La sombra de una Justicia de Salta desigual, una justicia que parece medir con varas diametralmente opuestas según la sotana que vista el acusado, se cierne hoy sobre Salta con una crudeza indignante.
La sombra de una Justicia de Salta desigual, una justicia que parece medir con varas diametralmente opuestas según la sotana que vista el acusado, se cierne hoy sobre Salta con una crudeza indignante. Dos casos recientes, entrelazados por la tragedia y la desproporción, exponen una herida profunda en el sistema judicial provincial. De un lado, la pesadilla vivida por Benicio Cuellar, un docente de Tartagal. Del otro, el trato privilegiado otorgado a ministros de la Iglesia Católica acusados y condenados por graves delitos sexuales.
Benicio Cuellar dedicó su vida a la enseñanza. En febrero de 2024, esa vida se desmoronó. Una denuncia por abuso sexual, que pronto se revelaría como una cruel invención, lo llevó tras las rejas. Permaneció privado de su libertad durante un año y medio. Lo verdaderamente escandaloso, más allá de la falsedad de la acusación, es la negligencia judicial que perpetró su calvario.
En marzo de 2024, apenas un mes después de su detención, se practicó una pericia psicológica a la supuesta víctima. En esa evaluación, la joven admitió haber inventado la denuncia. Sin embargo, ese documento crucial, la prueba irrefutable de su inocencia, tardó más de un año en llegar al escritorio de la jueza que llevaba su causa. Un año de prisión preventiva, un año de condena social implacable, un año de vida robada por una burocracia incomprensible y una dilación injustificable. Benicio recuperó su libertad física hace apenas dos días, pero la marca de la infamia y el dolor de una detención injusta perdurarán.
Mientras Benicio Cuellar sufría en una celda, esperando que la verdad tardía llegara a oídos de la justicia, otro proceso judicial avanzaba con un ritmo y un tenor radicalmente distintos. Gustavo Zanchetta, ex obispo de Orán, fue condenado por abuso sexual reiterado y agravado, precisamente por su condición de ministro religioso. La gravedad de los delitos, que implicaban un abuso de poder sobre las víctimas, demandaba una respuesta ejemplar.
La Justicia de Salta, una burla
Sin embargo, la Justicia de Salta decidió que su condena a cumplimiento efectivo no se llevaría a cabo en una cárcel común, como correspondería a cualquier ciudadano, sino en un convento. No contenta con este privilegio sin precedentes para un delito de tal magnitud, la misma justicia permitió a Zanchetta viajar durante meses al Vaticano para tratarse una dolencia. Una dolencia que, según expertos consultados, podría haberse atendido perfectamente dentro del sistema penitenciario argentino.
La imagen del ex obispo condenado disfrutando de una libertad vigilada en un entorno eclesiástico cómodo, incluso viajando al extranjero, contrasta de manera obscena con la celda que ocupó Benicio Cuellar por un delito que jamás cometió. Esta comparación no es solo indignante: es una fotografía precisa de un Poder Judicial de Salta que premia a los poderosos y pisotea a los inocentes sin vínculos de poder o protección institucional.
Injusticia salteña
La vergüenza institucional del Poder Judicial salteño no culmina ahí. Hoy se conoció otra sentencia contra otro ministro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, también por abuso sexual. La condena fue de apenas tres años. Pero lo realmente inaceptable es el sigilo que rodea al caso. La justicia salteña, en una decisión que huele a encubrimiento, resolvió no difundir el nombre del cura condenado ni la iglesia a la que pertenece. Es decir, mientras Benicio Cuellar cargó públicamente con el estigma de un delito inexistente, un cura abusador condenado permanece en el anonimato más absoluto.
Esta dualidad escandalosa en la aplicación de la ley no puede pasar desapercibida. ¿Cómo es posible que un maestro inocente sea arrojado al infierno de la prisión preventiva durante dieciocho meses por una mentira demostrada rápidamente, mientras curas condenados por abusos sexuales reales y reiterados reciben condenas irrisorias y cumplen sus penas en conventos, viajan al extranjero o se ocultan tras un velo de secretismo judicial?
La respuesta parece anidar en una estructura de poder que aún otorga impunidad y privilegios a ciertas instituciones, en detrimento de los derechos fundamentales de ciudadanos comunes como Benicio Cuellar. Esta no es justicia. Es una farsa que clama al cielo por una reforma profunda e inmediata.
