La reflexión y valoración sobre la pertinencia de hacer computable la nota de la asignatura de Religión en el expediente académico de cada estudiante requiere, como cualquier análisis cauteloso y serio, establecer previamente el contexto que enmarca ese hecho. Por tanto, debemos aludir al debate sobre la presencia misma de Religión en el currículum académico de nuestro sistema educativo. Seguramente, el otro texto que van ustedes a leer en esta página venga plagado de citas sobre normativa legal, con sus adecuadas interpretaciones del derecho a la libertad. No olvidemos que vivimos en un extraordinario país en el que defensores de los centros educativos confesionales, ataviados con grave rictus de ofensa, se atreven a llamar adoctrinadores a docentes de la escuela pública. Eso sí, el dinero público que reciben para mantener sus centros y propagar el ideario político-religioso de las empresas y fundaciones que los presiden, ese, no les ofende. Al contrario, exigen más financiación cada año.
La educación concebida como servicio público nos refiere a la tarea común de docentes y discentes en torno a las ciencias, la cultura, las artes, las humanidades, los deportes… No parece que la formación confesional sea una tarea del Estado. El Estado no puede amparar ni ampararse en una confesión religiosa determinada. Las creencias religiosas y sus consecuencias son parte de la historia de la Humanidad, para bien y para mal, pero jamás en una sociedad democrática pueden ser dogma oficial impartido por su sistema educativo. Desde este punto de vista, la asignatura en torno a una religión resulta una anomalía educativa en la escuela pública. También en la privada sostenida con fondos públicos. Y de esto se trata. En la actualidad, asistimos a una anomalía que abre la puerta a una institución confesional privada para que se instale en el corazón de la escuela pública. Hasta ahora lo viene haciendo a través de la financiación pública de centros propiedad de empresas y fundaciones confesionales. Alguno de esos centros segrega a niños y niñas por el hecho de serlo. ¿A qué siglo, mentalidad e ideología nos refiere ese maltrato a menores? ¿No atenta contra derechos básicos del menor reconocidos en toda esa normativa que ustedes habrán leído ya? ¿Podemos financiar con fondos públicos ese atentado? Hablemos de los docentes que imparten esa asignatura. Son trabajadoras y trabajadores, y les hablaremos siempre con respeto. El respeto que durante muchos años, tanto docentes de Religión como de otras asignaturas en centros educativos confesionales, no recibieron de sus patronos. Ni respeto ni los mínimos derechos laborales, cuando trabajaban sin contrato, sin sistema objetivo de acceso a sus puestos, percibiendo salarios de miseria, cargas lectivas abusivas, cobrando de forma irregular en forma y plazo, cuando no siendo reprimidos por situaciones y condiciones propias de la inviolable intimidad de las personas. ¿Evaluamos a la institución católica por todo ello? ¿Le ponemos nota?
El siguiente paso en esa intromisión de la confesionalidad (y de la institución al mando) en el ámbito propio y específico de la escuela pública es controlar el currículum académico. Es una colisión entre espacios físicos, ámbitos competenciales y funciones sociopolíticas. La función de la institución confesional consiste en adoctrinar. Solo hay que escucharles. Hace falta indecencia ética, moral y política para proferir la retahíla de insultos contra los docentes de esta región por parte de auténticos negociantes, acostumbrados a vivir del dinero ajeno, que hablan del derecho a la libertad mientras pretenden pisotear el nombre y la dignidad de quienes han accedido a sus puestos de trabajo a través de requisitos de igualdad, mérito y capacidad, mientras su obispo elige a dedo a sus docentes. ¿Evaluamos a quienes insultan? ¿Les ponemos nota?
La asignatura de Religión como etapa reina hacia la conquista del currículum y la nota computable para el expediente académico como resorte imprescindible para ganarla. El interés que ocultan los «chalados sectarios» (qué buena denominación encontró su jefe político) por hacer valer la nota de Religión en el expediente de cada estudiante supone el evidente peligro de dar prioridad a los adoctrinados sobre los que ejercen su libertad de no sometimiento y de establecer modelos sectarios entre el alumnado. La escuela pública no está al servicio de esos señores ni de sus ideologías sectarias. El servicio educativo público no puntúa el adoctrinamiento ni evalúa el fanatismo. La institución católica sigue caminando de la mano de la ultraderecha política. Ambas se retroalimentan porque se necesitan para apoderarse de la financiación pública. Los postulados constitucionales que rigen el servicio educativo público son claros en la defensa de los derechos personales y colectivos de nuestro alumnado. No hace falta repetirlos. Con suerte los habrán leído en la columna de al lado. Sí hace falta interpretarlos con espíritu libre y democrático. Y desinfectar contagios de fanatismo, odio al diferente, sectarismo e interés lucrativo privado.
«Solo creo en Dios y en el bicarbonato», decía el padre de un compañero docente. «Y cada vez menos en Dios y más en el bicarbonato». Pues eso, vamos a limpiar en la escuela pública las huellas de los intolerantes, de los usurpadores, de los reconquistadores.
Por cierto, no. Nota de Religión computable, no.
José Ignacio Tornell Aguilar. Secretario General de CCOO Enseñanza en Murcia