Un titular de Infolibre se hace eco de las supuestas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en las ayudas oficiales que cada año recibe la Iglesia católica. La información apunta a un posible incumplimiento de la legislación europea sobre ayudas del Estado a la financiación de la cadena Trece TV, la emisora que los obispos se han planteado vender en más de una ocasión al considerar que a la Iglesia, por cuestión de imagen, no le beneficia tener su propia televisión, ni siquiera para difundir los valores de la familia tradicional y el cristianismo a grandes dosis de misa de doce, opiniones de tertulianos revisionistas simpatizantes de Vox y casposas películas de vaqueros.
La cadena, de la que es accionista mayoritaria la Iglesia católica, comenzó sus emisiones con un bajo presupuesto de 20 millones de euros, que hoy se ha disparado a más de 82 millones. De momento, la asociación Europa Laica ya ha exigido al Gobierno que impulse las reformas necesarias para evitar ayudas económicas a actividades que no guarden relación con el culto o la caridad, como es montar medios de comunicación desde los que de forma diaria y habitual se alientan idearios ultraderechistas, políticas del odio y discursos guerracivilistas.
La noticia de Infolibre llega días después de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas haya apreciado “indicios sugerentes de responsabilidad penal” en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos para las elecciones generales del 28A de 2019, por lo que ha instado a la Justicia ordinaria a investigar el asunto. En concreto, el tribunal valora un posible delito en la contabilidad electoral del partido de Pablo Iglesias y solicita que entre de oficio “la Fiscalía competente por razón de la materia y del territorio”. No cabe duda de que siempre es una buena noticia para la democracia que el Tribunal de Cuentas se tome en serio su trabajo y fiscalice a todas las organizaciones políticas y sociales por igual, sin ningún tipo de privilegio procesal o trato de favor. En ese aspecto, la ley debe ser igual para todos, tanto para los demoníacos podemitas que según los grupos ultras pretenden destruir España y la religión católica como para los obispos, que deben rendir cuentas ante Hacienda como todo hijo de vecino.
Sin embargo, llama poderosamente la atención que, hasta donde se sabe, mientras el Tribunal de Cuentas ha puesto los libros de contabilidad de Podemos en manos de la Fiscalía con la mayor urgencia y celeridad −abriendo una investigación exhaustiva como si estuviera en peligro el destino mismo de la nación−, en el caso de la Conferencia Episcopal Española (CEE) las cosas se toman con más calma e indulgencia. Con la Iglesia hemos topado, como diría Don Quijote. Es evidente que ante hechos fiscales similares las respuestas judiciales se calibran de distinta manera, de tal forma que cuando se trata de inspeccionar el dinero comunista enseguida aparecen “indicios sugerentes de responsabilidad penal”, mientras que cuando la lupa se pone en la púrpura cardenalicia y en la caja registradora de la sagrada institución fundada por Pedro hace dos mil años ya no hay tanta prisa ni el pecado parece tan grave. Por lo visto, el peligroso bolivariano da mucho más miedo al Tribunal de Cuentas que el cura aparentemente honrado y los tiempos son distintos. Aquel viejo aforismo bíblico de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios está más vigente que nunca, y a la Iglesia siempre se la deja para el Juicio Divino, nunca para la Audiencia Nacional. No hay que ir demasiado lejos para comprobar que a la Justicia española le cuesta sacar la calculadora a la hora de ajustar los números de la Iglesia. El mismo periódico Infolibre publicaba en enero de 2017 que el Tribunal de Cuentas se oponía ya entonces a fiscalizar a la Iglesia y que el órgano público de control desistió a la hora de indagar en la asignación vía IRPF, exenciones fiscales y conciertos educativos de los que goza la institución católica.
En 2014 parecía que la Conferencia Episcopal hacía un esfuerzo por abrirse a los nuevos tiempos, dejando atrás el oscurantismo fiscal desde los tiempos de la desamortización de Mendizábal, y ponía en marcha un Plan de Transparencia que se antojaba necesario. “Una ocasión excepcional para rendir cuentas, seguir avanzando en la mejora y atender nuevas demandas. La creación de la Oficina de Transparencia de la CEE y los compromisos recogidos en el Convenio con Transparencia Internacional han marcado el verdadero impulso para que cada vez más entidades de la Iglesia avancen en el camino de la transparencia”, aseguraba de forma grandilocuente la página web de los obispos. Pues por lo que dice hoy el Tribunal de Cuentas parece que todos aquellos nuevos mandamientos quedaron más mojados que la filosofía del amor que alumbró y difundió Jesús y que hoy nadie cumple.
Todo lo cual nos lleva a pensar que en España, como no hicimos la Revolución Francesa bien hecha, con todas las de la ley, se ha dejado que durante siglos la Iglesia sea territorio comanche, ciudad de Dios pero ciudad sin ley, santuario sagrado al margen de la Inspección de Hacienda, mientras el nacionalcatolicismo rampante ganaba poder y sustentaba a los fascistas de Franco primero y a sus herederos ultraconservadores, en democracia, después. Por supuesto, el examen del dinero eclesiástico siempre se ha dejado para cuando llegue la resurrección de los muertos. Y es que los obispos, de toda la vida, han ido bajo palio fiscal.
