Comentarios del Observatorio
Esto es lo que sucede cuando se dan privilegios a un grupo particular, que llegan sus pares y piden que se les extienda también a ellos esos privilegios. La solución no es “café para todos”, sino laicidad, ningún privilegio para ninguna confesión particular.
El principio de laicidad del Estado es la única vía para una convivencia democrática que respete la diversidad de convicciones de todo tipo, religiosas y no religiosas.
Le pidió al Presidente igualdad religiosa con el credo católico. Derechos en pugna y trabas legislativas. Un atajo legal para dejar de ser “kelpers” de la fe.
Apoyados en su crecimiento exponencial en la consideración social y religiosa y en las ramificaciones políticas, mayormente con la coalición opositora representada por Juntos por el Cambio, pero también con llegada al oficialista Frente de Todos; las máximas autoridades de las creencias cristianas no católicas buscan una equiparación de derechos que no solo se sustente en la libertad religiosa, sino que también fomente la igualdad entre los credos reconocidos en el país. El reclamo apunta principalmente a no tener que ocultarse bajo otras organizaciones societarias, cuando se trata de “iglesias” o “comunidades de fe”; además de ser beneficiada con excepciones impositivas o poder tener feriados en fechas importantes para el evangelismo, como sí lo tienen las feligresías católicas, judías y musulmanas.
Ese anhelo volvió a ponerse de manifiesto en la visita que la junta directiva de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélica de la República Argentina (Aciera), encabezada por el pastor Christian Hooft, hizo el pasado lunes al presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. Más allá de la “bendición” a la gestión peronista y las coincidencias sobre las acciones a encarar en un contexto social con un 50% de personas en situación de pobreza, las autoridades religiosas se llevaron el compromiso –no la promesa– de avanzar en gestiones ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para igualar derechos en un país donde la libertad religiosa es un valor exportable.
En esa audiencia en Balcarce 50, se habló de la necesidad de que las confesiones cristianas evangélicas vayan equiparando derechos con la Iglesia Católica Apostólica y Romana, a la que el artículo 2° de la Constitución Nacional obliga a sostener por sobre otras creencias que profese la población argentina. La cuestión es una de las pocas, quizás la única, que divide las aguas del diálogo ecuménico vernáculo. La contracara es la unidad demostrada por las militancias evangélicas y católicas para intentar frenar el aborto legal en los debates legislativos de 2018 y 2020, cuando en plena pandemia se sancionó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
En el contexto de la reunión del lunes en la Casa Rosada, el primer mandatario le pidió al secretario de Culto, Guillermo Oliveri, uno de los funcionarios que más ha perdurado en el cargo y también ha gestionado en las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández; que interceda ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para avanzar en la equiparación de derechos a partir del artículo 148 del Código Civil y Comercial que regula la personería jurídica de las iglesias y entidades religiosas en el país.
El atajo legal para los kelpers de la fe
Oliveri se puso a disposición de la organización evangélica, pero aclarándole a la dirigencia de Aciera –según pudo saber Letra P– que el primer paso sería inscribir a las entidades religiosas con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene jurisdicción la IGJ. Además, avisó que luego habrá que avanzar una a una en las provincias con igual argumento.
El atajo legal parte de la lectura fina del artículo 148 del Código Civil y Comercio, que regula la personería de las iglesias y entidades religiosas diferenciando dos situaciones: la Iglesia Católica es considerada persona jurídica pública, mientras las demás confesiones son reconocidas como personas jurídicas privadas. Aunque es un avance en relación con el Código anterior, sigue reñida con el principio constitucional de igualdad ante la ley. Una posibilidad, aunque inviable sin reformar la Constitución, es quitarle a la Iglesia Católica la consideración actual. La otra, es reconocer a las demás creencias como personas jurídicas públicas.
Estas entidades religiosas –explican quienes trabajan en la asesoría religiosa del noveno piso del Edificio Cancillería– son las únicas, de las citadas en este artículo, que no poseen reglamentación especial que regule su personería. Las iglesias y entidades religiosas ya no necesitan camuflarse con formas legales extrañas a su naturaleza; y, en virtud, del principio de libre constitución adoptado por el Código, tampoco deben esperan de una ley especial para actuar como personas jurídicas.
La petición de Aciera se fundamenta, precisamente, en las “restricciones” y “discriminaciones” del régimen vigente, y en el hecho de que las iniciativas legislativas para promulgar una Ley de Culto o de Igualdad Religiosa fueron cajoneadas en los despachos del Congreso y muy difícilmente sean desempolvadas en el año electoral que se avecina. “Descartamos avanzar por ese lado en 2023, ojalá que la promesa-compromiso del Presidente sea aplicable y finalmente dejemos de ser kelpers de la fe”, se esperanzó un pastor de la alianza cristiana.
El 6 de septiembre, en el Centro Cultural Kirchner y delante de autoridades de todo el arco político y referencias de otras confesiones religiosas, Hooft aprovechó el megaacto por los 40 años de la institución que aglutina a 15 mil denominaciones evangélicas, en su mayoría pentecostales, para dejar en claro –mediante una plegaria– cuál es el objetivo prioritario de su gestión al frente de Aciera. “Oramos que Dios nos permita seguir gozando de libertad religiosa en nuestro país, y que finalmente podamos tener una ley de culto que reglamente la personería jurídica de las iglesias y comunidades de fe, reconociendo la igualdad también de este derecho humano”, arengó en medio de los aplausos de la feligresía cristiana.
