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Un informe de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència contabiliza 80 incidencias vinculadas al derecho a la libertad religiosa entre 2000 y 2021
El creciente discurso de odio especialmente contra las comunidades musulmana y judía es un «grave problema» detectado en el ‘Informe de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència del Observatori de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull que se ha presentado este miércoles y se ha realizado con el apoyo de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat.
El estudio -el primer análisis del grado de reconocimiento, respeto, protección y cumplimiento de la libertad religiosa en el país- ha registrado 80 incidencias vinculadas al derecho a la libertad religiosa durante los años 2020 y 2021. El equipo de investigación, integrado por más de 20 investigadores de distintas disciplinas, ha constatado que la mayoría de los casos estaban relacionados con las restricciones del covid en los centros de culto.
Vulneraciones
No obstante, gran parte de las vulneraciones se refieren a actos de vandalismo, interrupciones o manifestaciones contra la presencia de comunidades religiosas. La musulmana es la más afectada por las citadas incidencias (58% de los casos estudiados); le siguen la católica (20%) y la judía (16%).
En el caso del islam, las vulneraciones registradas proceden tanto de la vertiente social como de algunos partidos políticos. Esta situación, según sostiene el trabajo, revela también la importancia clave de los medios de comunicación en el conocimiento, entendimiento y diálogo para una mejora del cumplimiento del derecho a la libertad religiosa.
Más allá de los hechos constatados, el trabajo -cuyo periodo de estudio va del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021- defiende que Catalunya no sufre restricciones graves ni violaciones en libertad religiosa, ni existe persecución por motivos religiosos. Sí se detectan vulneraciones en algunos ámbitos, pero se constata que en el territorio catalán se garantiza el derecho a la libertad religiosa y de conciencia y la administración cuenta con herramientas y espacios para escuchar a las comunidades y velar por dicho derecho.
