La Junta General insta al Consejo de Gobierno a recabar y trasladar a la Cámara información detallada de todas las inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica desde 1946. (Vídeo intervenciones)
Esta mañana se ha presentado en el Pleno de la Junta General del Principado una PNL conjunta de los grupos IU y Podemos “sobre remisión a la Cámara de información detallada de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica (en cualquiera de sus denominaciones). desde 1946, al amparo de los arts. 206 LH y 304 RH.
La proposición por la que la “Junta General del Principado insta al Consejo de Gobierno a que, en el más breve espacio de tiempo posible, recabe y traslade a esta Cámara información detallada de TODAS las inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica (en cualquiera de sus denominaciones) desde 1946, al amparo de los arts. 206 LH y 304 RH”, salió adelante con el respaldo de Ciudadanos y PSOE, mientras que PP, Foro y Vox votaron en contra: 31 a favor, 14 en contra.
Fue presentada por la diputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina. Tras ella intervino Rafael Palacios (Podemos) para continuar con las intervenciones de Ignacio Blanco (VOX), Adrián Pumares (Foro), Gloria García Fernández (PP) y Lidia Fernández Fernández (PSOE) -quien señalaría que el Ejecutivo autonómico ya está trabajando para disponer de esa información y que, en cuando disponga de ella, la remitirá al parlamento asturiano tal y como se solicita en la proposición-.
___________________________
Texto PNL aprobada (PDF)
____________________________________
________________________________
En prensa
1.-Europa Press y 20 minutos recogen la información
La Junta General pide disponer de información detallada sobre las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1946
Tanto la portavoz de IU, Ángela Vallina, como el diputado de Podemos, Rafael Palacios, han puesto el acento en la necesidad de conocer el detalle de todas las inmatriculaciones, con especial interés en los bienes del arte Prerrománico inmatriculados a favor del Arzobispado de Oviedo, cuando fueron construidos entre los siglos VIII y X por la monarquía asturiana y no por la Iglesia.
La diputada socialista Lidia Fernández ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya está llevando a cabo las gestiones para disponer de esa información y que, en cuando disponga de ella, la remitirá al parlamento asturiano como se solicita en la proposición.
Fernández ha apuntado que inmatricular supone una primera inscripción en el Registro de la Propiedad, pero esto “no tiene carácter constitutivo sino declarativo”. Asimismo, ha dicho que los socialistas comparten la argumentación de IU y Podemos en lo relativo a la “posición privilegiada” que históricamente ha tenido la Iglesia en España para inmatricular los bienes que ha considerado oportuno.
En este sentido, la diputada del PSOE entiende que “analizar esta situación no supone ni tiene nada que ver con las creencias religiosas que cualquier ciudadano pueda tener”, por lo que considera legítimo “revisar” la forma con la que la Iglesia a utilizado dicho privilegio, asegurando que el Principado ha facilitado a la Junta toda la información de la que dispone hasta ahora y continuará haciéndolo.
Contrarios a la iniciativa se han mostrado los diputados de PP, Foro y Vox, coincidiendo en señalar la legalidad del proceso de inmatriculación y reprochando a los partidos proponentes su discurso contra la Iglesia.
2.-RTPA:
La Junta reclama el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946
Así se recoge en una iniciativa conjunta de IU y Podemos que hoy han defendido en la Junta General del Principado y que ha contado con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, mientras que el PP, Foro y Vox votaron en contra de esta proposición no de ley con la que consideran que solo se quiere atacar a la Iglesia.
Desde que en 2017 se solicitó la primera información de la Junta General de los bienes inmatriculados por la Iglesia te tiempo, sólo se ha conseguido información de los que lo fueron con posterioridad a 1998 aunque, según los proponentes, de forma “muy limitada y que no permite identificar la mayoría de bienes”.
Para IU y Podemos, por lo tanto, sólo se ha trasladado una información “notoriamente insuficiente e inadecuada para dilucidar el tamaño real del escándalo y encontrar posibles vías de solución”.
La Coordinadora Recuperando, que ha presentado la semana pasada una iniciativa parlamentaria similar en el Congreso de los Diputados, estima que en todo el país podrían formar parte de ese listado unos 100.000 templos, dependencias complementarias, terrenos, viviendas, solares o locales.
Hasta el momento, el Gobierno central dio a conocer en el mes de febrero un listado que incluía únicamente los bienes inmatriculados entre 1998 y 2015, un total de 34.961, de los que 549 están ubicados en Asturias.
El Gobierno asturiano ya ha pedido al Colegio de Registradores de Asturias hace meses información sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia antes de la reforma hipotecaria de 1998 y está analizando la situación de los bienes incluidos en el libro blanco del prerrománico asturiano, como San Julián de los Prados o San Miguel de Lillo o San Miguel de Valdediós.
La información que se obtenga será trasladada puntualmente a la Junta General del Principado, según ha señalado hoy la socialista Lidia Fernández, que considera que la proposición ya está siendo ejecutada por el Ejecutivo asturiano.
El Grupo Inmatriculaciones Asturias también ha pedido que se recopilen y hagan públicas todas la notas registrales simples de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 en las que se aportó únicamente una certificación eclesiástica así como la anulación de todas las inscripciones realizadas desde 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida amparándose en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Asimismo, ha reclamado que se anulen las inscripciones de lugares de culto realizadas antes de la reforma hipotecaria de 1998 y la elaboración de una Ley de Patrimonio que establezca que el patrimonio histórico y cultural inventariado de raíz religiosa, con independencia del uso litúrgico a que se destine, quede afecto al dominio público como sucede en países como Francia o Portugal.
