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[Argentina] En la provincia de Río Negro, los candidatos al Ministerio Público de la Defensa de la ciudad de Cipoletti fueron interrogados sobre sus creencias religiosas

Los miembros de la Comisión Directiva del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) denunció el procedimiento del presidente del Superior Tribunal de Justicia y miembro del Consejo de la Magistratura de la provincia de Río que indagó sobre sus creencias religiosas a los candidatos al Ministerio Público de la Defensa.

Al tomar conocimiento de este grave hecho, y ante la justificación de que las creencias conspirarían contra la independencia de los magistrados, el CALIR condena y rechaza este accionar.

Inusitada gravedad

Con la firma del presidente Juan G. Navarro Floria, del vicepresidente Raúl Scialabba y del secretario del Consejo, Adrián Maldonado, en el mensaje señalaron el alcance de esta clase de hechos.

Afirmaron que el mismo interrogatorio constituye un atentado contra la libertad religiosa y de conciencia de los candidatos, libertad que incluye el derecho a mantener en reserva y no exteriorizar las propias creencias. Así como todas las personas tienen el derecho a manifestar las propias creencias, también tienen el derecho a no hacerlo. “Es inaudito y totalmente injustificado que se vulnere ese derecho de manera directa, por parte de un funcionario público”.

Asimismo, consideraron que “es totalmente inadmisible que el hecho de tener creencias religiosas, o no tenerlas, sea considerado un criterio de selección para el acceso a una magistratura”. Agregaron que suponer que la profesión de una fe religiosa constituye un impedimento o un demérito para el acceso a los distintos cargos en el poder judicial constituye una “grosera discriminación”.

Recordaron que esto contraría las garantías constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos que garantizan la libertad religiosa, y las leyes que sancionan incluso penalmente la discriminación por razones religiosas.

Finalmente, el CALIR se solidarizó con quienes se vieron violentados en su libertad de conciencia, y eventualmente discriminados en el acceso a la función pública, a la vez que exhortaron a las autoridades provinciales a repudiar este hecho y garantizar la regularidad de las designaciones evitando cualquier discriminación religiosa.

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