Cuando José Luis Pérez en febrero de 2019 manifestó su propio caso de abusos de pederastia y el trágico final de su hermano, sometido a los mismos, se abrió una cascada de denuncias en diferentes medios de comunicación de Navarra. La sociedad navarra se sintió escandalizada.
La Consejería de Justicia y Asuntos Ciudadanos, con Eduardo Santos a la cabeza, tomó cartas en el problema. Nos ayudaron para reunirnos con el Arzobispado. Los resultados fueron decepcionantes.
Las reuniones con las instituciones docentes donde sufrimos abusos, resultaron indignantes. De nuevo la revictimización por parte de quien nos hizo tanto daño siendo niños. La prescripción de los delitos nos dejaba, y aún nos deja, desprotegidos. Ante esta situación, de nuevo Justicia del Gobierno de Navarra emprendió la vía de la Memoria.
Cuando en mayo de este año nos convocaron a una reunión, los portavoces de los partidos políticos parlamentarios de Navarra fuimos con una gran ilusión. Asistimos los dos presidentes de las asociaciones AVA (Asociación de Víctimas de Abusos) y AVIPIREN (Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra).
Fuimos recibidos por todos los portavoces de los partidos, excepto Navarra Suma.
Nos presentaron su intención de realizar una propuesta de Ley Foral de Reconocimiento de las Víctimas de Abusos Sexuales de la Iglesia en Navarra.
En los primeros días de junio, la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, acusó al Gobierno de Navarra de iniciar un juicio político contra la Iglesia Católica de Navarra. Su compañero Pérez Nievas le apoyó en las propuestas.
Por otra parte, demostró una insensibilidad hacia las víctimas y un desconocimiento del contenido de esta proposición de ley. Ésta busca el reconocimiento individual y social de las víctimas, crea una comisión para su aceptación como tales, plantea institucionalizar el apoyo y buscar la reparación en lo posible. Afirma no colisionar con la Justicia Civil ni reabrir casos. Se ha invitado a la Iglesia a que esté presente y colabore. ¿Es esto un juicio político?
Con estos antecedentes el Parlamento celebró sesión el 9 de junio para analizar la propuesta presentada por todos los partidos políticos menos uno.
Llegó Iñaki Iriarte portavoz de Navarra Suma.
Abrió su discurso con el reconocimiento de la existencia y veracidad de nuestros abusos en centros religiosos y la necesidad de reparación. Reclamó la responsabilidad de los clérigos. Pintaba bonito. Sin embargo, pronto cambió a fundido en negro, negro sotana.
Criticó la ley en la exposición de motivos acusando de corta y pega a todos los demás, sin querer parecer prepotente (sic). Siguió calificando a la Comisión de Reconocimiento de falta de garantías aunque estas sean avaladas por el Tribunal Constitucional. Se manifestó dispuesto, vía enmiendas, a rectificar lo posible. Aunque, victimista, dijo saber por experiencia que no les aceptan ni una. Pobres.
Iñaki Iriarte y Navarra Suma, al igual que la jerarquía católica, encabezada por la Conferencia Episcopal española, quisiera que la ley abarcara todos los ámbitos en que se produzcan los delitos. Así diluye su responsabilidad.
Se preguntó, ¿por qué solo se van a contemplar los abusos de pederastia de la Iglesia Católica?
Le voy a responder por qué. La Iglesia Católica se erige en referencia moral de la sociedad, por eso la pederastia en su seno tiene especial gravedad como para ser analizada aparte.
Todos los que hemos denunciado los delitos sexuales declaramos que nuestros abusadores fueron clérigos. Ninguno de ellos fue denunciado por sus superiores a la Justicia. Eso se llama encubrimiento.
Los casos producidos en otros ámbitos y después de los años 90 pueden ser llevados a la Justicia Ordinaria. Los nuestros, no.
Finalmente comparó nuestra situación de víctimas con los abusos que las organizaciones religiosas, mayoritariamente católicas, ejercieron sobre el pueblo inuit.
Con el fin de que vean su frivolidad, les cuento resumidamente qué sucedió en Canadá con los inuit. Entre 1890 y 1997 alrededor de 150.000 niños indígenas fueron internados a la fuerza por el Gobierno canadiense en cientos de residencias religiosas escolares. Allí sufrieron abusos físicos, psicológicos y sexuales de forma sistemática, y miles de ellos murieron. Fue un genocidio en toda regla.
Al menos 48 templos, en su mayoría católicos, han sufrido incendios o pintadas vandálicas en el primer semestre del 2021. El hallazgo de 1.315 tumbas sin marcar en antiguos internados para niños indígenas ha sacudido a Canadá. Explicó que no se hizo una ley que protegiera a la comunidad inuit porque eso la hubiera estigmatizado. Estigmatizar es ofender a la fama, el honor o la dignidad de una persona o colectivo. Finalmente pidió la retirada de esta ley porque nos estaría estigmatizando a las Víctimas de Pederastia de la Iglesia en Navarra.
Señor Iriarte, en nuestras organizaciones hay diferentes sensibilidades políticas, pero no ejercemos acción política como tal.
Sin embargo, no podemos callar ante la posición de su partido. No estamos dispuestos a seguir así, abusados, silenciados e ignorados.
Aún tiene usted y su coalición Navarra Suma la oportunidad de no oponerse a esta ley. Aprovéchenla.
El autor es Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra (AVIPIREN)