En el presupuesto nacional de este año, las asignaciones destinadas a obispos, arzobispos y demás miembros del clero superaron los 200 millones de pesos. Esto es posible porque aún siguen vigentes decretos-leyes de la última dictadura. La Red de Organizaciones Laicistas de nuestro país promueve un proyecto de ley para la derogación de dichas normativas, que otorgan privilegios económicos y jurídicos a la Iglesia católica apostólica romana.
La Iglesia católica apostólica romana en Argentina goza de privilegios económicos que salen del erario público y fueron otorgados durante la última dictadura cívico-militar, mediante una serie de decretos-leyes que aún siguen vigentes. La Red de Organizaciones Laicistas Argentinas (OLA) está impulsando un proyecto de ley para que sea tratado en el Congreso de la Nación, que busca la derogación de las normativas que establecen privilegios económicos y jurídicos para la Iglesia. Ya que dicho financiamiento, sostienen, entra en colisión con el principio de laicidad, que es central para las democracias, al garantizar la libertad y pluralidad de experiencias religiosas y creencias, así como las no creencias.
En el proyecto elaborado, expresan: “Luego de que, en marzo de 2018, con motivo del informe del entonces jefe de gabinete al Congreso de la Nación, se volvió a poner en debate público la cuestión del financiamiento estatal a dicha institución y luego de varias reuniones con el Poder Ejecutivo, en noviembre de ese año, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se comprometió a la reducción gradual de tales subsidios. No obstante dicho compromiso público, los subsidios se mantienen”.
Desde OLA, detallan que en el reciente Proyecto de Presupuesto Nacional 2023 está planteada una partida de $188.736.068 para obispos, arzobispos, sacerdotes y seminaristas, y agregaron: “A esas erogaciones, se les debe sumar las exenciones fiscales, subsidios educativos y otras ayudas de carácter nacional, provincial y municipal que perciben la Iglesia católica y sus instituciones”.
La Red OLA es un espacio plural y federal que está conformado por agrupaciones de un amplio arco de representatividad: de los derechos humanos, sociales, culturales, políticas, de pueblos originarios, feministas y de la diversidad sexual, religiosas y ateas. Católicas por el derecho a decidir (CDD) forma parte de esta red y han expresado la defensa del Estado laico y la diversidad cultural, y, por ello, están difundiendo una campaña para dar a conocer este proyecto y sumar el apoyo social.
Natalia Rodríguez, coordinadora del área de diálogo ecuménico e interreligioso de CDD, en diálogo con La tinta, explicó: “El proyecto de ley fue elaborado por diversas organizaciones laicistas de Argentina y al que adherimos como católicas. Demandamos derogar los decretos de la época de la dictadura militar que otorgan beneficios económicos a la Iglesia católica apostólica romana. Las asignaciones destinadas a obispos, arzobispos y demás miembros del clero superan los 200 millones de pesos del presupuesto nacional 2022. Estos privilegios concedidos a una iglesia particular evidencian un tratamiento desigual por parte del Estado y afecta el principio de laicidad, que es el que garantiza la autonomía del Estado frente a cualquier religión o iglesia”.
Tal como está detallado en el proyecto, se buscan derogar los siguientes decretos-leyes: el N° 21.540, que dispone que los obispos eméritos -retirados- reciban una asignación mensual equivalente al 70% del sueldo de un juez nacional de primera instancia. El N° 21.950, por el cual obispos y arzobispos reciben una asignación mensual del 80% del sueldo de un juez nacional de primera instancia y el N° 22.162, por el cual los curas de parroquias de frontera o “zona desfavorable” reciban una asignación mensual equivalente al sueldo de la categoría 16 de la administración pública nacional. Y el N° 22.430, que establece que los curas que ejercieron al menos cinco años reciban una asignación mensual vitalicia equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia. Estos cuatro decretos estuvieron a cargo de Videla.
También se suman el N° 22.552, a cargo de Galtieri, por el cual los vicarios capitulares o administradores apostólicos que cubren vacantes en arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados cobran el 80% del sueldo de un juez nacional de primera instancia. Y el N° 22.950, a cargo de Bignone, por el cual la Iglesia católica recibe un sostenimiento mensual por cada seminarista, equivalente al sueldo de la categoría 10 de la administración pública nacional.
Este tipo de erogaciones estatales, que provienen de todas las personas que habitan el territorio de la nación, más allá de sus creencias, vulnera el artículo 16 de la Constitución Nacional, que reconoce el principio de igualdad y de no discriminación. La importancia del laicismo como componente indispensable de la democracia es uno de los puntos más importantes sobre lo que se insiste. “Como Católicas por el Derecho a Decidir, adherimos a este proyecto porque sostenemos que la efectiva separación Iglesia-Estado profundiza los procesos democráticos, garantiza el respeto a la diversidad de religiones, cualidades, creencias y no creencias, y brinda un trato equitativo a todas en una sociedad cada vez más plural”, expresó la integrante de CDD.
Para más información, podés consultar en info@laicistas.ar y organizacioneslaicistas@gmail.com
