La formación dice que la demanda contra la Iglesia “no es una cuestión religiosa”, sino que busca la “recuperación del patrimonio público”
Podemos blandió ayer la iglesia prerrománica de Santa Cristina de Lena como punta de lanza para solicitar la devolución de los bienes inmatriculados por la Iglesia en Asturias desde 1946, empezando por el propio templo lenense. El diputado Rafael Palacios se desplazó ayer hasta el santuario para anunciar las iniciativas que adoptará la formación: “No se trata de una cuestión religiosa, sino de la recuperación del patrimonio público”.
Rafael Palacios anunció que Podemos Asturies está preparando una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno regional solicite al del Estado la reclamación de estos bienes. Para el diputado “los más de 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia son un escándalo jurídico y económico, más doloroso en el caso del prerrománico asturiano”.
La Iglesia Católica inmatriculó en Asturias un total de 549 bienes desde 1998. Así se desprende del listado remitido en mayo al Congreso en el que se recogen las propiedades que la institución religiosa ha registrado a su nombre y que en toda España ascienden a 34.961.
En el Principado la Iglesia ha registrado a su nombre cientos de terrenos, iglesias, capillas, ermitas, cementerios o fincas. Destacan en el listado el convento de Las Clarisas, en Villaviciosa, o iglesias como la de San Lorenzo, en Gijón; la basílica de San Juan el Real y la iglesia de Santa María la Real de la Corte, en Oviedo, o San Nicolás, en Avilés.
Podemos considera esencial la implicación de los ayuntamientos a la hora de lograr la devolución de los bienes inmatriculados: “Los consistorios se deben involucrar se activamente, estableciendo como primer paso un listado de bienes mediante las exenciones del IBI”, señalan desde la formación morada.
Inmatricular es inscribir algo por primera vez en el registro de la propiedad. Suele aplicarse con frecuencia a numerosos inmuebles que fueron inscritos en virtud de una ley formulada en 1946. Uno de los artículos de la norma quedó anulado en el año 2015, pero su inhabilitación no tuvo carácter retroactivo. En 1946 una reforma de la ley hipotecaria otorgó a la Iglesia la misma autoridad para inmatricular que a cualquier otra administración pública. Hasta 1998 esa capacidad no afectaba a los lugares de culto.
