as clínicas defienden su actuación y retan a la comunidad a que las inspeccione
La medida impuesta por el Gobierno balear para obligar a las mujeres que abortan a adelantar el dinero de la intervención se está enredando entre acusaciones de unos y otros. El director del IBsalut, Juan José Bestard, hizo ayer unas declaraciones en las que insinuaba que estaban pagando con dinero público abortos que la sanidad no controlaba puesto que las mujeres se dirigían directamente a las clínicas privadas. Esta situación “no es del todo legal”, dijo a Europa Press. Además, se ha quejado de que no se les exigía a las clínicas ni una ecografía para saber la edad del feto, pero cobraban las facturas: hasta un millón de euros.
Las clínicas responden que entregaban exactamente lo que se les había pedido. Con la factura, explican, iba el código con el que se salvaguardan los datos personales y clínicos. “Pero toda esa información está en la clínica. Que vengan y hagan inspecciones, aquí está todo legal. Eso es hablar por hablar. En las facturas están las pacientes, eso es fácil de demostrar”, explicó un portavoz del Centro Médico Aragón, una de las clínicas acreditadas. Desde el centro Aurora Clínic también rechazaron el argumento: “No nos sacamos nada de la manga. Aquí entregamos con la factura la documentación que se nos ha exigido. Claro que hay mujeres que vienen directamente a la clínica, porque en los hospitales públicos no les hacen el aborto, y si tienen que ir al médico de cabecera, [como dice Bestard] muchas renunciarían por una cuestión de intimidad”, explican.
Lo mismo opina el anterior secretario general de Sanidad con el Gobierno socialista, José Martínez Olmos. “Lo que no es legal es cobrar por adelantado el aborto a las mujeres. Y claro que pueden ir directamente a las clínicas, esa es precisamente una de las salvaguardas de la ley para garantizar la intimidad de las mujeres. Además, esas clínicas son el servicio público que ofrece esa comunidad para abortar, de ahí los acuerdos con ellas. Si ahora, además, les exigen a las mujeres que paguen el aborto practicado, se verán también obligadas a identificarse”, dice. Para Martínez Olmos esto no son más que “excusas para saltarse la ley”. Y avisa a los dirigentes: “Están corriendo el riesgo de que haya denuncias y se vean en responsabilidades civiles y penales por esta medida”. “Si creen que hay irregularidades que inspeccionen, sancionen o acaben con los acuerdos”, dice. Martínez Olmos señaló, además, que la decisión tomada en Baleares genera una desigualdad entre las mujeres de estas islas y las de resto de España.
Los abortos que la sanidad pública pagaba a las clínicas españolas rondaban el 20% antes de esta ley, pero con la nueva están entre el 60% y el 70% del total. “Esas son las cifras, sí, pero el hecho es que hay unas enormes deudas contraídas por la sanidad pública. En algunas comunidades de más de un año, y de sumas cuantiosas”, explica el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), Santiago Barambio. “En Baleares deben desde julio, por ejemplo, en Madrid mucho más, en Andalucía también, y además los precios públicos que pagan a las clínicas están congelados”, añade Barambio.
Empar Pineda, responsable de la clínica Isadora, en Madrid, explica que los acuerdos que tienen con la sanidad pública tienen los precios congelados desde hace como mínimo una década. Por un aborto hasta las 14 semanas la sanidad les paga aproximadamente unos 290, 390 o 420 euros, dependiendo de la intervención. “Yo creo que obligar a las mujeres a pagar por adelantado no es más que una medida disuasoria para que no lo hagan”, criticó Pineda.
El grupo político de la minoría de izquierdas de Baleares ha escrito al Defensor del Pueblo para que intervenga en este asunto.
