Después de algunos meses sin salir a la calle, la Marea Verde volvió a convocar a algunos cientos de personas en Madrid (3.000 según la organización, 500 según la Brigada de Seguridad Ciudadana) el martes 8 de mayo bajo el lema «Ya no hay excusas. ¡Ahora Educación Pública!”. Algunos representantes de los diferentes colectivos aseguraban haber tomado el testigo de pensionistas y feministas tras un año «raro» en materia de movilización educativa, como reconoció el secretario general del Frente de Estudiantes, Adrià Junyent. “La subcomisión por el pacto educativo fue una maniobra de distracción que ha tenido su efecto. Aunque ya lo veníamos denunciado, ahora todos nos hemos dado cuenta de que era una mentira”, sostiene Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes. Esta semana, alumnado, profesorado, familias, sindicatos y representes políticos se daban cita para pedir una vez más la derogación de la LOMCE y reclamar el aumento de las inversiones mediante un pacto educativo. Según Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, mientras el Gobierno no derogue la LOMCE, a la que tacha de “retrógrada”, y no aumente la financiación de la educación, seguirán saliendo a la calle. La protesta se produjo de forma paralela en hasta 30 ciudades españolas. Estas son las razones (antiguas y nuevas) de las movilizaciones:
Subcomisión fallida
PSOE y Unidos Podemos abandonaron hace dos meses dicha subcomisión aprobada en diciembre de 2016 con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre el estado del sistema educativo que sirviese para concluir con un acuerdo parlamentario y social, y la redacción de un proyecto de ley para «sustituir» la legislación vigente. La renuncia de estos dos partidos se produce al considerar que la financiación propuesta por el PP no cumplía con sus exigencias. Ambos reclamaban la inversión de un 5% del PIB en materia educativa.“Esto refleja que ningún partido, asociación o colectivo se cree que haya ningún intento por negociar. El PP solo quiere seguir recortando y los datos lo avalan”, señaló Ana García durante la manifestación. Raúl, integrante de la Asamblea de Docentes Interinos de Madrid (ADIMA), califica de “pantomima” la creación de dicha subcomisión, que finalizará el próximo 15 de mayo y que tan solo está integrada en la actualidad por Partido Popular y Ciudadanos.
Ataques al profesorado
Hace unos días, El Mundo publicaba un reportaje donde señalaban con nombre y apellidos a 9 profesores que, presuntamente, se habían dirigido “en tono despectivo y humillante a los hijos de guardias civiles que tenían como alumnos”. “Hoy el ministro de Educación no está en su despacho y sigue en Cataluña con el tema del supuesto adoctrinamiento, y señalando a profesores”, denunciaba Junyent.
Creación de un «MIR educativo»
Es otra de las propuestas que no ha sentado nada bien a parte de la comunidad educativa. Esta proposición pretende ampliar la duración de la formación de docentes de cuatro a seis años. Desde ADIMA aseguran que es una técnica más de despiste usado por el Gobierno para no hablar de otros temas más importantes. “Los interinos estamos trabajando en fraude de ley encadenando contratos uno detrás de otro porque las plazas que deberían salir no están saliendo. La tasa actual de interinidad es del 26% en la escuela pública”, asegura Raúl.
Escuela laica
Es otra de las reivindicaciones de algunos de los colectivos. “La asignatura de religión debería estar en las iglesias. El que sea creyente que lleve a sus hijos a lugares de culto. La escuela pública debe ser 100% laica en un país aconfesional”, denunciaba José Miguel, profesor de Arte. En la actualidad, según datos de Europa Laica, el Estado español aporta a las arcas de la Iglesia católica más de 11.000 millones de euros anuales. Cerca de la mitad están destinados a la educación. De estos, 600 millones se usan para pagar a profesores de Religión que, en algunos casos no tienen carga horaria lectiva, aunque se les sigue pagando el salario.
Desunión de los sindicatos
Fue una de las denuncias más escuchadas durante la manifestación. Almudena (nombre ficticio) es madre y maestra de infantil. Cree que es necesario presionar más a los sindicatos porque en la actualidad no hay una unión total. Además, critica su conformismo. “Tiran más hacia el lado de ciertas organizaciones en lugar de estar cerca de los trabajadores. Consiguen cuatro cosas, no siempre las más urgentes, y se conforman”. Algo similar señala Eva, desde ADIMA: “No nos sentimos del todo respaldados por los sindicatos mayoritarios. Se conforman con poca cosa”. Desde los propios sindicatos reconocen que no existe toda la connivencia que debería.
Próximos pasos
Desde la mayoría de los colectivos aseguran que se seguirán sucediendo movilizaciones una vez acabe el verano, lo que desembocará en una huelga general de educación. Otras voces, como la de José Miguel, consideran que salir a la calle y hacer huelga es importante, pero solo son parches. “El próximo paso debe ser cambiar a este gobierno neoliberal y corrupto. La gente se tiene que dar cuenta de que el neoliberalismo, ya sea del PP o de su marca blanca, nos lleva al abismo. La privatización es una forma de corrupción, una forma de robar legalmente lo que debería ser de todos”.
