La vicepresidenta afirma que ha hablado con la Conferencia Episcopal y cree que tendrá “una posición razonable” en los posibles litigios que surjan tras la publicación del listado de propiedades.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, considera que en la polémica de los bienes inmatriculados por las diócesis españolas entre 1998 y 2015, gracias a una reforma del PP que le permitió inscribir propiedades con una simple certificación del obispo, “la Iglesia católica está en condiciones de saber que hay cosas que seguramente se han inscrito y no se deberían de inscribir”. “Creo que ahí en algunos elementos habrá una posición razonable de la propia Iglesia católica, hasta donde yo sé, este asunto lo he hablado incluso con el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Omella”, ha añadido en una entrevista en el programa Hoy por hoy, de la Cadena Ser.
El Gobierno transmitió el martes al Congreso el listado definitivo de los bienes inmatriculados (registrados por primera vez) por la Iglesia, algo que le había reclamado esta Cámara en 2018 y exigían desde hace tres años las asociaciones que han denunciado esta práctica de la institución eclesiástica. El informe, más de 3.000 páginas, revela que la Iglesia inmatriculó un total de 34.961 fincas entre 1998 y 2015. De ellas, 20.014 son templos o dependencias complementarias y 14.947, fincas “con otros destinos (terrenos, solares, viviendas, locales)”. La lista descubre un patrimonio muy variopinto que incluye pisos, garajes, campos de cultivo, viñedos y hasta castillos. Ya en los últimos años habían salido a la luz casos muy controvertidos, como la inscripción de la mezquita de Córdoba o la torre de La Giralda, en Sevilla. La gran mayoría, un total de 30.335 bienes, han sido registrados con una certificación eclesiástica, según consta en las notas simples correspondientes, y en 4.626 fincas la inscripción se ha practicado en base “a un título distinto”. [Consulte el listado de todas las propiedades inmatriculadas por la Iglesia].
La presentadora del programa, Àngels Barceló, ha preguntado esta mañana sobre una de las principales cuestiones que está ahora en el aire: “¿El Estado piensa reclamar los bienes?”. La vicepresidenta no ha respondido directamente, sino que ha explicado cuál será el mecanismo que se pondrá en marcha a partir de ahora: “Hay una parte muy importante que son bienes claramente de la Iglesia católica y que están en el ámbito del patrimonio histórico, sin duda de ningún tipo. Hay otros que pueden estar en litigio, de los particulares, de otras administraciones públicas, de personas jurídicas, que claramente piensen que, frente a esa inscripción, tienen un título mayor que demostrar”. En este caso, ha explicado que habrá una primera parte, “que es agotar la vía administrativa: oiga, reconózcame usted a mí que yo tengo mayor título, y que como no sabía que se había registrado, pues ahora que lo sé, lo peleo”. Calvo opina que entonces puede darse, “de manera autorregulada, un reconocimiento de la propia Iglesia católica y de la Administración general del Estado diciendo: efectivamente, usted tiene más título y este bien sale de esa lista”. Otra cosa es cuando no haya acuerdo: “Habrá algunos que lleguen hasta el conflicto en tribunales, porque la Iglesia reaccione y diga: tengo más título o lo puedo demostrar. Será una vía complicada y lenta, pero que cerrará definitivamente este asunto”.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha declarado esta semana que “la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo, por eso si alguien viniese con mejor derecho y que pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la Iglesia que haya inmatriculado está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo piden”.
Las asociaciones que han batallado estos años por aclarar lo ocurrido, agrupadas en la coordinadora Recuperando, han sido muy críticas con el Gobierno, al que acusan de haberse lavado las manos, limitándose a publicar el listado con retraso, y de propiciar “una amnistía registral”. Consideran que el Gobierno debería simplemente anular las inmatriculaciones, por inconstitucionalidad sobrevenida, poner el contador a cero y que reclame las propiedades quien las pueda demostrar, la Iglesia o un particular. “Es un insulto a la democracia, el Gobierno quiere cerrar en falso este expolio, en simbiosis con la Conferencia Episcopal, y lo más triste es verles diciendo que ahora quien quiera que reclame, es imposible que haya 30.000 juicios. Este es un tema de Estado y tiene que tener una solución de Estado”, resume Juanjo Picó, de Europa Laica. Calvo ha defendido que el Ejecutivo ha hecho un “un trabajo ímprobo, que se le pidió al Gobierno del PP, y que se fue de rositas, y nosotros hemos tratado de hacer un trabajo muy riguroso, porque esto requería un trabajo importante”.
