La «re re», la separación Iglesia-Estado y el funcionamiento de los tres poderes entre los temas centrales
Desde 2014 y por iniciativa de la entonces gobernadora Lucía Corpacci, el oficialismo viene impulsando el debate.
Tanto el oficialismo como la oposición coinciden de algún modo en la necesidad de introducir cambios en la Carta Magna de la Provincia, que data de 1988 y que ha quedado a toda luz obsoleta. Pero cuestiones de formas y disputas partidarias malograron hasta ahora lo que sin dudas es una necesidad para las y los catamarqueños en tanto garantías como el acceso a la Justicia, la Educación, derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros temas fundamentales.
El límite a las reelecciones indefinidas, la reforma judicial, la separación Iglesia-Estado, son algunos de los ejes que concentran la atención.
El tratamiento tomó vigencia a partir del proyecto que presentó la semana pasada el bloque Frente de Todos junto al monobloque Consenso Catamarca. La reforma constitucional fue uno de los ejes del primer discurso de Raúl Jalil como gobernador en la inauguración del periodo legislativo en 2020, mientras que a principio de este año el mandatario intentó sin éxitos acordar con la oposición el debate sobre la Constitución.
En total hay tres proyectos de reforma presentados sobre los que la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político de Diputados anunció ayer que “abrirá rondas de consultas para recibir inquietudes y, a la vez, propuestas de la comunidad, organizaciones e instituciones”.
Los otros dos proyectos pertenecen a la presidenta de la cámara baja, Cecilia Guerrero, presentado en 2020, y el presentado este mismo año por el monobloque opositor de Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño).
Temas claves
Los dos proyectos oficialistas sostienen muchos de los temas propuestos desde 2014. Ambos proponen la laicidad de la Educación, así como “suprimir la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas”. La propuesta aparece expresamente en el proyecto de Cecilia Guerrero: “La separación del Estado Provincial de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, sentando el principio de laicidad, habilitando a todo ciudadano, cualquiera fuera su creencia, a aspirar a gobernarnos, sin distinción de credos religiosos ni de ninguna otra naturaleza”.
A nivel político el debate está centrado en el límite a la reelección indefinida. En este sentido, la fundamentación presentada por el bloque oficialista apuesta a “Una Constitución que aleje los poderes del Estado y a quienes los componen, de la tentación de perpetuación indefinida en los cargos, lo que traerá aparejado una praxis política más democrática”.
Mientras que Guerrero en sus fundamentos sostiene: “se propone la limitación de la posibilidad de reelección a un solo período de mandato consecutivo, con relación a los cargos de Gobernador, Vice-Gobernador, Senadores y Diputados Provinciales, Intendentes y Concejales. Ello permitirá la renovación de las representaciones institucionales y la efectivización del trasvasamiento generacional en los cuadros estatales”.
Un tema que con las elecciones encima despierta interrogantes en el propio seno del oficialismo. Tanto Lucía como Jalil reafirmaron su postura a principio de este año a favor de una sola reelección, tras conocerse el caso del intendente oficialista de Fray Mamerto Esquiú, quien logró un fallo de la Justicia que le permite ir por un tercer mandato.
En cuanto al Poder Legislativo, se propone ampliar el periodo de sesiones que actualmente es solo de 6 meses en Catamarca. “El deterioro de la imagen pública del Poder Legislativo se encuentra vinculado, en alguna medida, al limitado tiempo en que se encuentra fijado actualmente el inicio anual de la actividad parlamentaria. Entendemos pertinente proponer la extensión del Período de Sesiones Ordinarias, para que comience a partir del 1° de Febrero y finalice el 30 de noviembre de cada año”, plantea Guerrero.
También propone hacer coincidir la renovación de ambas cámaras con la elección de Gobernador/a y Vice, cada 4 años. Actualmente el poder legislativo provincial se renueva parcialmente cada dos años.
La agenda de la reforma judicial, emprendida por el gobernador Jalil desde su primer año de mandato, reafirma la ampliación de la Corte de 5 a 7 miembros que ya está en vigencia. Además se propone “prohibir el ejercicio vitalicio de los cargos, y la fijación de períodos de mandato para el desempeño de los cargos de Ministro/a de la Corte, Procurador/a General, Defensor/a General (que se crea), Jueces de tribunales inferiores y miembros del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Se mantiene la garantía de inamovilidad durante el ejercicio de sus mandatos, y/ o hasta que alcancen la edad de 65 años”.
La minería también está en la mira del debate. El oficialismo propone “garantizar con jerarquía constitucional y como derecho del Pueblo de Catamarca, que los recursos provenientes de la minería serán aplicados al único destino de realización de obras de envergadura que posibiliten el desarrollo definitivo y armónico de las comunidades mineras y sus áreas de influencia”. Algo que ya el Ejecutivo viene realizando a través de la Ley de Regalías Minera aprobada en 2020.
En tanto, el proyecto de Hugo Ávila propone respecto a la actividad minera que “La nueva Constitución debe expresar que en la explotación de esos yacimientos el Estado debe verse beneficiado con una participación en las ganancias no inferior al 51%, lo que permitiría tener cientos de millones de dólares que hoy la provincia no los percibe, y volcar esos recursos en sectores altamente desprotegidos como lo son: la salud, la educación, la asistencia social, la infraestructura energética, el agua potable, las cloacas, el gas, los sistemas de riegos, comunicaciones y el otorgamiento de créditos blandos para la generación de empleo genuino, etc”.
Votos necesarios
El impulso del Ejecutivo anterior después de obtener media sanción en la Cámara de Senadores se frenó en Diputados, donde no alcanzó mayoría en 2016. Lucía, en su último gesto como mandataria a favor de la reforma, renunció a competir por un tercer periodo de gobierno.
La aprobación de la Reforma requiere de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras. Como en 2016, el Ejecutivo actualmente tendría garantizados los votos en el Senado, pero de las 41 bancas en la cámara baja el oficialismo tiene asegurado 24 votos del Frente de Todos más el voto de Marina Andrada (Consenso Catamarca), por lo que para llegar a la mayoría necesita sumar dos votos.
