Hace 60 años, en un barrio al sur de Madrid (Comillas), había una piscina que separaba a los hombres de las mujeres, a las chicas de los chicos. Yo la conocí y doy fe de ello. Hoy parecería absurdo, y entonces también lo era. Algo así sucede con la educación en determinados centros educativos que separan a los niños de las niñas. Hoy resulta un anacronismo sin sentido que contradice nuestra Constitución y me recuerda a aquella piscina y a los colegios en el franquismo que también separaban por sexo.
Los datos de la cuestión son los siguientes: 87 colegios segregan por sexo en toda España, a la cabeza está Madrid con 18 centros. La gran mayoría pertenecen al Opus Dei y reciben cientos de millones de euros de conciertos. Hablamos de colegios con idearios machistas y segregadores apoyados por la ultraderecha, que rechazan abiertamente el principio de coeducación sin ningún argumento consistente.
¿Hay alguna razón social o pedagógica para rechazar la coeducación? Evidentemente, no. Hay que recordar que la coeducación consiste en desarrollar todas las capacidades de niños y niñas a través de una educación mixta. Significa que todas las personas sean educadas con los mismos valores y metodología educativa. Su objetivo es fomentar relaciones igualitarias y más justas al evitar el predominio o jerarquización de un género sobre otro.
Los argumentos de los defensores de lo que llaman para disimular “educación diferenciada” es la supuesta mejora de los resultados académicos y la libertad de elección de los padres. En relación con lo primero, no hay ningún estudio que lo confirme, sino más bien lo contrario. Por ejemplo, como se puede ver en el ranking de colegios de la Comunidad de Madrid, los dos primeros colegios segregadores aparecen en los puestos setenta y la mayoría por encima de los trecientos, sobre 650 colegios. Es decir, están en la mitad de la tabla, son centros mediocres a pesar de ser centros de élite con un alumnado seleccionado.
Sin olvidar, que en los colegios no solo se enseña, sino que se educa y se socializa. Desde el punto de vista del desarrollo moral del alumnado, los beneficios de la coeducación son los valores de tolerancia, igualdad y superación del sexismo. La revista Science ya desmontó este argumento con un estudio (La pseudociencia de la escolarización por sexos) diciendo que los resultados académicos no son sólidos y que lo único que consigue la educación separada es aumentar el sexismo y solidificar los estereotipos. Afirmaba también que segregar por sexo equivalía a segregar por raza o procedencia y aumentaba los prejuicios y la inequidad.
El argumento de la libertad de elección no puede ser algo absoluto y tiene el límite del interés superior del menor: su educación no puede perjudicar los valores éticos y humanos del niño o niña. Por ejemplo, ¿acaso la libertad de elección ampara la decisión paterna de adoctrinamiento, educación patriarcal, racista, sexista, o en valores contrarios a los derechos humanos? Algunos defensores de esta libertad sin límite pondrían el grito en el cielo con las escuelas en Afganistán, que utilizan parecidos argumentos aliñados con ideas religiosas fundamentalistas y patriarcales. Por cierto, cuando se ponen ejemplos de educación segregada en países desarrollados, hay que decir que son muy pocos centros, mayoritariamente privados, todos religiosos, no reciben fondos públicos y no son precisamente países modélicos en materia de igualdad.
Una de las defensoras de la educación segregada argumentaba que “muchos problemas sexuales se generan en los colegios mixtos porque los alumnos inician relaciones sexuales muy pronto. El número de embarazos en la escuela mixta es escalofriante, el número de acosos sexuales también”. Algo que evidentemente no es cierto y que indica una obsesión por el sexo de mentes tan perjudicadas que también se oponen a la educación afectivo-sexual. Estos prejuicios conectan con un catolicismo arcaico que nos remite a lo que decía el Papa Pio XI hace casi un siglo (1930) en una encíclica: “la escuela mixta promueve la promiscuidad y la igualdad”.
Todo ello nos lleva a una segunda reflexión ¿por qué tenemos que pagar con recursos públicos el disparate pedagógico que supone la segregación? Lo grave es que esos centros los financiamos entre todos, incluidos aquellos a los que nos parece una aberración. Como son dineros públicos, lo primero es saber cuánto nos gastamos. Hay un principio de trasparencia que obliga a informar y a no ocultar este gasto. Por ejemplo: Cataluña ha reconocido que se gasta 43 millones de euros en conciertos a 16 colegios que segregan por sexo. En Madrid, donde hay 18 de estos centros, en 2019 se pagaban 43 millones de euros. El Gobierno de Ayuso tiene la obligación de decir cuántos colegios son y cuántos millones de euros de dinero público suponen en estos momentos. Para ello, Unidas Podemos hemos presentado una propuesta en la Asamblea de Madrid. El Gobierno no ha contestado, porque es seguro que han aumentado respecto al último dato conocido, y se ha limitado a repetir rancias cantinelas sobre las diferencias entre las niñas y los niños. No informar contraviene la ley y es una desvergüenza política: estos conciertos suponen pagar lujos religiosos a gente con recursos y robar inversión a la educación pública.
Por último, hay que poner en cuestión estos conciertos por razones legales. La LOMLOE, ley orgánica estatal 3/2020 de Educación, lo impide expresamente en su Disposición Adicional 25 del artículo 83. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha intentado blindar estos conciertos para centros segregadores con la mal llamada ley maestra de libertad educativa. Estos conciertos no son legales, no producen ningún beneficio pedagógico y obedecen a una concepción sectario-religiosa. El tipo de educación que financian parte de una concepción patriarcal y machista de la sociedad y es discriminatoria para la mujer. Algo que, si es un escándalo siempre, lo es más aún cuando decenas de miles de personas han salido a las calles en España este 8 de marzo para reivindicar la igualdad como un derecho incuestionable.
La LOMLOE es una norma legal de rango superior y el Gobierno central debería recurrir esta ley al Tribunal Constitucional para defender las competencias del Estado y la jerarquía normativa, la coeducación y la educación pública. Y como es ilegal, en Cataluña han anunciado que el curso próximo retirarán los conciertos a los centros que segreguen y no coeduquen. Ese es el camino porque no hay marcha atrás en el camino hacia la igualdad real. Las clases deben de ser mixtas, como lo es cualquier grupo social en su diversidad y el mundo en el que vivimos.
