El Ayuntamiento de Badalona iniciará después de verano los trámites para poder cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a edificios propiedad de la Iglesia y que realizan actividades económicas, en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de junio que cuestiona la legalidad de las exenciones fiscales para escuelas privadas o concertadas vinculadas a la institución.
Según cálculos del Ayuntamiento, la Iglesia Católica y otras asociaciones confesionales dejan de tributar más de 350.000 euros a las arcas municipales, un 65% correspondiente a 19 inmuebles destinados a la enseñanza privada, algo sobre lo que el Gobierno municipal ha alertado que podría suponer una irregularidad, ya que son susceptibles de estar recibiendo ayudas contrarias a la libre competencia.
En este sentido, el gobierno enviará requerimientos para informarse de qué actividad se lleva a cabo en dicho espacio, los metros cuadrados necesarios y su financiación. De este modo pretenden determinar qué cantidad de IBI pueden cobrar de los 230.000 euros que fueron bonificados este último 2016.
Antes de poder dar cualquier paso, no obstante, Badalona apunta que el Estado deberá modificar la normativa para ajustarse a este nueva sentencia europea. Por eso, creen que el primer año en que podría hacerse el primer cobro sería el 2018.
El documento del Tribunal Europeo dictamina que las bonificaciones a la Iglesia pueden constituir ayudas estatales prohibidas si se otorgan respecto de actividades económicas.
