada es «parte integrante de la seguridad pública» y, por ello, las «alianzas público-privadas» constituyen un medio de resolver los «problemas acuciantes de seguridad que se producen en la sociedad».
“No hay demanda social”
Añade el jurista: “Es un punto de partida falso ya que España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa y no hay una demanda social que justifique la ampliación de las competencias de los servicios de seguridad privada”.
“Para quien se la pueda pagar”
“Lo que hace es emprender la vía hacia la privatización de la seguridad pública, es decir que tendrá más seguridad «quien pueda pagársela». Esta es una consecuencia incompatible con el principio constitucional de que corresponde exclusivamente a los Cuerpos de Policía del Estado y de las CCAA la competencia para velar por la seguridad pública que consiste fundamentalmente en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos”.
Los privados no se pueden equiparar a la policía
Para Carlos Jiménez Villarejo es igualmente rechazable “que se incluya al personal de seguridad privada, equiparado a los servicios públicos de policía, cuando en el Artº 31 se describen las «agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad» siendo obvio que no pueden merecer el mismo nivel ni de tratamiento ni de protección. La sentencia del Tribunal Supremo de 25/10/91 ya les denegó a dicho personal la condición de agentes de la autoridad”.
Controlar las manifestaciones
Entre otros temas, señala como inaceptable que se dé a los privados facultad para ejercer funciones de vigilancia «en acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos». “Esta facultad va a permitirles sin duda alguna participar en el control de las reuniones y manifestaciones públicas aunque lo hagan complementando y bajo el control difuso de la acción policial”.
La reforma del Código Penal, anticonstitucional
“La reforma del Código Penal presenta, en primer lugar, aspectos que expresan la negación del precepto constitucional que define la política penitenciaria como orientada a la «reeducación y reinserción social’ de los penados”, explicó el ex fiscal Anticorrupción.
Como la cadena perpetua
En este capítulo opina que “tiene particular relevancia la incorporación al Código Penal de la llamada «prisión permanente revisable», por más que esté sujeta a una «revisión judicial periódica», que representa la incorporación en nuestro Código Penal de la cadena perpetua. Es sabido que solo se aplicaría a delitos muy graves, como terrorismo, asesinato, etc., pero es absolutamente inadmisible y rechazable por razones humanitarias y democráticas”.
Persecución implacable de los emigrantes
”Entre los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros hay ciertas conductas declaradas punibles que, además de innecesarias y desproporcionadas, están presididas por razones exclusivas de política migratoria; constituyendo una herramienta para la persecución implacable e injustificada de los emigrantes. Por ejemplo, el artículo 311 bis sanciona a quien «emplee o dé ocupación» a ciudadanos extranjeros que carecen de permiso de trabajo”.
Reacción punitiva a la movilización social
Se refirió además “a nuevas figuras penales en el capítulo de los delitos de desórdenes públicos que representan una excesiva reacción punitiva ante la movilización de colectivos sociales como encierros y otras conductas similares generadas por la crisis económica. En definitiva, están concebidos para combatir los derechos de reunión y manifestación”.
Amedrentar a los ciudadanos
Habló por último “del ataque al derecho a la libertad de expresión, al perseguir la «difusión pública de mensajes o consignas» que representen una crítica a actuaciones y decisiones públicas y privadas que están causando un grave perjuicio a la ciudadanía. Se trata de avalar actuaciones policiales excesivas, con los riesgos que ello genera, atemorizar la capacidad de convocatoria de organizaciones cívicas y sociales y, en definitiva, crear un clima de amedrentamiento sobre los ciudadanos”.
Archivos de imagen relacionados
