Cantabria ha recibido 10 solicitudes de ayuda para morir en el último año, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, que regula de la eutanasia, y que convirtió a España en el séptimo país del mundo en autorizarla tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda, donde ya era una práctica legal.
Cantabria es una de las comunidades autónomas que mejor desarrollado tiene el protocolo de prestación médica de ayuda para morir. Tras su diseño y puesta en marcha y la pertinente formación de los profesionales, el siguiente paso es llevar a cabo un plan de divulgación técnica que explique los pormenores de la misma a todos los sectores implicados.
En este contexto, hoy técnicos de la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección se han reunido con el Foro Sanitario Profesional de Cantabria para profundizar en la prestación médica de ayuda para morir, totalmente pública, que se debe garantizar en los centros sanitarios de todo tipo (públicos, privados y concertados), así como en el domicilio. En este sentido, la Consejería de Sanidad ha ofrecido su apoyo a los asistentes y se ha puesto a su «total disposición» para asegurar que tanto el procedimiento administrativo como la práctica asistencial se realizan con total garantía, ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.
«Hacer frente a esta nueva prestación es un reto no exento de dificultades porque la regulación de la eutanasia es nueva en España, el proceso es complejo y está sujeto a plazos», ha afirmado el subdirector general de Ordenación, Farmacia e Inspección, Miguel Mateo. Si a esto se añade la «imperiosa necesidad» de humanizar la asistencia, como en cualquier otra prestación sanitaria, gestionar el «sufrimiento emocional» y acompasarlo con los plazos y las garantías, se entiende la dificultad añadida que se encuentran muchos profesionales, pero la Consejería «está aquí para ayudar, apoyar y resolver todas sus dudas», ha asegurado.
Durante el encuentro, que ha servido para ahondar en el manual de buenas prácticas en eutanasia y el protocolo de actuación, se ha abordado también el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en el proceso y en cómo se deben tratar los datos del paciente. A continuación, se ha abierto un debate en el que se han intercambiado impresiones y se han abordado otros temas de interés.
El objetivo último de la Consejería de Sanidad, ha añadido Mateo, es asegurarse que esta nueva prestación pública se lleve a cabo con las máximas garantías tanto para los pacientes y su entorno como para los profesionales sanitarios. Además, hay que garantizar la igualdad, equidad y absoluta confidencialidad en la aplicación de la ayuda para morir.
El Foro Sanitario Profesional es una organización creada en Cantabria en 2012, que agrupa a los colegios profesionales de Farmacéuticos, Médicos, Veterinarios, Odontólogos, Enfermería, Psicólogos, Podólogos, Fisioterapeutas, Ópticos-optometristas, Logopedas y Dietistas-Nutricionistas y tiene entre sus fines principales la defensa de la independencia de estos colectivos que trabajan en el campo de la sanidad y la búsqueda de iniciativas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.
