Un sacerdote granadino (suspendido «a divinis» y ex archivero de la Catedral) demandó hace dos o tres meses al arzobispo de Granada, acusándolo de presuntas injurias, calumnias, acoso moral y coacciones.
El arzobispo, Francisco Javier Martínez, no asistió al acto de conciliación que se celebró el 21 de febrero y que concluyó, como era de temer, sin avenencia. Así que, el pasado 14 de abril, el juez correspondiente dictó auto de admisión a trámite de la querella presentada. Dicho auto fue notificado al Nuncio del Vaticano en España, pero éste ha respondido que la notificación debe hacerse ante el Vaticano y por vía diplomática. ¿Maniobras de distracción? ¿Triquiñuelas obstruccionistas? Quién sabe. Lo único cierto es que el arzobispo de Granada reclama la aplicación de una excepción jurídica que, aunque fundada (relativamente) en los desfasados acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español en agosto de 1976 (dos años antes de la aprobación de la Constitución Española de 1978), se aparta de ese principio moral (o político) que tanto trabajo nos está constando construir: todos somos iguales ante la ley.
Parece que el arzobispo de Granada (o su representante corporativo) ha decidido que ese principio no le afecta. Y para ello ha recurrido a su condición de obispo, es decir, dignatario de una soberanía extranjera, la del Vaticano. Qué traspié. Pero qué traspié tan de moda, pues esta misma semana también el presidente de la comunidad autónoma vasca, el señor Ibarretxe, ha apelado a su hipotética capacidad para convocar un referéndum cuando le venga en gana. Salirse del ordenamiento jurídico común se está convirtiendo en una costumbre provechosa. Todo el mundo presta atención a esas salidas de tono y se procura calmar al insurrecto con buenas palabras y promesas borrosas. Pero ese tipo de insurrección jurídica no huele bien, huele a privilegios medievales, a ínfulas aristocráticas. Esas actitudes me recuerdan las artimañas habituales de los fundamentalistas de todos los tiempos: de Pinochet a Milosevic, de Franco a Videla, todos ha rehuido el juicio de los tribunales, todos quieren que los juzgue la historia. O Dios. Nunca sus semejantes. A veces, incluso, han afirmado, altivos y provocadores, que la historia los absolverá.
Todos los que están convencidos de su verdad perfecta buscan un fuero que los separe del ordenamiento jurídico general. Si no lo tienen se lo inventan. Y si lo tienen, lo tienen como el que tiene un fósil y se agarran a él con uñas y abogados. No les falta razón: nunca antes en España había sido tan rentable 'campar por tus fueros'. Tal vez por eso todas las comunidades autónomas de nuestro país se declararán muy pronto 'realidades nacionales', es decir, espacios aforados (o con fueros) donde la ley de todos ya no sea para todos, donde para citar a un ciudadano ante los tribunales haya que recurrir a la vía diplomática. Parece que todos quieren ser como el arzobispo de Granada: inaccesibles, intocables. Qué mal ejemplo. Qué error tan triste.
