El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha presentado una moción al Pleno de este jueves por la que solicita al Ayuntamiento que pida al Registro de la Propiedad la lista de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia en el municipio e inicie las acciones legales oportunas para la recuperación de aquellos cuya titularidad pública pueda corresponder a la Administración local.
La iniciativa, promovida la asociación Europa Laica en muchos ayuntamientos del país, explica en su exposición de motivos que la modificación del Reglamento Hipotecario impulsado por el gobierno de José María Aznar en 1998 permitía que la Iglesia pudiera inscribir templos de culto a su nombre, algo que no era posible antes al tratarse de bienes fuera de comercio y de naturaleza pública.
La jerarquía eclesiástica resucitó además dos normas franquistas, inconstitucionales desde el inicio de la democracia en España, que equiparaban a la Iglesia con la Administración pública y a los diocesanos con los notarios, de forma que podían certificarse a sí mismos -sin aportar título alguno- la propiedad de aquellos inmuebles que hasta el momento no estaban inscritos en el Registro.
En Murcia, la Diócesis cuenta con más de 470 propiedades por las que no paga IBI porque están dedicadas a funciones sociales, entre las que se encuentran la Catedral de Murcia -inscrita en 2014 a nombre de la Iglesia-; el santuario de la Virgen de La Fuensanta y el Seminario -ambos registrados hace dos meses- o el cementerio de La Alberca.A estos bienes hay que sumar aquellas propiedades de la Iglesia que no se destinan a fines sociales.
Ramos ha insistido en que el posible uso litúrgico de los inmuebles no condiciona la propiedad y que muchos han sido construidos y restaurados con dinero público, además de que sobre gran parte de ellos pesa la responsabilidad pública de su tutela cultural y patrimonial.
También consta, según el edil, la inmatriculación de miles de bienes de culto en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley por la fecha de la inmatriculación, antes de la reforma de 1998; por no haber sido poseídos nunca por la Iglesia Católica, lo que incluye solares, caminos, jardines y plazas, entre otros, y por no haber documentado de forma fehaciente su propiedad.
La moción de la formación municipalista ha sido aprobada con el respaldo de todas las formaciones políticas representadas en muchos municipios y comunidades autónomas del país, donde ya han sido impugnadas algunas de las inscripciones y se han recuperado bienes para el dominio público.
Sin embargo, se trata de una “mínima parte del patrimonio privatizado”, lo que, en opinión de Ramos, obliga a los ayuntamientos a seguir trabajando “contra una amnistía registral que ha supuesto restar del patrimonio de todos y todas muchos bienes de gran importancia histórica”.
Europa Laica, en su ejercicio de recabar información de los listados de las inmatriculaciones en todo el país, ha anunciado que procederá a denunciar los casos donde se crea que haya irregularidades, como ya se ha hecho en muchos sitios, Zaragoza, Asturias o Córdoba.
