La labor de todos los periodistas puede verse comprometida si el Reino Unido autoriza la extradición de Assange a EE UU
Esta es una época de incertidumbre, muy propicia a relatos sesgados y formidables manipulaciones: aumenta la tensión con Rusia respecto a Lituania, un país miembro de la Alianza Atlántica; sube la inflación, existe un eventual riesgo de escasez energética en otoño, la guerra en Ucrania cumple ya cuatro meses… Todos estos escenarios exigen información verificable y libre, pero, lamentablemente, los periodistas que realizan ese trabajo profesional corren estos días un gravísimo peligro: su labor puede verse comprometida en su esencia si la justicia británica autoriza finalmente la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el creador de Wikileaks, y si se califica su trabajo de espionaje y no de periodismo.
Los lectores de El País han visto en estas páginas decenas, centenares de informaciones, importantes y verificadas, que fueron puestas al alcance de este periódico (como de Le Monde, Der Spiegel, The New York Times o The Guardian) gracias a Assange. Trataban sobre las guerras de Afganistán y de Irak, fundamentalmente sobre abusos concretos a los que había sido sometida población civil y que provocaron miles de muertos inocentes, y sobre los cables diplomáticos intercambiados por embajadas de Estados Unidos en todo el mundo y el Departamento de Estado. Todas esas informaciones, todos esos cables fueron revisados una y otra vez para impedir que ni uno solo de ellos contuviera información que pudiera poner en peligro la vida de una sola persona. Y la Fiscalía de Estados Unidos no ha sido capaz de presentar ningún caso concreto en el que la vida de un norteamericano o de un socio suyo corriera peligro por las informaciones difundidas por Wikileaks y publicadas en estos periódicos.
Si algo quedó claro en las decenas de miles de cables leídos por los periodistas que trabajaron con Assange fue que se calificaba de “secreto de Estado” a centenares de miles de documentos, comunicaciones y papeles que no tenían nada que ver con la seguridad del Estado. El secreto de Estado, recordaba el catedrático Marc Carrillo, tiene que ser una excepción, no una regla. No se puede calificar así a informaciones de interés público que autoridades y poderes simplemente no quieren que se conozcan porque comprometen su reputación, sus intereses electorales o empresariales o incluso sus puestos de trabajo.
Assange es una figura polémica y difícil de catalogar. Algunas de sus manifestaciones despiertan rechazo e incluso antipatía personal. Pero no existe duda respecto a cuál fue su trabajo y su actitud. Assange no es un espía ni un hacker que robara información delicada, sino un periodista al que se acusa de animar a una joven militar, especialista en inteligencia, a que le proporcionara ese tipo de información, hecho por el que se le imputan 17 violaciones de la ley estadounidense de Espionaje, con una pena probable de 50 años de prisión. La soldado Chelsea Manning, responsable de la filtración, fue finalmente indultada, pero Assange, que tiene 50 años y fue el responsable de su difusión, afronta prácticamente morir en la cárcel.
No es extraño que periodistas de todo el mundo se sientan gravemente amenazados. Difundir informaciones que proceden de una filtración, de un funcionario, un político, un empleado de un banco o de un laboratorio es una de las funciones evidentes del oficio. Los periodistas profesionales piden información a quien está en posesión de ella y animan a cualquier ciudadano que posea información relevante a que los ayude a darla a conocer o, ahora que existen medios tecnológicos para ello, a que las depositen de manera anónima en buzones seguros.
La extradición de Julian Assange está, en última instancia, en manos del primer ministro. Quizás Boris Johnson no quiera pasar a la historia como el político conservador británico que promovió el mayor ataque a la libertad de información de las últimas décadas. Es verdad que hace ya mucho tiempo que se están produciendo en todo el mundo recortes a la libertad de información, un estrechamiento que, bajo el pretexto de proteger a los individuos de las agresiones de los medios “amarillos”, termina por ignorar, precisamente, los ataques contra la intimidad de las personas, y por cercenar, en cambio, la libertad de información sobre hechos y cuestiones sobre las que el público tiene un interés legítimo. Este golpe sería casi definitivo. Julian Assange, con la ayuda de El País y de otros grandes periódicos europeos y norteamericanos, hizo justamente lo que tenía que hacer.
