El laico consagrado Juan Aveiro, más conocido como el «hermano Juan» en el Cottolengo Don Orione, fue condenado a la pena de nueve años y seis meses de prisión efectiva por los delitos sexuales cometidos contra internos de la institución que funciona en General Lagos, un caso que conmocionó el año pasado a la región cuando se ventilaron los detalles de los abusos perpetrados por quien dictaba catequesis en la entidad benefactora.
Concretamente, Aveiro, de 35 años, fue condenado por los delitos de «abuso sexual simple agravado y abuso sexual gravemente ultrajante agravado (en ambos casos por haber sido cometido por la persona encargada de la guarda de las víctimas), abuso sexual con acceso carnal, tenencia de material pornográfico infantil, ofrecimiento y facilitamiento de pornografía infantil». La pena fue acordada en un procedimiento abreviado homologado por el juez Héctor Núñez Cartelle en la sala 4 de la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal de Rosario.
La fiscal Nora Marull, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, imputó a Juan Aveiro «hechos de abuso sexual hacia personas con diferentes grados de retrasos madurativos, quienes se encontraban bajo la guarda del imputado, miembro de la comunidad Cottolengo Don Orione de la localidad de General Lago en diversas oportunidades indeterminadas en el período comprendido entre 2010 y 2018», tal cual lo consignaron desde el Ministerio Público de la Acusación. El imputado aprovechaba los momentos en que las víctimas se encontraban a su cargo y abusaba sexualmente de ellas.
La acusación
El «hermano Juan», como se lo conocía en el Cottolengo, había sido imputado el 11 de junio del año pasado por la fiscal Marull, acusado del delito de abuso sexual agravado por su condición de guarda de las víctimas, y doblemente ultrajante agravado en uno de los tres casos detectados.
La Fiscalía determinó que el hombre aprovechaba los momentos en que las víctimas se encontraban a su cargo y abusaba sexualmente de ellas. La calificación de abuso doblemente ultrajante agravado para uno de los casos fue porque la acción que se le imputaba era aun más gravosa que el resto.
Según la investigación, una empleada del lugar, cuyo testimonio fue incorporado a la causa, aseguró: «Yo estoy muy cerca de donde él trabaja y yo lo he visto que estaba manoseando a otro chico». La mujer denunció ante la fiscal que «al chico que yo vi que manoseó es un chico que no se sabe defender y no se sabe expresar».
Desde la institución
El mismo Cottolengo tomó cartas en el asunto desde el primer momento. Tal como lo publicó oportunamente LaCapital, sus autoridades se pusieron a disposición de la investigación, y hasta tomaron sus propias medidas. Apenas denunciado el caso a fines de mayo del año pasado, aplicaron el llamado «Protocolo para denuncias sobre abuso sexual de menores o de personas vulnerables, que involucren a un miembro de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, en la Provincia Nuestra Señora de la Guardia». Estas normas indican los pasos que deben darse en el marco de la ley para actuar ante denuncias de esta naturaleza.
Una de las primeras medidas que se adoptaron, por disposición de la autoridad religiosa competente, fue el inmediato traslado del religioso en cuestión, de manera preventiva, para facilitar la investigación.
En un comunicado emitido semanas antes de la imputación del detenido, la institución indicó que «dos religiosos, designados a tal efecto por el Superior Provincial, iniciaron la investigación canónica preliminar, en la Sede del Cottolengo. Recibieron varios testimonios de los empleados de la institución como así también escucharon con especial detenimiento lo dicho por el residente en cuestión».
Tras escuchar esos testimonios, el director religioso y la coordinadora técnica del Pequeño Cottolengo acompañaron al residente al Area de Investigación en Violencia de Género, Sexual y Familiar de Rosario para radicar la denuncia correspondiente.
Prisión
En un principio, el hermano Juan fue trasladado a otro instituto en la provincia de Buenos Aires «para facilitar la investigación», tal cual se expresó desde el Cottolengo, cuando trascendió la denuncia efectuada por un interno.
El 11 de junio, la jueza Mónica Lamperti hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva de Saveiro hasta el 6 de julio, medida que el imputado debió cumplir en una cárcel común.
Pero luego fue beneficiado en dos ocasiones con la prisión domiciliaria: primero en agosto, cuando el juez de Cámara Javier Beltramone le dio la posibilidad de permanecer en un inmueble de España 974, un anexo a la Capilla Niño Dios, y luego, en octubre, en que se le otorgó el beneficio de permanecer en una quinta de Roldán, propiedad del Instituto Cristo Rey, en calle Virgen del Rosario 113, y con obligación de utilizar una tobillera electrónica.
Esto, sin embargo, generó un gran rechazo en la sociedad roldanense, y hasta el Concejo Municipal de esa ciudad se expidió al respecto. Se trataba de una verdadera mansión con un parque que tiene comunicación directa con una casa de retiros espirituales con capacidad para 63 personas en donde se hacen encuentros casi todas las semanas, denunció en su momento la fiscal.
En rigor, el imputado no llegó a cumplir la prisión domiciliaria.
Nueva imputación
En el medio, el 12 de octubre se le sumó un nuevo delito: el de tenencia y facilitamiento de material pornográfico en el que participan menores de edad. La acusación se sumó a los delitos atribuidos anteriormente, agravados por haber sido cometido por una persona encargada de la guarda de las víctimas, y abuso sexual con acceso carnal.
Esa nueva imputación surgió a partir de pericias del teléfono de Aveiro en donde se encontraron una cantidad de videos pornográficos en los cuales se podían observar personas menores de edad. Y se comprobó que el hombre compartía el material en su lugar de acción. Tanto que una de las víctimas había asegurado en su declaración en Cámara Gessel: «El (por el religioso) me mandaba videos chanchos que me daban asco», dijo uno de los jóvenes discapacitados abusado.
Ahora, y por un acuerdo entre Fiscalía y la defensa del acusado, a cargo de la abogada Nanci Sully, se llegó a esta condena de nueve años y seis meses de prisión efectiva.
en el banquillo. El «hermano Juan» fue imputado por primera vez en junio pasado. El mismo Cottolengo había iniciado una investigación interna.
