Un técnico sanitario habla con un sacerdote en el interior del hospital Temporal de la Comunidad de Madrid en IFEMA para pacientes con Covid-19, en Madrid el 31 de marzo de 2020.
Madrid firma un nuevo convenio por ocho años con un presupuesto anual de más de un millón, condicionado por un acuerdo firmado entre España y la Santa Sede en 1985. El documento matiza que los religiosos pueden participar en los comités pero sin «suponer injerencia» en la actuación sanitaria
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha firmado un nuevo convenio que regula la asistencia religiosa católica en los hospitales públicos. El vigente hasta ahora venía heredado de la época de Alberto Ruiz-Gallardón –aunque antes hubo otro– y se renovaba automáticamente cada año. También con la expresidenta Cristina Cifuentes. Ahora, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha redactado un acuerdo, muy similar al que existía, para adaptarlo a la actual ley de contratos que mantiene a 53 religiosos a tiempo completo y otros 20 con jornada parcial en centros sanitarios de la región, según el documento publicado en el BOCM. El convenio, sellado por cuatro años pero renovable hasta ocho, tiene un coste anual para el erario público de alrededor de un millón de euros (937.187,76) en salarios, a lo que hay que sumar los impuestos asociados a su contratación y los «gastos de adquisición, mantenimiento y renovación del equipamiento necesario del servicio. El presupuesto no ha variado en los últimos años.
El número de capellanes asignados a cada hospital, cuyos sueldos asume la Consejería de Sanidad pese a que no son personal del Servicio Madrileño de Salud, se establece en función del total de camas. Según lo marcado por este convenio, firmado con la Provincia Eclesiástica de Madrid, son cuatro religiosos menos a jornada completa pero ocho más a tiempo parcial, en comparación con los últimos datos disponibles del año 2016. A los centros de menos de 100 puestos les corresponde un capellán, a los que tienen hasta 250, dos (uno completo y otro parcial); y así progresivamente hasta los hospitales más grandes –con más de 800 camas– que pueden tener hasta cinco curas, como La Paz.
Las ratios no las fija Madrid sino que se trasponen de un acuerdo de 1985 firmado entre el Estado español y la Santa Sede que regula esta asistencia católica. Con la transferencia de competencias, ahora son los ejecutivos autonómicos los que asumen el coste de esta asistencia. Entre los cometidos del servicio están las «visitas a los enfermos», la «celebración de los actos de culto y la administración de sacramentos», el «asesoramiento en cuestiones religiosas y morales» y «cuidar la dimensión espiritual» de los pacientes en paliativos y sus familias. Durante la pandemia, los sacerdotes han continuado –excepto los que estaban en situación de riesgo– trabajando en los hospitales y también en Ifema y en los hoteles medicalizados, según la Diócesis de Madrid, que precisa que todos eran «voluntarios» y no fueron pagados por el Ejecutivo autonómico por los servicios.
La asistencia católica es la única que se sostiene con dinero de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional inició conversaciones para firmar un acuerdo similar con la Comisión Islámica a principios de 2019, con el anterior Ejecutivo, que no se ha materializado. Y el Consejo Evangélico también tiene un pacto de colaboración pero en su caso el acompañamiento se financia con fondos propios.
El nuevo convenio, diseñado por el Gobierno de Ayuso, mantiene una cláusula que ya causó polémica en 2008, cuando se ratificó el primer convenio de Gallardón: los religiosos pueden formar parte del Comité de Ética y Cuidados Paliativos de los centros, es decir, engrosar el grupo que aconseja –sin que sus decisiones sean vinculantes– a los médicos y los pacientes en coyunturas que pueden generar dudas éticas, como desconectar del soporte vital a un paciente terminal o con sufrimiento. El Ejecutivo ha decidido seguir permitiendo su participación en los comités, aunque con una nota a pie de página que se añade como novedad: «Sin suponer injerencia en las actuaciones del equipo sanitario y en todo caso con respeto a la voluntad de los pacientes».
La Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad en 2017, a propuesta del PSOE, una ley de muerte digna que trata de garantizar un marco legal para el paciente que desee recibir cuidados paliativos dentro del «respeto a la libertad» que incluye el rechazo de los tratamientos o la sedación paliativa. El consejero de Sanidad madrileño rechazó hace unos meses la ley de eutanasia que iniciaba su andadura en el Congreso de los Diputados y defendió la autonómica. «Cuando uno está en ausencia de dolor las decisiones se toman de otra manera», dijo.
«Forman parte de los comités por su formación en bioética»
La Diócesis de Madrid resta peso a los capellanes que están en los comités. «Algunos comités ni siquiera están en funcionamiento y en todo caso sus decisiones no son vinculantes», aseguran fuentes de la Diócesis que señalan que los religiosos que entran a formar parte lo hacen «por su formación en bioética, no por su condición». Fuentes cercanas a un comité de un gran hospital madrileño aseguran que las decisiones se deliberan y se toman por consenso, sin que haya normalmente estridencias por parte de los religiosos.
La Iglesia defiende que los sacerdotes hacen «una labor importante para mucha gente» que está en momentos difíciles y que «el derecho a la asistencia religiosa está reconocido en nuestro estado aconfesional». Este medio no ha recibido respuesta de la Consejería de Sanidad sobre el nuevo convenio.
«No veo la necesidad de que formen parte sistemáticamente del comité. Puedo entender que manifiesten su opinión pero nunca vinculante y en el caso de los cuidados paliativos debe ser el paciente el que lo solicite», expresa Carlos Castaño, traumatólogo del hospital La Paz y presidente de Afem. En su opinión, la financiación pública, si existe, debería distribuirse «entre distintas organizaciones religiosas de forma ponderada». «Habría que tener en cuenta el mismo derecho para otras confesiones. Dado que los recursos son limitados, si un convenio similar se extiende a otras confesiones quizás no deberían abonarse sueldos ni seguridad social a un personal que no depende del Centro Sanitario ni del SERMAS», apunta.
Estos comités, siempre a petición de pacientes y profesionales, analizan y asesoran en los conflictos éticos asistenciales como parte consultiva. Están formados por miembros de diversos ámbitos del hospital. No solo hay representantes sanitarios también se vinculan a ellos especialistas en Derecho o Trabajo Social y, entre ellas, se contempla la incorporación de las personas que proporcionan asistencia religiosa, según el decreto que los regula en la Comunidad de Madrid, Estos últimos se pronuncian en todos los casos, «no solo en aquellos de pacientes católicos», aseguraban a elDiario desde la Consejería en 2017.
