La Iglesia condena el ataque contra la libertad religiosa y advierte de que no mejorará la seguridad de menores
El parlamento del Territorio de la Capital Australiana (ACT) ha aprobado una ley que obligará a los curas a romper el secreto de confesión cuando el penitente revele detalles de abusos sexuales a niños. Legislación contra la que ha cargado el arzobispo de Canberra-Goulburn, Christopher Prowse, quien ha criticado que haga peligrar la libertad religiosa a la vez que no mejora en nada la seguridad de los menores.
«El Gobierno pone en peligro a la libertad religiosa al nombrarse experto en las prácticas religiosas y al intentar cambiar el sacramento de confesión a la vez que no proporciona ninguna mejor en la seguridad de los niños», escribió Prowse en una tribuna en los periódicos Fairfax. El prelado ofrecía estas palabras en el mismo día en que el parlamento del ACT aprobaba la extensión del ya existente «esquema de conductas denunciables» a las organizaciones religiosas.
La obligación de que los sacerdotes del ACT denuncien acusaciones, ofensas o convicciones de crímenes contra niños de los que tengan conocimiento en el confesionario entrará en vigor el próximo 31 de marzo. Hasta entonces, la Iglesia tendrá tiempo para discutir con el Gobierno sobre cómo se implementará exactamente.
El ministro de Justicia del ACT, el exministro protestante Gordon Ramsay, dijo al Canberra Times que como hombre de fe tiene la responsabilidad de separar sus creencias religiosas de su papel como cargo público. «Tal y como dijo el Ministro Jefe al introducir esta legislación, la cuestión difícil de cómo tratar la confesión religiosa es compleja, y actualmente forma parte de una conversación nacional», reconoció Ramsay. «La consideración de la confesión es importante y una discusión que se ha de tener con la comunidad y con los líderes religiosos», añadió.
Aunque el arzobispo Prowse afirma que «tristemente, romper el sello sagrado de confesión no impedirá el abuso», las víctimas no lo tienen tan claro.
«El liderazgo de la Iglesia católica ha dejado claro que la protección de sus rituales religiosos es una prioridad superior a la que proteger a los niños a su cargo», criticó el activista anti-pederastia Damian De Marco al Canberra Times. «Dadas las instrucciones del arzobispo [Prowse] a su personal a que desatienden a las leyes de protección infantil del ACT y a que sigan a su vez las leyes de otro país [la Santa Sede], el licenciamiento de esta organización de cuidar de nuestros niños es indefendible».
Con esta nueva ley, el ACT se convierte en el primer territorio australiano en adoptar una recomendación clave de la Real Comisión sobre Respuestas Institucionales al Abuso Infantil, que concluyó su trabajo el año pasado tras escuchar a casi 4.500 víctimas de abusos sexuales. No está del todo claro, por el momento, si otros estados seguirán su ejemplo, aunque algunos presidentes estatales han indicado su preferencia por que los seis premiers y dos ministros jefes aborden la cuestión de forma conjunta, en vez de por separado. Cabe recordar que, a diferencia de muchos países europeos como España, Australia no mantiene ningún concordato con la Santa Sede que pueda dificultar estos esfuerzos legislativos para regular el secreto de confesión.
