El ayuntamiento de Artà está dispuesto a llegar a los tribunales para recuperar la titularidad de las murallas y el recinto de Sant Salvador, uno de los emblemas del pueblo. Todos los partidos excepto el PP, votaron este lunes a favor de la moción presentada por Unió d’Independents d’Artà (UIA) para elevar, si en finalmente necesario, un recurso ante las instancias judiciales con tal de que el municipio sea el propietario de unos bienes que desdehace solo unos meses son de la Parroquia.
El consistorio artanenc defiende la titularidad pública de ambos elementos, basándose en documentación histórica y el demostrado carácter comunitario de la construcción. Un aspecto que no convenció a la Parròquia de la Transfiguració del Senyor local, que ante la desidia del anterior equipo de gobierno (precisamente de UIA y El Pi), aprovechó el pasado nueve de marzo de 2015 para inscribir a su nombre murallas y recinto. Momento a partir del cual el Ayuntamiento dispone de dos años para presentar cualquier recurso ante la Administración de Justicia. Aunque antes la corporación municipal quiere agotar las enmiendas para que desde la Parroquia se recapacite, y los bienes puedan ser públicos.
Aina Comes, portavoz de Alternativa Per Artà (AA), uno de los socios del actual equipo de gobierno junto a PSOE y El Pi, lamentó «el cinismo de la presentación de la moción por parte de UIA, pretendiendo otorgarse la iniciativa en la defensa de la titularidad pública municipal, cuando se trata de un grupo responsable directo de que el Ayuntamiento se encuentre en desventaja jurídica ante la parroquia de Artà«.
Y todo ello pese a que Inicitiva-Verds (que luego ha derivado en Alternativa) ya advirtió a finales de octubre de 2013 de la falta de inscripción pública de los elementos de Sant Salvador y el posible conflicto que podría derivarse, a lo que el anterior alcalde de Artà, Jaume Alzamora (UIA) respondió que desde hacía tiempo el consistorio estaba trabajando en ello. Lo cual se demostró que era incierto puesto que el 10 de diciembre de 2014 la Parroquia solicitó la inscripción en el registró, que meses después sería oficial.
«El único ‘trabajo’ que realizó fue el encargo de un informe histórico a finales de noviembre de 2013 (al investigador Antoni Picazo). A partir de ese momento, a parte de dar largas y badar, no se tiene conocimiento de ninguna actuación por parte de los responsables municipales», reitera Alternativa. Visto el proceso, todo parece indicar que la inmatriculación se tendrá que dirimir en los Tribunales de Justicia.
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