Nada ha dicho de qué pudo suceder para que el listado con 553 bienes inmatriculados por la Iglesia asturiana durmiera en un cajón del Gobierno del Principado, en el área de Justicia, durante un año, sin que llegara a su destino en la Junta General. Pero la consejera de Cultura, Berta Piñán ha prometido continuar investigando el estado de la propiedad de los bienes incluidos en el Libro Blanco del Prerrománico asturiano. Piñán ha explicado que mantendrá su compromiso de averiguar si fueron inmatriculados por el Arzobispado de Oviedo o por la diócesis, tal y como acordó con el Grupo de Inmatriculaciones en una reunión celebrada en el mes de enero de este año. En concreto, está a la espera de recibir las notas simples registrales de la Catedral de Oviedo, de la fuente de La Foncalada o del templo de San Julián de los Prados. La información de San Julián, sin embargo, ya obra en poder del Grupo de Inmatriculaciones, que también está trabajando por su cuenta, y revela que fue inscrita como un templo dentro de un antiguo cementerio en el año 1981. Se da la circunstancia, además, de que es el único bien del prerrománico en el que sigue habiendo culto.
Las inmatriculaciones del prerrománico han vuelto al parlamento asturiano de la mano del diputado de Podemos Rafael Palacios, que ha presentado una pregunta sobre el tema en la Comisión de Cultura, Política Llingüística y Turismo. En concreto, Palacios ha interpelado a Piñán sobre «si abrió o va abrir una investigación para saber quién tomó la decisión de no informar a la Junta General sobre los bienes del prerrománico asturiano inmatriculados por la Iglesia, mientas anunciaba en sede parlamentaria que iban a solicitar una información de la que supuestamente ya disponían desde hacía un año». Palacios ha recordado que la consejera ha abierto una investigación cuando su propio Gobierno contaba con documentación importante que ni había compartido con Cultura ni tampoco con la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales, que es el organismo a través del que se está intentando conocer la forma de proceder de la Iglesia asturiana.
Piñán ha evitado cualquier polémica interna. Se ha limitado a reconocer que hasta el 20 de mayo de este año no ha sabido nada de ese listado de 553 bienes inmatriculados remitido por el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Enrique Español Batalla, y fechado en abril de 2019, un mes y un año antes. La destinataria de ese documento era la Consejería de Presidencia y de Participación Ciudadana. Ha precisado que su compromiso radica en saber qué ha pasado con el prerrománico asturiano, protegido por la Unesco y recogidosen el Libro Blanco, y no rastrear todos y cada uno de los bienes que la Iglesia ha podido poner a su nombre sin aportar ningún documento que confirme su titularidad, salvo una declaración jurada. Una vez que Cultura ya tiene ese listado de 553 propiedades ha comprobado que no hay ni rastro del prerrománico, por lo que seguirá adelante.
No será la última vez que este tema se aborde en la Cámara. Rafael Palacios ha señalado que seguirá reclamando toda la información necesaria para esclarecer lo ocurrido con este patrimonio. El diputado de Podemos ha insistido en que el nuevo listado con 553 anotaciones es más amplio pero sigue incompleto. Ha recordado que no aporta información crucial como fechas o descripciones detalladas de los bienes, por lo que es complicado identificar. Sigue echando de menos un inventario mucho más completo.
Ese es también el punto de vista del Grupo de Inmatriculaciones, el colectivo civil que está liderando las pesquisas en Asturias y que forma parte de la coordinadora nacional Recuperando, centrada en saber cómo aprovechó la Iglesia la Ley Hipotecaria del año 1946 y la posterior reforma de 1998 del Gobierno de José María Aznar que amplió aún más su margen de maniobra. Entiende que falta información crucial.
