Un caso que llegó a la justicia evidencia las trabas que siguen afrontando las colombianas para acceder a la interrupción del embarazo a través del sistema de salud.
La Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24, pero las mujeres siguen siendo víctimas de instituciones médicas que les niegan el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Mientras los movimientos feministas celebraban el pasado 21 de febrero la histórica decisión, una joven de 29 años y madre de dos niños empezaba a padecer la burocracia y el moralismo de una institución médica que se negó a atender su deseo de abortar. Juliana —no se llama así, pero prefiere usar otro nombre para no exponerse a señalamientos en un país que socialmente criminaliza la libertad de las mujeres que deciden terminar su embarazo—, buscó ayuda en un sistema de salud que se la negó. Un juzgado acabó dándole la razón.
El documento judicial en el que se resuelve el caso, y al que tuvo acceso este diario, evidencia los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres, aun cuando la ley está a su favor. El 19 de febrero, tres días después de enterarse de su estado —10 semanas de gestación— pidió una cita en su entidad de salud para empezar el trámite para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Estaba decidida, no quería ni podía tener otro hijo. Ya tiene dos, no tiene pareja y tampoco dinero. En esa primera cita médica, la atendieron virtualmente y le dijeron que debía hablar con una trabajadora social, una psicóloga y una ginecóloga. Aunque no era tan fácil conseguirlo porque vive en una ciudad alejada de Bogotá, donde el sistema de salud es limitado, logró que el 23 del mismo mes la atendiera la primera de las tres especialistas. Dos días antes, el 21, la Corte había despenalizado el aborto hasta la semana 24 y ordenado a todas las instituciones atender las solicitudes sin dilaciones.
Según la tutela, el mecanismo con el que buscó judicialmente la protección de sus derechos, la mujer que la escuchó le insistió en que lo pensara mejor, que “se apoyara en Dios”, que lo consultara con su familia. “Tal vez las hormonas la tienen tan sensible”, le dijo la trabajadora social que la vio llorando, desesperada. Cuatro días después, se encontró con la psicóloga y se repitió la escena. Le insistió en que reflexionara su decisión. En la historia clínica quedó el registro de una recomendación de la especialista en la que decía que tuviera en cuenta prácticas de relajación para “manejar sus emociones”. De su voluntad de no querer ser nuevamente madre y de las razones para rechazar su petición no quedó ninguna anotación.
El 3 de marzo, cuando la noticia de la Corte Constitucional llevaba varios días ocupando titulares de prensa, la mujer fue vista por una ginecóloga, a quien le expuso lo que ya había dicho en las anteriores citas médicas. No quería continuar con el embarazo, no tenía cómo hacerse cargo de otro hijo y estaba pasando por un mal momento económico. “Tú lo que quieres es que aquí te ayudemos a matar a tu hijo, aquí no somos unos asesinos”, le respondió la médica, recuerda la sentencia que resolvió el caso. Le negaron el servicio. El 8 de marzo, consultó a otra doctora y la respuesta fue la misma.
Juliana, que ya sabía que la ley la amparaba, argumentó que con la decisión de la Corte debían garantizarle sus derechos, pero la entidad de salud se excusó al señalar que no habían sido notificados de la nueva normativa, que permite el aborto sin explicaciones y tan pronto como sea solicitado. Es legal hasta la semana 24 y después de este plazo aplican tres causales —violación, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud física o mental de la mujer—. “[Me dijeron] que no estaba en las tres causales para poder abortar, que a ellos no les había llegado la sentencia y que no podían programar la interrupción del embarazo”, dice la mujer en un mensaje de voz enviado a una de sus abogadas. Cuando ya habían pasado varias semanas de espera y su embarazo ya iba por la 14, llevó su caso a la justicia mediante una tutela, en la que expuso en detalle lo que habían sido sus intentos por acceder al aborto de forma legal a través del sistema de salud.
“La decisión de la Corte Constitucional tenía efectos sobre su proceso porque era de aplicación inmediata y lo vimos con un caso que se realizó bajo los nuevos parámetros dos días después de conocerse la sentencia en un centro médico privado”, explica Viviana Bohórquez, abogada que acompaña jurídicamente a la mujer a la que el juzgado le dio la razón, al reconocer que aunque el país apenas está en proceso de socializar y adaptar la nueva normativa, la Corte Constitucional ha sido clara al informar que el aborto es legal y debe ser garantizado sin necesidad de justificar nada. Solo importa la decisión de la mujer.
La justicia ordenó a la entidad de salud practicar el aborto en un plazo de 48 horas y reiteró que “no puede pasarse por alto que entre más tiempo avance la gestación que se pretende interrumpir, más traumático y más riesgoso se torna el procedimiento a practicar”. El juzgado señaló además que “no puede desconocerse la premura y urgencia que deben acompañar las gestiones para autorizar y practicar el servicio”. La mujer tuvo que acudir a un mecanismo legal para poder acceder a un derecho. Cuando la sentencia falló a su favor, a final de marzo, su embarazo ya iba por la semana 16.
“Las entidades de salud no están preparadas para cumplir con los tiempos que se necesitan para este tipo de solicitudes, que deben ser tratadas como urgencias médicas. No son citas que permitan mucha espera, pero este cambio va a tomar meses e incluso años, sobre todo porque hay instituciones que todavía no saben que los protocolos cambiaron, que ahora es la voluntad de las mujeres la que importa y no los certificados basados en la voluntad de un médico”, señala la abogada. Ahora Juliana deberá decidir, libremente, si interrumpe su embarazo seis semanas más tarde de lo que esperaba.
Mujeres acompañan a otras mujeres
Con la sentencia de la Corte Constitucional no termina la lucha para acceder a un aborto seguro. Es por esto que además de las instituciones de carácter privado que existían para acompañar a las mujeres y ofrecer el servicio médico para interrumpir el embarazo en Colombia como Profamilia o la organización Oriéntame, han surgido iniciativas como la fundación Somos Jacarandas, que busca acompañar a quienes quieren acceder a un aborto de forma legal. A través de una línea telefónica, las mujeres pueden recibir asesorías sobre cómo acceder al procedimiento a través del sistema de salud y acompañamiento legal cuando las instituciones médicas les niegan el servicio.
