El listado elaborado por el Gobierno español sobre los inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica “ha dado una patada al avispero”, asegura el portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando
DONOSTIA – Andrés Valentín González, al frente de una organización que integra tanto laicos como ateos y cristianos, quiere recuperar “el monumental expolio” de la Iglesia. Asegura que la lista facilitada por el Gobierno español pretendía “silenciar este asunto” pero ha conseguido todo lo contrario. Las denuncias se suceden en las últimas semanas. “Lo que no acabamos de entender es por qué a la izquierda cada vez que se le pone la Iglesia por delante le tiemblan las canillas”.
¿No es suficiente el listado facilitado por el Gobierno español?
–Es un pequeño paso adelante sobre algo que veníamos reivindicando desde hacía mucho tiempo. Dicho esto, se pone de manifiesto que la información aportada es muy limitada.
¿Por qué?
–Por el periodo de tiempo que abarca el listado. Solo se han dado a conocer las inmatriculaciones desde 1998 a 2015. La pregunta es evidente: ¿Qué ocurre con las que se realizaron desde 1946?
El propio término ‘inmatriculación’ resuena abstracto, como si fuera ajeno a la ciudadanía.
–Así es. Pero la cosa cambia cuando le dices a esa ciudadanía que aquella ermita que con tanto mimo cuidó su abuelo pertenece ahora a la Iglesia, al Vaticano, a un Estado extranjero.
Hable de esa época que tan a fondo ha estudiado y de la que no informa el Gobierno.
–En 1946 se produjo la reforma de la Ley Hipotecaria. Aquello abrió el camino para que los obispos se erigieran en notarios públicos, de la misma manera que la Iglesia se asimiló a las administraciones públicas. Para que la gente lo entienda, los obispos mediante una autocertificación decían esto es mío, firmaban un documento que iba al Registro de la Propiedad y de esa manera ese bien quedaba inmatriculado a su nombre.
¡Con la Iglesia hemos topado!
–Su objetivo es atesorar, y buena prueba de ello lo podemos visualizar hoy en día en Gipuzkoa con negocio de compraventa que se ha puesto en marcha. Por cierto, llama mucho la atención que en el listado dado a conocer por el Gobierno aparezcan solo nueve inmatriculaciones en Gipuzkoa.
¿Por qué?
–Porque las otras 355 se realizaron antes de 1999. Es decir, las cifras de inmatriculaciones de Gipuzkoa son muy superiores a las que se han dado a conocer, teniendo en cuenta además la misma fuente, como son los colegios de registradores de la propiedad. Llama la atención que en Gipuzkoa se haya producido un número de inmatriculaciones tan importante en el periodo anterior a 1998. Tenemos constancia de que son 364 bienes. Es un expolio que se ha realizado al amparo de una normativa franquista que arranca en 1946 y que continuó hasta 2015, cuando se derogó el famoso artículo de la ley hipotecaria. La información es muy escasa, por eso vamos a seguir trabajando para conocer toda la verdad.
¿Qué destacaría de ese ‘expolio monumental de Gipuzkoa’?
–Hay una concentración geográfica importante, con 43 bienes en Eskoriatza, 21 en Oñati, 20 en Arrasate, 19 en Bergara, 17 en Aretxabaleta, nueve en Azpeitia y ocho en Andoain. Se ha hablado mucho del parque infantil de Eskoriatza. Lo más llamativo es un presunto fraude de ley que se comete en los años 80, cuando el obispo emérito José María Setién inmatriculó múltiples solares.
¿Se cometió alguna irregularidad?
–Lo cuestionable es que en los documentos dejó escrito que los bienes se inmatriculaban donde se asentaba una ermita o una parroquia, por ejemplo, cuando el registro de bienes dedicados al culto estaba prohibido. Ocurrió antes de la reforma de la Ley Hipotecaria que introdujo José María Aznar como presidente del Gobierno español y que sí lo permitía. Setién actuó de una manera muy hábil. Más directo fue el arzobispo de Zaragoza Elías Yanes. Este inmatriculó los bienes con la complicidad de los registradores de la propiedad, que no quisieron ver que se estaba incumpliendo la ley.
¿Qué opina de la gestión actual del Gobierno español sobre este asunto?
–Que no solo ha omitido un larguísimo periodo de tiempo sino que el listado hecho público no ofrece la información suficiente para identificar el bien. La vicepresidenta del Gobierno español ha señalado que a partir de ahora particulares y ayuntamientos pueden reclamar la titularidad. ¿Cómo hacerlo si solo dicen que hay un prado en Baztan, por ejemplo, sin aportar más información? ¿Cómo puedo identificar ese bien? Pongamos por caso la catedral de Sevilla. Es un bien registrado en su época, pero es que además de la catedral figuran los edificios anexos, es decir, ni más ni menos que la Giralda, el Patio de los Naranjos y algún que otro bien.
¿Qué quiere decir?
–Que mediante este mecanismo del Estado se están ocultando bienes, y que estos son muchos más que las inmatriculaciones dadas a conocer. Estimamos que son más de 100.000 los bienes inmatriculados en el Estado durante todo el periodo. Es una estimación porque la opacidad en este terreno es evidente.
¿Cree que existe un pacto entre la Iglesia y el Estado para tender un manto de silencio?
–La responsabilidad de la Iglesia católica es incuestionable. Pero claro, ¿cómo pedirle al ladrón que revele el lugar dónde guarda lo que se ha llevado? Son las administraciones públicas las que tienen que dar un paso adelante, por su cuota de responsabilidad en la defensa del bien común. No acabamos de entender por qué a la izquierda cada vez que se le pone la Iglesia por delante le tiemblan las canillas.
Explíquese…
–El actual gobierno se está convirtiendo en el cómplice más decisivo de la Iglesia. Del Partido Popular lo podíamos esperar, pero de un ejecutivo que se pronunció por la reversión de las inmatriculaciones, tanto en los programas de uno y otro socio como en el de Gobierno, resulta realmente increíble. Su compromiso se remonta a la época del Gobierno socialista. Ya el 2 de agosto de 2009 dijeron que iban a publicar ese listado. Lo curioso es que simultáneamente abrieron negociaciones con el Vaticano y la Conferencia Episcopal.
¿En qué términos?
–Fueron negociaciones de las que nunca se supo. Ahora, al cabo de todo este tiempo, sin saber muy bien a cambio de qué, han publicado este listado con la intención de dar carpetazo al asunto. En realidad, lo que han conseguido es dar una patada al avispero porque no hay día en el que no aparezcan denuncias en una localidad u otra.
¿El Gobierno español debería decretar por ley la recuperación de esos bienes para evitar miles de recursos?
–Es lo que venimos defendiendo desde el primer momento. Es irresponsable que la vicepresidenta del Gobierno salga en los medios animando a que los titulares de esos 100.000 bienes inicien litigios en los tribunales. Es una auténtica barbaridad. La solución es mucho más simple. Al menos las posteriores a 1978 deberían ser declaradas nulas por inconstitucionalidad sobrevenida. Si la Iglesia tiene documentación suficiente para acreditar que ese bien es suyo, que lo inscriba en el registro como cualquier particular.
Visto lo visto, ¿todo quedará igual?
–Vamos a seguir peleando y, de hecho, ya se perciben movimientos. El eco mediático es evidente y también el político, con pronunciamientos en parlamentos y ayuntamientos. Ahora buscamos una mayor respuesta desde los movimientos sociales.
Se trata, en todo caso, de un tema complejo que exige mucha formación e información. La Iglesia alega que son bienes legítimos. ¿Por qué no tienen razón?
–Estamos ante una injusticia clamorosa. De entrada, defienden un argumento falso al decir que la Iglesia será de la Iglesia. ¿Qué entendemos por tal? Estamos ante una palabra polisémica, ya que llamamos Iglesia tanto al conjunto de creyentes como a la jerarquía católica. Con respecto a la jerarquía católica, miente.
¿Por qué?
–Porque más de la mitad de los bienes inmatriculados no tiene que ver con el culto. Se trata de fincas, viviendas, locales, frontones y viñas. Es de lo más variopinto. Han arramplado con todo lo que han podido. Nos dicen que las matriculaciones son legales, y no se les niega el amparo de la ley franquista, pero no puede ser constitucional esa ley desde 1978 a 2015. Defendemos que son nulas por inconstitucionalidad sobrevenida.
¿El Gobierno de coalición elude pronunciarse para no tener que declarar precisamente su nulidad?
–No sé qué les estará pasando, porque en su programa electoral, la regresión de las inmatriculaciones era explícita y clara. Y aún lo era más en las palabras del por aquel entonces candidato a la presidencia, Pedro Sánchez. La nulidad de las inmatriculaciones no es negociable.
¿Tienen la sensación de estar ante una pugna desigual?
–Esta es una larga batalla. La Iglesia nos lleva una ventaja decisiva porque para ellos, para obispos y compañía, el horizonte temporal es la eternidad. Es algo a lo que los mortales todavía no llegamos. Como plataforma no vamos a negar a nadie que recurra a la justicia. Pero en muchos casos la complicidad de registradores y jueces con la Iglesia hace que incluso lo obvio resulte difícilmente defendible.
¿La Iglesia debería pedir disculpas por los bienes que ha vendido?
–Para nosotros, que la Iglesia se disculpe, pida perdón o se confiese es algo absolutamente irrelevante. Lo que le pedimos es que deshaga las inmatriculaciones si tienes ganas de solucionar el problema y que retorne la titularidad de los bienes a la situación anterior a la inmatriculación.
