A pesar de que la religión católica es profesada en todos los continentes, en algunos de ellos de forma mayoritaria, en países como Egipto, Pakistán, Irán, India, China o Argelia, son una minoría sometida a hostigamiento y persecución y, en algunos casos, son objeto de asesinatos impunes.
Amnistía Internacional considera que una persona no puede ser perseguida ni hostigada por sus creencias religiosas. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de la persona incluye el derecho a manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Miembros de la comunidad cristiana corean eslóganes mientras sostienen pancartas para condenar los ataques contra iglesias y casas en la localidad de Jaranwala, en Faisalabad, Pakistán, el 16 de agosto de 2023. © REUTERS/Akhtar Soomro
En Pakistán las acusaciones de blasfemia desatan la violencia contra la minoría cristiana. Las leyes sobre la blasfemia son imprecisas, generales y coercitivas, y dan pie a abusos e incumplen las obligaciones jurídicas internacionales contraídas por Pakistán de respetar y proteger los derechos humanos, entre ellos la libertad de religión o credo y la libertad de opinión y expresión.
El 16 de agosto de 2023, tras las denuncias de blasfemia formuladas contra dos personas cristianas residentes de Jaranwala, en el distrito de Faisalabad, multitudes parapoliciales atacaron al menos cinco iglesias de la zona. Este mismo año, el 7 de agosto de 2023, un maestro acusado de blasfemia en Turbat fue muerto a tiros.
En enero de 2022, otra mujer también fue condenada a muerte por las autoridades pakistaníes por haber enviado por WhatsApp unos mensajes supuestamente “blasfemos” y octubre, en Ghotki, un hombre con discapacidad física murió ahogado en el estanque del templo en el que vivía porque un visitante lo acusó de blasfemia.
Varias personas sostienen pancartas durante una protesta contra lo que consideran ataques a la comunidad cristiana, iglesias e instituciones de toda la India, 12 de abril de 2023. © REUTERS/Francis Mascarenhas
El caso quizá más famoso, que provocó solidaridad internacional sin precedentes, fue el de la mujer cristiana, Aasia Noreen, conocida como Aasia Bibi.
En junio de 2009 Aasia trabajaba como bracera en el campo y la esposa de un anciano de la aldea le pidió que trajera agua para beber. Al parecer otras braceras musulmanas se negaron a beber del agua, afirmando que era sacrílego e “impuro” aceptar agua de Aasia Bibi, dado que no era musulmana. Aasia Bibi se sintió ofendida y se desencadenó una discusión entre las mujeres. Estas llevaron el caso el clérigo de la localidad y la acusaron de haber hecho comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma. El clérigo informó a la policía local, y aquí comenzó su pesadilla por culpa del sistema judicial paquistaní. Aasia fue condenada a muerte en Pakistán por blasfemia en 2010. Tras una gran presión internacional y tras pasar ocho años en la cárcel, el Tribunal Supremo la absolvió de todos los cargos por falta de pruebas.
Tras conocerse la absolución, se produjeron protestas violentas en las principales ciudades del país, y multitudes enfurecidas bloquearon carreteras e incendiaron vehículos. El entonces primer ministro Imran Khan apareció en televisión para confirmar la absolución y denunciar la violencia. Sin embargo, tras dos días de protestas, su gobierno dio marcha atrás, y accedió a que el Tribunal Supremo admitiera una “petición de revisión” que buscaba revocar la absolución. En 2019 pudo por fin salir de la cárcel, aunque tuvo que abandonar Pakistan en el mayor de los secretismos.
Shagufta Kausar y Shafqat Emmanuel fueron declarados culpables por enviar presuntamente mensajes de texto “blasfemos” al clérigo de una mezquita. © Particular
Otra pareja cristiana,Shagufta Kausar y su esposo, Shafqat Emmanuel, también fue condenada a muerte tras ser declarada culpable de blasfemia. Pasaron siete años en prisión en espera de poder recurrir su fallo condenatorio. En 2021 fueron absueltos.
Amnistía Internacional considera que Pakistan debe derogar las leyes sobre blasfemia y que cualquier nueva legislación respete plenamente el derecho internacional y las normas internacionales de protección a las minorías religiosas.
También consideramos que son abusivas y vulneran los derechos de las minorías las leyes vigentes en Egipto relacionadas con libertad de culto, por discriminatorias, y porque constituyen una amenaza tanto para la población cristiana como para sus bienes e iglesias.
En Egipto, el derecho a construir o reparar iglesias sigue restringido por una ley de 2016 que exige la aprobación de las agencias de seguridad y otros órganos estatales; según la organización Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, sólo al 45% de los solicitantes se les concede la aprobación preliminar para construir o reparar iglesias desde la promulgación de la ley.
En enero 2022, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a nueve residentes del pueblo de Ezbet Farag Allah, gobernación de El Minya, y los mantuvieron recluidos durante tres meses en espera de que se investigasen las acusaciones contra ellos de “participar en una concentración” y “cometer un acto terrorista” por protestar pacíficamente contra la negativa de las autoridades a reconstruir la única iglesia de su pueblo; los nueve quedaron en libertad sin juicio. Miembros de minorías religiosas, personas ateas y otras personas que no profesaban las creencias religiosas autorizadas por el Estado fueron enjuiciadas y encarceladas por “difamación de la religión” y otros cargos falsos.
Patrick George Zaki. © eipr.org
También fue detenido el joven investigador y defensor de los derechos humanos Patrick George Zaki,acusadode difundir noticias falsas en relación con un artículo que publicó en 2019 sobre la discriminación que sufren las personas cristianas coptas en Egipto; quedó en libertad provisional en diciembre de 2021, después de 22 meses en detención arbitraria, y posteriormente liberado.
El estado de Karnataka, en India, aprobó una ley en 2022 —sin someterla previamente a consulta pública ni legislativa— que ilegalizaba los matrimonios cuando un familiar o una persona conocida de uno de los cónyuges denunciaba que su conversión religiosa había sido forzada, y castigaba esas conversiones con hasta 10 años de prisión. El 11 de noviembre de ese año, cinco hombres fueron detenidos en Karnataka acusados de conversión forzada. En Uttar Pradesh, donde se había aprobado una ley similar en 2021, se produjeron ataques y actos de violencia contra personas de religión cristiana por denuncias de conversión forzada.
En Irán las minorías religiosas, incluida la cristiana, sufren discriminación en la legislación y en la práctica, especialmente en el acceso a la educación, el trabajo, la adopción, los cargos políticos y los lugares de culto. Por ejemplo en 2022 cientos de personas fueron detenidas de forma arbitraria, procesadas injustamente, torturadas o sometidas a malos tratos u otras formas de hostigamiento por profesar o practicar su fe.
En 2022 Amnistía Internacional documentó cómo las autoridades iraníes efectuaron registros en casas iglesia y sometieron a las personas convertidas al cristianismo a detenciones arbitrarias, confiscación de bienes personales, enjuiciamiento por cargos relacionados con la seguridad nacional y castigos como encarcelamiento, multas y “exilio” interno.
Miembros de la comunidad cristiana corean eslóganes mientras sostienen pancartas para condenar los ataques contra iglesias y casas. © REUTERS/Akhtar Soomro
En Argelia, según la Ley 06-03, las asociaciones religiosas no musulmanas deben registrar los lugares de culto, lo que limita el culto a los lugares registrados. La ley también prohíbe el proselitismo entre musulmanes en nombre de otras confesiones y la difusión de materiales destinados a “sacudir la fe de un musulmán”. Bajo esta ley, el cristiano converso Foudhil Bahloul fue condenado en diciembre de 2021 a seis meses de prisión con suspensión de pena y a una multa de 100.000 dinares argelinos (unos 670 dólares) por una transferencia de 200 euros considerada “donación no autorizada”.
En China desde la entrada en vigor de la “Normativa de Asuntos Religiosos” modificada, el 1 de febrero de 2018, las “casas iglesia” han denunciado más actos de represión en todo el país, especialmente en las provincias de Henan, Zhejiang, Guangdong y Heilongjiang. Las autoridades han retirado cruces y lemas cristianos de los edificios de las iglesias, han confiscado o destrozado sus propiedades, ordenado su clausura e interrogado a sus dirigentes y miembros.
Los gobiernos deben promover estrategias integrales de lucha contra la discriminación de las minorías religiosas y revocar las leyes que permiten y favorecen esta discriminación; también deben iniciar cuanto antes procesos de investigación independientes sobre los ataques sectarios sufridos por estas minorías cristianas para que los responsables de estos ataques no queden impunes, así como tomar medidas para impedir que vuelvan a ocurrir.
