El ayuntamiento y el Consejo de Patrimonio Cultural denegaron en 2017 el permiso de obra para rehabilitar la casa rectoral y convertirla en una vivienda residencial. El Arzobispado llevará el caso a los tribunales
En la carretera del Naranco, justo antes de los monumentos prerrománicos, se encuentra un edificio en un estado de aparente ruina. Las pintadas ensucian una fachada en la que destacan las ventanas rotas. Todas las señales indican que el inmueble está abandonado, pero no es así. Su propietario es el Arzobispado y tiene grandes planes de futuro para su casa rectoral. Su intención es rehabilitarla y levantar allí una vivienda unifamiliar. Según Somos, se trata de «un chalé de dimensiones considerables», aunque el proyecto ya obtuvo la negativa del ayuntamiento y del Consejo de Patrimonio Cultural en 2017. El motivo principal es que está ubicado a unos 100 metros de Santa María del Naranco y cerca también de San Miguel de Lillo. Ahora el Arzobispado vuelve a la carga y llevará el caso a los tribunales.
El proyecto que presentó el Arzobispado hace dos años consistía en una vivenda unifamiliar de 189 metros útiles divididos en semisótano, planta baja, primera planta y bajo cubierta. El inmuble estaría formado por tres dormitorios, cuatro baños, almacen, lavandería y dos garajes. El precio en el mercado rondaría los 600.000 euros y en su momento se especuló con la posibilidad de que la intención fuese reformar la casa para venderla posteriormente.
El informe municipal en el que se deniega la licencia de rehabilitación está fechado en marzo de 2017. Una vez informado al Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias y recabada la información necesaria, el ayuntamiento señaló que «la casa rectoral compite en volumen y presencia con el palacio prerrománico, por lo que su rehabilitación para vivienda es una actuación que incumpliría la normativa que establece que en los entornos de protección delimitados, las intervenciones y los usos no pueden alterar el carácter arquitectónico y paisajístico del área, ni perturbar la contemplación del bien».
El informe también especifica que desde su construcción el edifico ha formado parte de un equipamiento público, con uso religioso. El ayuntamiento reconoce que a medida que se ha puesto en valor el prerrománico, el uso ha ido pasando a cultural, aunque manteniendo ese carácter público. «El edificio sigue siendo parte de ese equipamiento público», recoge el documento, que añade que «no debe cambiar a residencial, y menos de carácter privado, a menos de 100 metros de un monumento que ostenta tantos reconocimientos».Recuerda el consistorio que los monumentos prerrománicos están incluidos en un conjunto histórico con nivel de protección integral monumental que forma parte del listado de patrimonio mundial de la Unesco.
Por último, ese documento recuerda que en la tramitación del Plan Especial de Protección del Entorno, y de acuerdo a la información existente en 2017, ese inmueble debería incluirse entre los que deben demolerse. A pesar de que el informe es de hace dos años, es ahora cuando el Arzobispado ha decidio plantar batalla en los tribunales y ha interpuesto recurso contra el ayuntamiento. Por el momento, parece que rehabilitación será complicada, pero deberá ser un juez el que decida.
